Imagen de archivo de una profesora atendiendo a un alumno con necesidades especiales
Así es la polémica ley aprobada por el Gobierno de Sánchez que suprime la Educación Especial
La normativa afecta a 1,55 millones de estudiantes que se encuentran en esta situación y fue rechazada por 12 de las 17 comunidades autónomas
El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó en el último Consejo de Ministros el Plan Estratégico de Educación Inclusiva 2026-2031 que tiene como finalidad el «un replanteamiento de las funciones de los centros de educación especial (CEE) para que sean centros de referencia y de apoyo a los colegios ordinarios». Esta normativa, que afecta a 1,55 millones de estudiantes que se encuentran en esta situación, da luz verde para acabar con este tipo de enseñanza.
La normativa impulsada por el Ejecutivo fue aprobada pese a que fue rechazada en la Conferencia Sectorial de Educación del pasado 18 de septiembre por las 11 comunidades autónomas gobernadas por el PP, además de la comunidad autónoma de Canarias.
«Se trata de una hoja de ruta que garantice que todos los niños y niñas puedan desarrollar plenamente sus capacidades con independencia de sus circunstancias personales», explicó la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, el pasado martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La ley tiene como objetivo «identificar y eliminar las barreras que dificultan el acceso, la presencia, la participación y el aprendizaje de los estudiantes, con independencia de sus circunstancias personales, familiares o sociales», por lo que supondría el primer paso para acabar con la Educación Especial.
Entre las líneas de actuación de esta normativa se encuentra «la colaboración de los centros de educación especial con los centros ordinarios», pese a ser un tipo distinto de enseñanza. Además, apostaría por «continuar escolarizando al alumnado que requiera una atención muy especializada en los centros de educación especial, pretende impulsar la función de estos como centros de referencia y apoyo para los ordinarios».
«Especial atención a la prevención de la segregación escolar»
En este sentido, se aboga por una organización «más flexible» los apoyos y recursos específicos existentes en los centros ordinarios con la finalidad de que «se configuren como recursos complementarios y temporales al servicio del aula ordinaria, mediante el establecimiento de directrices claras que garanticen su vinculación efectiva y de calidad con la modalidad ordinaria de escolarización».
El plan impulsado por el Ejecutivo de Sánchez pone además el foco «en la equidad, promoviendo una escolarización equilibrada del alumnado y en la cohesión territorial, con especial atención a la prevención de la segregación escolar y la reducción de las desigualdades sociales y económicas».
Otro de los objetivos del proyecto es el de «garantizar la igualdad de oportunidades y evitar que ningún estudiante quede atrás» a través del refuerzo de los «apoyos en los centros educativos que afrontan mayores barreras contextuales».
Imagen de archivo de un taller didáctico
El Plan Estratégico de Educación Inclusiva 2026-2031 del gobierno no establece un presupuesto global cerrado pero si aboga por «el impulso de mecanismos de financiación específicos destinados a los centros que escolarizan a una mayor proporción de alumnado vulnerable o con dificultad de aprendizaje».
Entre sus metas, el proyecto apuesta por «la prevención de la distribución desigual del alumnado y la garantía de una escolarización socialmente equilibrada», «la promoción de culturas inclusivas basadas en el respeto y el reconocimiento de la diversidad», «la accesibilidad universal en los centros y en los entornos de aprendizaje», «el desarrollo de un currículo inclusivo y de metodologías que aseguren la participación y el progreso de todo el alumnado», «la dotación de recursos personales suficientes» y «una organización profesional colaborativa al servicio de la inclusión».
El plan impulsado por el Ministerio de Educación de Milagros Tolón buscar el refuerzo de las plantillas docentes y de los recursos de asesoramiento y de apoyo, además de la «la estabilidad y el reconocimiento profesional de todo el personal para consolidar equipos de trabajo estables y garantizar la continuidad y sostenibilidad de los proyectos educativos inclusivos».
Otros de los objetivos es el convertir a la formación inicial y permanente «en educación inclusiva como eje del desarrollo profesional y el refuerzo de la colaboración interinstitucional para asegurar coherencia y sostenibilidad en las políticas inclusivas».
«Carácter no normativo, flexible y progresivo»
Entre el resto de medidas que se recogen en el plan destacan el «afianzamiento de la función de los centros de educación especial como centros de referencia y apoyo a los centros ordinarios, el fortalecimiento de la corresponsabilidad con familias y comunidad como parte estructural de la inclusión y la integración de la innovación educativa y las tecnologías de inteligencia artificial».
La normativa supone «un instrumento de orientación estratégica, de carácter no normativo, flexible y progresivo, que no altera el marco competencial vigente y se enmarca en el ejercicio de las funciones estatales de ordenación, coordinación y cooperación en materia de educación no universitaria».
Tres niñas a su llegada a un colegio durante el primer día del curso escolar
El Plan de Inclusión aprobado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez afectaría a todo el alumnado y a los 319.115 estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE), que requieren apoyos por discapacidad o trastornos graves y tiene como objetivo evitar la derivación sistemática de estudiantes fuera del aula común.
Actualmente el 85,7 % de los estudiantes NEE se encuentra escolarizado en centros ordinarios y el 14,3 % en centros de educación especial, lo que representa unos 45.633 alumnos.
