¿Tienen razón los profesores?

Salta con frecuencia en las últimas semanas a los medios de comunicación el asunto de la huelga indefinida de los funcionarios docentes de Infantil y Primaria y Secundaria de la Comunidad de Madrid. Llueve sobre mojado, porque antes que la madrileña, otras comunidades autónomas han sufrido una protesta semejante y también porque en aquella llevan ya meses en huelga las educadoras del Primer Ciclo de Educación Infantil.

Debe de ser notable el descontento de nuestros docentes cuando sus protestas son tan persistentes y generalizadas. No son los que corren tiempos de heroísmos y sacrificios, y una huelga le cuesta muy cara a quien la hace, aunque sea tan solo unos pocos días, entre 100 y 150 euros brutos por jornada para un docente sin antigüedad. Parece, pues, que sus motivos deben ser graves, lo bastante para pagar en dinero contante y sonante una protesta que, si se prolonga en exceso, puede resultar poco rentable en términos económicos, pues sería mucho el tiempo necesario para que la mejora salarial obtenida compense los descuentos sufridos en la nómina.

Razones para el descontento existen, desde luego, y muchas. No es de recibo que en la última década haya crecido exponencialmente el número de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, agravándose además, en gran medida, la complejidad de sus problemas de aprendizaje, sin que se haya preparado a los docentes para atenderlos ni dotado a los centros con la ratio necesaria de profesionales especializados. Y respecto al alumnado ordinario, si es que tal cosa existe todavía, la cosa no está tampoco para tirar cohetes. Nuestros chavales son cada vez menos autónomos, más díscolos y menos tolerantes a la frustración. El ambiente en las clases es todo menos propicio al trabajo. A los profesores les cuesta hacerse respetar. Los niños ya no vienen educados de casa, ni siquiera en lo más elemental, y la escuela no puede asumir como propias las tareas que, en buena lógica, corresponden a sus padres, a los que nadie ha obligado a tener hijos. Además, claro está, de enseñar lengua, matemáticas y las demás áreas o materias, y hacerlo de una manera, la que dicta el nuevo currículo competencial, mucho más compleja y exigente en tiempo que la tradicional y con una carga burocrática añadida que nada aporta, si no es desánimo y frustración.

De los padres habría mucho que hablar. Hay excepciones, por supuesto. Siempre las hay. Pero, en su mayoría, parecen haber desertado de la tarea de educar a sus hijos, dejándoselo todo a la escuela. Y no solo eso. Diríase, incluso, que se dedican con gran fruición a la labor de segar la hierba bajo los pies de los docentes, cuestionado su labor un día sí y otro también y apoyando a sus hijos en cuantas quejas y protestas contra sus profesores tengan a bien formular, en lugar de situarse con decisión del lado de estos últimos. Se nos ha colado el enemigo en casa, y así no hay quien enseñe.

Dicho todo esto, las reivindicaciones de los docentes madrileños quizá resulten un tanto chocantes. El común de los mortales puede llegar a entender sin mucha dificultad que nuestros trabajadores de la enseñanza, como gustan denominarlos sus sindicatos, reclamen más personal especializado, mejores instalaciones, menos horas lectivas y un número razonable de alumnos por aula. También es sensato demandar una subida salarial importante, sobre todo en una Comunidad como la madrileña en la que el coste de la vida, en especial el de la vivienda, es muy superior a la media nacional y los sueldos están muy lejos de serlo. Se entiende mal que una región que es, con diferencia, la más rica de España y genera un PIB per cápita casi un 40% superior a la media no dedique más recursos a la educación pública. Sus resultados no son malos, pero solo por comparación, y no van a ser así siempre si dejamos de invertir en un sistema educativo llamado a hacer frente a retos cada vez más complejos. Pero, con permiso de Pablo Iglesias, tampoco se trata de asaltar los cielos. Una subida de 600 euros mensuales quizá sea excesiva, a no ser que se reparta en varios ejercicios. Las ratios, que están bajando ya por ley en Madrid hace años, no pueden bajar de nuevo y de inmediato tanto como se pide porque para ello sería necesario construir decenas de centros docentes de un día para otro. Lo demás, quizá, es negociable.

Y de eso se trata, de sentarse a negociar y llegar a acuerdos. Mientras no se alcancen, todos perdemos. Los docentes pierden dinero; la Administración, imagen, y los alumnos, sobre todo los alumnos, educación. Ellos son, claro está, los que más pierden. Pero con ellos, perdemos todos. Una huelga en la enseñanza no es como una huelga de transporte o un paro en una fábrica de automóviles. El daño no se ve a simple vista, pero no por ello es menor. La consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, debería ser consciente de lo que nos jugamos con esta huelga y avenirse a recibir a los docentes madrileños. No parece lógico negarse como lo está haciendo. Y tampoco es sensato. El mensaje que se transmite con ello a la sociedad es que la Administración desprecia a los docentes, y estos, aunque no todas sus reivindicaciones sean razonables (en cantidad, pues sí lo son en calidad) tienen derecho a ser oídos. Y diría más: a ser protegidos y mimados. El futuro de una sociedad que no cuida a sus docentes no es negro; simplemente, no existe. No deberíamos olvidarlo.