El empresario sevillano Juan Muñoz
Audiencia Nacional
El marido de Ana Rosa Quintana contrató a Villarejo para que investigase la «falsa insolvencia» de un deudor
La vista de las tres primeras piezas del caso Tándem (Land, Iron y Pintor) arranca con el reconocimiento del empresario Juan Muñoz, marido de la periodista Ana Rosa Quintana, y de su hermano Fernando sobre la contratación de los servicios de Villarejo para conseguir «información patrimonial» de un tercero
Un año de prisión es lo que solicita la Fiscalía para los empresarios Fernando y Juan Muñoz, este último marido de la periodista Ana Rosa Quintana, por su implicación en el contrato suscrito con el excomisario José Manuel Villarejo, entre los años 2016 y 2017, para obtener «información patrimonial» de Mateo Martín Navarro y de su abogado, el juez inhabilitado Javier de Urquía, para instar que modificasen su estrategia procesal en una causa en la que estaba acusado de delito fiscal junto con Fernando Muñoz. Una relación que hoy ha reconocido el propio esposo de Quintana, en el transcurso de la primera de las sesiones celebradas en 2022 por la Audiencia Nacional, en el marco del 'caso Tándem' y de sus piezas separadas Iron, Land y Pintor.
Muñoz ha explicado al tribunal que su objetivo era que se «desmontase la falsa insolvencia» alegada por Martín Navarro en el procedimiento judicial en el que ambos estaban inmersos; y, además, se barajó «la posibilidad de obtener información del señor Urquía» para que dejase de ser su abogado, según ha declarado Fernando Muñoz. Por el dossier, que proporcionó Villarejo a este último y en el que se incluían dos vídeos de Urquía consumiento droga, los hermanos Muñoz pagaron un total de 20.000 euros en efectivo al comisario jubilado.
Sin embargo, han querido puntualizar que en las reuniones que mantuvieron con el expolicía sólo se expuso «el alcance de lo que se había conseguido», mientras que los vídeos sólo se visualizaron de manera parcial pero sin entrar en «el detalle» de los mismos.
Por su parte, el abogado Ricardo Álvarez Ossorio, ha admitido que, a petición de su amigo Fernando Muñoz, acudió a una reunión a las oficinas de Villarejo en la que se visionó un vídeo donde aparecía Urquía, otro hombre y «dos chicas que parecía que estaban de fiesta» y en el que se podía ver explícitamente el consumo de estupefacientes. Un vídeo que ha calificado de inocuo al asegurar que no sólo era «muy antiguo» que explicó que no creía que surtiera ningún efecto, porque «era conocido en todos los foros de Marbella» y no tuvo impacto alguno ni «cuando ese señor estaba casado y era juez».
Aún así, Alvarez Ossorio, acabó llevándose un pendrive con una copia del vídeo con el encargo de hacer de intermediario y que llegara a Urquía, aunque nunca llegó a materializarse la gestión, ni a facturarse nada por ello.
No a la recusación del juez Echarri
El juicio ha comenzado con el rechazo del tribunal al incidente de recusación presentado por Villarejo contra el magistrado Fermín Echarri a raíz de una información de El Periódico de España que indicaba que «Villarejo maniobró ante la justicia para exonerar al comerciante de armas que acompaña a Juan Carlos I», en referencia a Abdul Rahman El Assir, en búsqueda y captura desde marzo de 2020 tras haber sido investigado por delitos fiscales por Echarri, cuando era titular del juzgado de instrucción 52 de Madrid. Una maniobra que el tribunal, la Fiscalía, e incluso el resto de las acusaciones, han calificado como un intento extemporáneo de Villarejo de apartar al magistrado, por una presunta causa sin relación con el juicio.
Por su parte, Villarejo ha declarado a los medios cómo en la información aportada por su defensa para la recusación, se hacía referencia a los contactos que él mismo habría mantenido con jueces de Madrid y en la que aludía a una anotación que decía «Fermín, Juzgado 52. Muy correcto y receptivo. Quiere volver a la AN (...)».
Villarejo ha ubicado dichas gestiones en un encargo del Estado para evitar que El Assir «amenazara» con desvelar información «tan grave como que el Estado español o determinadas personas del Estado siguieron vendiendo las bombas de racimo a pesar de estar prohibidas en el tratado de Oslo de 2008». «Se han utilizado en Yemen, en el Sáhara, en Libia, etcétera», ha dicho el comisario jubilado, que ha insistido en que se reunió con el magistrado y con varios jueces decanos de Madrid como «agente de inteligencia» y «en nombre de la seguridad del Estado».
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