Familias registran ante el Defensor una queja por la exclusión de centros concertados de las ayudas para climatización

La Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA) ha registrado ante el Defensor del Pueblo su queja por la exclusión de los centros concertados del programa PREE Docente, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), para la mejora de la eficiencia energética en edificios de titularidad pública de uso docente no universitario, incluyendo la climatización.

La Conferencia Sectorial de Energía aprobó el 21 de junio el reparto de los 200 millones entre las comunidades autónomas. CONCAPA considera que «una medida financiada con recursos públicos y destinada a mejorar las condiciones en las que estudian los menores no puede establecer diferencias entre alumnos en función de la titularidad del centro en el que están escolarizados».

A su juicio, «resulta difícil justificar que unas ayudas destinadas a mejorar la climatización, la eficiencia energética, la sostenibilidad y las condiciones ambientales de los centros educativos beneficien únicamente a una parte del alumnado español, dejando fuera a quienes reciben exactamente el mismo servicio educativo por el simple hecho de estudiar en un Centro Sostenido con Fondos Públicos».

CONCAPA sostiene que «el beneficio final de las actuaciones no recae sobre el propietario del edificio, sino sobre los menores que estudian diariamente en sus aulas». «No puede aceptarse que el acceso a unas instalaciones más saludables, energéticamente eficientes y adaptadas a los cambios de temperaturas dependa exclusivamente de la naturaleza jurídica del titular del inmueble», ha manifestado.

En este punto, recuerda que los alumnos de la enseñanza concertada «forman parte del mismo sistema educativo y son titulares de los mismos derechos como menores y como ciudadanos».

«El calor extremo, una climatización deficiente o unas malas condiciones ambientales no distinguen entre un niño o adolescente de la pública y un niño o adolescente de la concertada», apuntan los padres y madres de alumnos de la concertada.

Por ello, CONCAPA ha solicitado al Defensor del Pueblo que examine «esta diferencia de trato y si se evaluó el impacto de la exclusión de una parte de la infancia y adolescencia que estudia en los centros concertados o sostenidos con fondos públicos».

«Pedimos que ningún niño reciba menor protección por el colegio elegido por su familia, ya que, en definitiva, el beneficiario de un aula climatizada no es el propietario del edificio: es el niño que estudia dentro de ella y lo deben hacer en las mejores condiciones de salubridad y sostenibilidad, siempre pensando en el bienestar de los menores», solicita.