Los sindicatos contra la enseñanza pública

Una confusión muy generalizada, tanto que pasa casi siempre desapercibida, es la que se da entre los intereses de los trabajadores de la enseñanza –no los llamo así por un absurdo prurito de falsa progresía tan al uso, sino porque es esa dimensión la que me interesa destacar de ellos– y los intereses de la educación pública, en especial, de los alumnos, de tal modo que, en el imaginario de los líderes sindicales, quienes los secundan y buena parte de la sociedad, lo que es bueno para aquellos es también bueno para estos.

Por supuesto, se trata de una vieja receta. Raros son los partidos que reconocen hablar en nombre de un grupo social determinado y, menos aún, los que se vanaglorian de defender sus intereses. Los viejos republicanos presentaban la República no solo como solución de los problemas nacionales, sino incluso como panacea universal; los marxistas ejercían de profetas de un paraíso en la tierra que luego lo fuera solo para sus líderes es otro asunto en el que el ser humano alcanzaría por fin la felicidad; los nacionalistas decían –y dicen– hablar en nombre de sus naciones, reales o inventadas, no en el de las burguesías que idearon su mensaje. Los sindicatos docentes no han inventado nada.

Pero, siendo esto cierto, no deja de sorprender la facilidad con la que nos cuelan sus consignas. No es necesario ir muy lejos. Si nos detenemos un solo instante en las movilizaciones de estas últimas semanas del profesorado catalán y valenciano, observaremos enseguida que la huelga se justifica en nombre de la calidad de la enseñanza pública –palabra mítica, casi taumatúrgica cuya sola invocación justifica todo–. Por supuesto, ¡Faltaría más! Pero los problemas empiezan en cuanto descendemos a los pormenores. Con razón escribía el gran arquitecto Ludwig Miles van der Rohe que el diablo está en los detalles. Y aquí los detalles son elocuentes. Las pancartas que reivindican una enseñanza pública de calidad o aseguran que cuando los profesores luchan también están educando, ocultan que lo que exigen son notables subidas salariales, disminución del horario lectivo y bajada de las ratios de alumnos por docente. ¿Esas demandas van a asegurar una mejora de la calidad de la enseñanza pública o una mejora de la calidad de vida de los docentes?

Y qué decir de una práctica que se está generalizando en los últimos años, la introducción de días de libre disposición para los profesores, es decir, del derecho a faltar sin justificación dos o tres días por curso escolar (tres de clase, otros tantos en junio o septiembre en períodos no lectivos). ¿Cómo puede justificarse semejante barbaridad? ¿Para qué necesitan días de libre disposición funcionarios que tienen dos meses de vacaciones en verano, casi veinte días en Navidades y once en Semana Santa, amén de varios puentes escolares cada curso? Probablemente, para nada. Sobre todo, si tenemos en cuenta que un día de clase que no se imparte en primaria supone la pérdida inmediata de tantas horas de apoyo a los niños con mayores problemas de aprendizaje –en primaria las sustituciones las cubren los maestros que a esa hora tienen asignado apoyo a otro compañero– como horas de ausencia disfruta el que ejerce su derecho (derecho concedido, no natural ni ilegislable) a faltar.

En un colegio tipo de línea dos (dos clases por nivel desde Infantil tres años a sexto de primaria), con una media de treinta y cinco docentes, dos días de libre disposición suponen, a doce apoyos perdidos por cada uno de ellos, 420 clases de apoyo perdidas por curso escolar. Y ello sin tener en cuenta que, cuando los docentes ausentes son los maestros de pedagogía terapéutica o audición y lenguaje, que se ocupan de los alumnos con necesidades educativas especiales, los más vulnerables de todos, lo que se pierden son clases especializadas con esos alumnos. Pero ¿no es la escuela inclusiva la que reivindican los sindicatos?

Las cosas son aún peores en los institutos de secundaria. Si tomamos como típico un centro de línea cuatro en Educación Secundaria Obligatoria y dos en Bachillerato, esto es, veinte grupos, con unos cincuenta docentes por término medio, y tenemos en cuenta que cada uno de ellos imparte entre cuatro y cinco clases por día (lo normal es que, puestos a faltar, falten un día que impartan cinco), las clases perdidas ascienden nada menos que a 500. En el caso de los maestros de pedagogía terapéutica o audición y lenguaje, que existen también en los institutos, el daño es gravísimo, como ya hemos dicho, al menos tan grave como en los colegios. Pero en el caso de los profesores ordinarios es aún mayor, porque aquí no son horas de apoyo lo que se pierde, sino horas de clase ordinaria de cada materia. En secundaria, cuando un profesor falta, le sustituye un compañero que tiene asignada en su horario una hora de guardia. Durante esa hora no se imparte clase, porque la especialidad del ausente y la del que cubre su ausencia no tienen por qué coincidir, así que el aprovechamiento de esas horas es nulo.

El beneficio de tal derecho para la enseñanza pública, sin embargo, debe resultar tan evidente para los sindicatos como incomprensible resulta para mí, porque lo han obtenido en todas partes. Ya disponen de él los docentes no universitarios de la enseñanza pública de la práctica totalidad de las Comunidades Autónomas. La principal excepción era la Comunidad Valenciana, pero dado que figura entre las reivindicaciones de los sindicatos que han convocado las actuales huelgas, que, por supuesto, se desviven por mejorar la calidad de la enseñanza pública, no cabe duda de que los obtendrán. Pero no importa, porque lo que es bueno para los profesores es bueno para la calidad de la enseñanza, ¿o no?