El PP quiere incluir en la ley de bajada de ratios que la educación 0-3 años sea gratuita

El Grupo Parlamentario Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una enmienda a la ley que reduce las ratios y las horas lectivas de los docentes, para garantizar la gratuidad en el primer ciclo de Educación Infantil.

La enmienda, a la que ha tenido acceso Europa Press, recoge que en el primer ciclo de la Educación Infantil, las administraciones educativas garantizarán la gratuidad en todos los centros educativos, atenderán las necesidades que concurran en las familias, específicamente aquellas derivadas de su situación socioeconómica y sus necesidades de conciliación de la vida familiar y laboral, promoverán y coordinarán la oferta de plazas suficientes y los diferentes modelos de financiación, para satisfacer la demanda de las familias y facilitar la libre elección de los padres.

A tal fin, añade el texto, las administraciones educativas determinarán las condiciones en las que podrán establecerse convenios con las corporaciones locales, otras administraciones públicas y entidades privadas. Asimismo, la enmienda propone que garanticen que ningún niño por razones socioeconómicas vea impedido su acceso a esta etapa educativa.

«El Gobierno deberá contribuir a la financiación de la extensión del primer ciclo de educación infantil, de manera que se avance hacia una oferta pública y sostenida con fondos públicos, con equidad y calidad, que garantice su carácter educativo, mediante ayudas directas a las familias, el concierto y las transferencias corrientes a las administraciones educativas, con el objetivo de garantizar el acceso y permanencia a la educación de 0 a 3 años», señala la enmienda.

Para asegurar la financiación adecuada para las medidas previstas en la ley que reduce las ratios y las horas lectivas del profesorado, propone añadir a la norma un nuevo artículo de garantía estatal de suficiencia financiera para la prestación del servicio público educativo.

Así, otra de las enmiendas de los 'populares' fija que corresponde al Estado garantizar la suficiencia económica necesaria para asegurar la prestación del servicio público educativo en condiciones de equidad, calidad y cohesión territorial.

A tal efecto, «el Estado asegurará la financiación adecuada de las medidas, obligaciones y estándares mínimos que establezca con carácter básico, incluyendo aquellas relativas a la organización de las enseñanzas, las condiciones del ejercicio docente, la dotación de recursos humanos y materiales y cualquier otra disposición que implique un incremento de gasto para las administraciones educativas autonómicas», señala el texto.