¿Cómo seleccionamos a nuestros docentes?

Hace pocos días que nuestro bienamado gobierno nos ha sorprendido con la publicación de un nuevo proyecto de reforma de la función pública docente. Pongamos que se trata de un proyecto real, es decir, asumamos que no nos encontramos ante la enésima maniobra política de un gabinete cuya idea de gobernar consiste en ejercer como oposición de la oposición. No otra cosa ha hecho nunca este Gobierno entregado con fruición a la tarea de desacreditar a sus rivales con un relato casi siempre ajeno a la realidad del que obtener réditos políticos con los que conservar el poder para usarlo en beneficio propio, nunca como herramienta para resolver los problemas reales de la ciudadanía.

Supuesto esto, que no es poco suponer, podemos entrar en el contenido de lo anticipado por la casi desconocida ministra Milagros Tolón. Por supuesto, la corrección política, la sobredosis de moralina y la absoluta inconcreción de las medidas propuestas se dan por hechas, no en vano nos encontramos ante un proyecto de la nueva izquierda woke que atañe a uno de los ámbitos en que, por su carácter marcadamente ideológico, se mueve como pez en el agua. Pero incluso en su inconcreción, las medidas anunciadas permiten anticipar que, una vez más, el elefante parirá un ratón.

El Gobierno proclama, por supuesto, a bombo y platillo, que el borrador de reforma plantea una revisión integral de las oposiciones, desde los temarios y las pruebas hasta la fase de concurso y el periodo de prácticas, con el objetivo de «adaptar el modelo de selección a las necesidades de la escuela actual». Que existe una clara inadecuación entre el procedimiento vigente de selección del profesorado de la enseñanza pública y las tareas que se espera que desempeñe en el aula y fuera de ella nadie puede negarlo. Seguimos, a grandes rasgos, escogiendo a nuestros docentes mediante obsoletas pruebas memorísticas que reiteran lo que se supone que su título acredita que saben –aunque la experiencia, año tras año, de las oposiciones demuestra que es mucho suponer–, y cuya única comprobación práctica de su competencia docente se limita a impartir una clase ante un tribunal en la que resulta que falta el elemento esencial de una clase: los alumnos. No es moco de pavo, sabiendo cómo son los alumnos en nuestros días.

Hace bien, pues, el Gobierno en tratar de reformar el proceso. Pero lo que ha salido a la luz permite ya adivinar que lo más probable es que todo se quede como está, o quizá peor. No es una cuestión de modificar los temarios, sino de eliminar la oposición como método de selección, porque es obvio que no selecciona los mejores docentes, sino los estudiantes más talentosos. No se trata de introducir contenidos relativos al «sistema educativo, los currículos competenciales, la programación, las metodologías didácticas, la evaluación, la acción tutorial, la inclusión educativa, la innovación y la investigación educativa», si esos contenidos van a ser exigidos de la misma forma retórica y memorística de siempre. Sería como examinar de natación a un alumno pidiéndole que explique los movimientos que debe hacer para desplazarse en el agua, sin invitarle siquiera a que entre en la piscina. Además, esos contenidos ya están presentes en la programación que el aspirante debe elaborar y entregar al tribunal.

La propuesta del Gobierno es que los evaluadores tengan en cuenta competencias «que hoy son habituales en las aulas», como «la atención a la diversidad, el uso educativo de las herramientas digitales, la enseñanza por competencias o la capacidad para adaptar el aprendizaje a las necesidades de cada alumno». Pero es que ya lo hacen, porque la programación que se exige debe contemplar todos esos apartados. Lo malo no es eso. Lo malo es que una programación es un papel, y que el aspirante la presente y sus contenidos, sean los que sean, alcancen una sublime perfección teórica no prueba nada. No son burócratas de la enseñanza lo que necesitamos, sino docentes, y a enseñar solo se aprende enseñando.

Se objetará que el Gobierno es muy consciente de ello y por eso propone en su borrador la introducción de prácticas tutorizadas. Pero se da el caso de que las prácticas tutorizadas son las que existen ahora mismo, pues constituyen la tercera fase, tras la oposición y el concurso, del procedimiento de acceso, pero de poco o nada sirven, pues los tutores apenas tienen formación para serlo y no disponen de tiempo para ejercer de forma adecuada una tarea que se añade a las propias de sus responsabilidades como docentes ordinarios.

La única forma de seleccionar a los mejores docentes y asegurarse de que están preparados para afrontar los retos crecientes de la enseñanza es que sea la propia Administración educativa la que asuma la competencia de formarlos. En otras palabras: necesitamos introducir en la función pública docente el mismo procedimiento que con tanto éxito funciona hace décadas en la sanidad: un largo período, al menos tres cursos, en los que los maestros y profesores, seleccionados previamente por concurso de méritos, se formen como tales en un centro educativo, y lo hagan de la mano de mentores con dedicación exclusiva y especialmente formados para ello, pero no sean luego los encargados, al menos los únicos, de evaluar su competencia.

Esta evaluación, formativa al final de los dos primeros cursos y sumativa y con funciones de acreditación al concluir el tercero, será la que determine si el docente en formación ha superado el proceso. Pero claro, introducir un modelo así resulta muy caro. Habría que liberar de sus tareas docentes a miles de mentores, formarlos y pagarlos. Habría que multiplicar exponencialmente el número de inspectores de educación y formarlos también para la tarea. Y eso no da votos. Los subsidios, las rentas de inserción, las pensiones no contributivas, las ayudas, las paguitas… sí los dan, y muchos: ¿en qué piensan ustedes que preferirá gastar nuestro dinero el Gobierno?