El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y su entonces ministra de Igualdad Bibiana Aído, en Nueva York (foto de archivo)
Causas Pendientes
El recurso contra la ley del aborto de Zapatero duerme en el Constitucional desde hace 11 años
La norma duerme el sueño de los justos en el Tribunal de Garantías. Más de 4.000 días sin que, por el momento, los magistrados se hayan pronunciado
Desde que el 30 de junio de 2010 el Constitucional admitiese a trámite el recurso del Partido Popular contra la ley del aborto aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la norma duerme el sueño de los justos en el Tribunal de Garantías. Más de 4.000 días sin que, por el momento, los magistrados se hayan pronunciado sobre la «ley Aído», la polémica norma que implantó en España el criterio de los plazos para despenalizar, en la práctica, la libre interrupción del embarazo en cualquier momento durante las primeras 14 semanas de gestación, sin otra condición que la de que la mujer tome la decisión de manera informada.
Un total 71 diputados del PP se revolvieron contra el texto aprobado por el Gobierno socialista y se dirigieron en amparo al Constitucional para que resolviese el despropósito. Sin embargo, en el mismo año, el Tribunal desestimó en su único pronunciamiento sobre la ley hasta la fecha, la petición de los populares de suspender cautelarmente algunos de los preceptos de la ley «al existir evidente perjuicio irreparable, ya que se está hablando de la eliminación de vidas humanas».
En el mismo auto, el TC acordó dar «carácter prioritario a la tramitación y resolución» del citado recurso. El ponente encargado del recurso es el magistrado Andrés Ollero, exdiputado popular que recaló en el TC en 2012.
Evitar el empate de 1985
Fuentes consultadas por El Debate han confirmado que los magistrados son «conscientes» de la dilación excesiva en la que se encuentra la revisión del caso pero, al mismo tiempo, descartan la inminencia de su reactivación antes de final de año. La falta de consenso, a priori, sobre la última de las versiones del borrador confeccionado por el magistrado Ollero es uno de los principales escollos. Y es que mientras el ponente de la sentencia apostaría por una tesis conservadora en la defensa de la vida, el resto de sus compañeros no compartirían su tesis con el margen necesario para asumir la misma.
A ello se une el hecho de que el catedrático Alfredo Montoya se encuentra de baja para recuperarse del ictus que sufrió el pasado mes de agosto –lo que le ha impedido acudir a las últimas sesiones plenarias del órgano– una situación que «no parece la mejor» para abordar un tema de tanto calado político y social.
El actual presidente del TC, Juan José Gonzáles Rivas, trata de evitar que el arranque de las deliberaciones ponga de manifiesto la «más que evidente división del Constitucional en esta materia», han apuntado a El Debate fuentes cercanas al órgano. A González Rivas no se le escapa que la futura y eventual sentencia no será unánime pero busca el respaldo de «una amplia mayoría de los miembros del Pleno» antes, incluso, de convocarlo con fecha exacta.
«No interesa reeditar el empate de 1985» en el que resultado final de cinco magistrados a cinco obligó a activar voto de calidad del presidente para decantar la balanza y declarar el por aquel entonces proyecto de Ley del aborto, inconstitucional.
Fuentes próximas al Constitucional descartan una revisión inmediata del recurso
La primera ley que reguló el aborto en España lo despenalizó en las primeras 12 semanas de embarazo en el supuesto de violación, hasta las 22 semanas cuando existía riesgo de malformaciones en el feto y sin límite sólo en el supuesto de riesgo grave para la salud física y/o mental de la madre.
El diputado José María Ruiz Gallardón, padre el exalcalde de Madrid y exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, y 54 parlamentarios más del PP presentaron un recurso previo de inconstitucionalidad contra el entonces proyecto de ley del Gobierno socialista. En una sentencia dictada por el Constitucional en abril de 1985, a la que se opusieron la mitad de sus magistrados y en la que fue determinante el voto del presidente para desempatar, se estableció que el proyecto era disconforme con la legalidad al incumplir con las exigencias recogidas en el artículo 15 de la Constitución: «Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral»
El PSOE modificó el proyecto para incorporar las exigencias garantistas que había reclamado el TC, como un dictamen médico previo o la realización del aborto en centros autorizados. La ley fue aprobada, finalmente, con la oposición del grupo popular.
Impulso Forzoso
El pasado mes de junio, una veintena de diputados y exdiputados populares que formaron parte del grupo de los 54 que recurrieron ante el Constitucional la ley del aborto el 1 de junio de 2010, demandaron al Tribunal de Garantías español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por lo que, a su juicio, se trata de un «retraso injustificado» de su pronunciamiento sobre la cuestión.
De acuerdo a lo previsto en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) la inacción del Constitucional estaría «violando el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas», sostuvieron los demandantes. Además, lamentaron que el TC ni siquiera respondiese a su requerimiento previo, consignado el 16 de diciembre de 2020, para impulsar una sentencia ante el «incomprensible retraso en que está incurriendo».
Las mismas fuentes consultadas por El Debate han alegado en su defensa que dado que el PP ganó las elecciones de 2011 con mayoría absoluta y la promesa en firme de reformar la ley del aborto, y al haber sido la formación que presentó el recurso, el tribunal quedó a la espera de una derogación de la norma y de su reemplazo por una nueva propuesta de ley aprobada con el respaldo de los diputados del hemiciclo.
Por su parte, días después, la Asociación Abogados Cristianos registró una querella ante el Tribunal Supremo contra el magistrado encargado de la ponencia en el Constitucional, Andrés Ollero, por un posible retardo malicioso –una de las vertientes del delito de prevaricación– en la resolución del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, pendiente 11 años después. La entidad pide la inhabilitación de Ollero durante seis meses.
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