La izquierda y el Poder Judicial
Recuerdo que hace ya mucho tiempo, creo que fue hacia 1985, levantaron cierta polvareda –España todavía disfrutaba de una opinión pública dotada de una cierta sensibilidad democrática– unas declaraciones del político socialista Alfonso Guerra, a la sazón vicepresidente del Gobierno, quien afirmó, como quien no quiere la cosa, que Montesquieu había muerto.
Enterraba así nuestro, por otra parte, muy culto vicepresidente nada menos que la separación de poderes, pilar fundamental del Estado liberal y, por ende, democrático, tal como lo concibieron sus desconfiados fundadores, siempre obsesionados con la innata tendencia de los gobernantes hacia la tiranía. Pero no se inventaba nada. Los ilustres antecesores de nuestra izquierda actual, los republicanos de los años treinta, tenían ya muy claro cuán molesta podía llegar a ser la separación de poderes para quienes, como ellos, tenían en mente un completo programa de redención nacional que lo contemplaba todo, menos la voluntad de los llamados a redimirse, los sufridos españoles de entonces.
Recuerdo las elocuentes frases de Álvaro de Albornoz, que sería nombrado más tarde por Azaña ministro de Justicia de su Gobierno, pronunciadas ante las Cortes del 29 de junio de 1931, en las que aseguraba que no participaba en absoluto «de las ideas liberales y democráticas del siglo XIX» y declaraba solemnemente ante los diputados que era cada día «menos liberal y menos demócrata en ese sentido».
Los derechos frente al Estado carecían, desde su punto de vista, de fundamento, pues los verdaderos derechos no existían «sino en el Estado y por el Estado». Y no fue menos sincero y elocuente Félix Gordón Ordás meses más tarde, el 23 de noviembre de 1932, en el mismo foro, al considerar absurda la separación de poderes inherente a la democracia liberal, asegurando que su partido, el radical-socialista, habría visto con gusto que «lo que se hubiera hecho fuera la anulación total de ese supuesto poder judicial».
Más compleja, como todo en él, pero no menos clara, fue la actitud de Manuel Azaña. En su célebre discurso de Comillas, cerca de Madrid, el 20 de octubre de 1935, proclamó ante 300.000 personas la necesidad de reformar el Poder Judicial para liberarlo de la injerencia del Ejecutivo. Pero cómo entendía don Manuel esa liberación era otra cosa. El programa del Frente Popular, publicado el 15 de enero de 1936, suscrito por su partido, Izquierda Republicana, se comprometía a reformar la Ley Orgánica del Tribunal de Garantías Constitucionales «a fin de impedir que la defensa de la Constitución resulte encomendada a conciencias formadas en una convicción o en un interés contrarios a la salud del régimen». Y más adelante afirmaba que se organizaría «una Justicia libre de los viejos motivos de jerarquía social, privilegio económico y posición política».
Que tales frases escondían la intención de limpiar la judicatura de magistrados conservadores o simplemente neutros para sustituirlos por colegas predispuestos a aplicar la ley «en republicano» quedaría demostrado por la posterior ejecutoria de los gobiernos de la izquierda republicana durante la violenta primavera de 1936.
El 10 de junio se aprobó una ley que creaba un tribunal especial destinado a juzgar las responsabilidades civiles y penales de jueces y magistrados, en el que el predominio correspondía a legos en la materia, por supuesto afines a las izquierdas. Y poco después se votaba una norma que afirmaba el control del Gobierno sobre la designación de los presidentes del Tribunal Supremo.
En el cajón quedaron otras disposiciones similares que el estallido de la Guerra Civil impidió aprobar. No es descabellado deducir que en la mente de los gobernantes del Frente Popular estaba la construcción de una peculiar democracia «a la mexicana» en la que la alternancia política fuera imposible, o se limitara al turno entre fuerzas afines, y el ejercicio de los derechos civiles quedara condicionado a la afinidad ideológica con el poder establecido.
Desde 1975, la izquierda ha demostrado que sigue pensando lo mismo que en los años treinta acerca de la justicia. La designación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de los jueces, cuya función principal es garantizar su independencia, revestía notables garantías de neutralidad política al comienzo de la Transición. La ley de 1980 que lo regulaba establecía que, de sus 20 miembros, 12 serían elegidos directamente por los jueces de todas las categorías y solo ocho por el Congreso y el Senado, cuatro por cada uno, en ambos casos por mayoría de tres quintos, lo que impedía a cualquier Gobierno colonizar un órgano tan relevante para la supervivencia de la democracia.
El PSOE cambió la ley en 1985 para dejar en manos de las Cámaras la elección de la totalidad de los vocales, diez por cada una, pero mantuvo al menos la exigencia de tres quintos, lo que obligaba a designarlos, al menos, con el acuerdo de los dos grandes partidos. El Gobierno de Pedro Sánchez intentó en octubre de 2020 rebajar a mayoría absoluta la mayoría de tres quintos, pero hubo de renunciar a ello por la oposición de la Comisión Europea y el Consejo de Europa, que vieron en la propuesta lo que realmente era: un intento descarado de asegurarse una mayoría afín en el órgano de gobierno de los jueces que debilitaría su independencia y, con ella, la separación de poderes, atenuando los contrapesos institucionales del Ejecutivo.
Del Tribunal Constitucional ni hablamos, pues son un total de diez magistrados de los doce que lo componen los elegidos por los partidos. Así las cosas, poco puede sorprendernos la que está cayendo estos días, ni que un ministro denomine salvajada una decisión del Tribunal Supremo adoptada en el marco de sus competencias. Viene de lejos. Siempre es bueno conocer la historia.
