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29 de marzo de 2024

Personal sanitario prepara una vacuna, este enero, en Castellón

EFE/Doménech Castelló / POOL

Tribunales 

El Gobierno entrega a la Audiencia Nacional un expediente de vacunación sin aval científico

El dossier aportado por el Ejecutivo al órgano judicial fue confeccionado después de que se presentase el primer recurso contra la estrategia del Gobierno sobre la cuarta dosis de refuerzo 

La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional admitía a trámite, el pasado día 10 de enero, el primer recurso presentado contra la estrategia de vacunación del Gobierno contra la COVID-19, que incluye una cuarta dosis cuestionada por los expertos sanitarios, como avanzó en primicia El Debate. Ahora, el Ejecutivo ha aportado el expediente administrativo que justifica el criterio del Ministerio de Sanidad sobre la dosis de refuerzo a las cuatro semanas de la reinfección por coronavirus, un dossier que no cuenta con aval científico y que fue confeccionado ad hoc para cumplir el trámite con el órgano judicial que lo investiga. 
El recurso, presentado por el abogado valenciano Curro Nicolau, que ya pleiteó contra el Gobierno por el estado de alarma, provocó que la Sección Octava de la Audiencia acordase «requerir con carácter urgente al órgano administrativo correspondiente» –en este caso el Ministerio que dirige Carolina Darias– para que «en el plazo máximo de 5 días» remitiese el expediente «acompañado de los informes y datos que estime procedentes». 
Según han confirmado fuentes judiciales a El Debate, el plan del Ejecutivo de Pedro Sánchez no incluye ningún dato objetivo ni concreto sobre la necesidad de inocular una dosis adicional un mes después de la reinfección. Además, el texto alude, en cualquier caso, a la «voluntariedad» de los ciudadanos para asumir los riesgos de las directrices administrativas. Las «recomendaciones aprobadas en la Estrategia de Vacunación frente a la COVID-19 tienen un carácter poblacional. Las casuísticas individuales deben ser valoradas por los profesionales sanitarios, a fin de conseguir el mayor beneficio personal», reza el expediente del Gobierno donde se informa de que «en España la vacunación no es obligatoria».

Sanidad no ha aportado ningún dato técnico para que España siga apostando por la política de la cuarta dosis

Nada se dice sobre lo «contraproducente» que puede resultar para la salud de las personas una dosis de refuerzo en un plazo de cuatro semanas después de obtener una prueba PCR negativa del virus. Una posición equidistante con la que, a juicio de Nicolau, la Administración responsable de la materia está «incumpliendo la obligación de proteger la salud que impone el artículo 43 de la Constitución». 

Un informe inmunológico en contra

La Audiencia Nacional ya ha dado traslado del material recibido tanto a las partes implicadas en el procedimiento –incluidas Fiscalía y Abogacía del Estado– como al magistrado ponente, Fernando Luis Ruiz Piñero. A la vista de la documentación que ya obra en posesión de todos los implicados, y como primer paso, el tribunal tendrá que decidir, en los próximos días, sobre la solicitud de medidas cautelarísimas contra la estrategia de vacunación vigente. 
En su petición expresa de suspensión, el abogado Nicolau aseguró que la paralización de la futura campaña de nuevas dosis era necesaria antes de inocular de nuevo «el fármaco a millones de personas sin una base científica y poniendo en riesgo su salud, según están mencionando diversos expertos en materia de inmunología».
No en vano, el enfoque del Ejecutivo en materia de vacunación prevé la administración de una dosis de recuerdo en las personas que se hayan infectado de coronavirus, como mínimo, transcurridas cuatro semanas del diagnóstico del contagio –tras una PCR, test de antígenos y prueba serológica– y a partir de los seis meses si la última dosis administrada de la vacuna es del tipo ARN mensajero, como Pfizer y Moderna. Un plazo que se reduce a tres, en el caso de las vacunas de vector de adenovirus, tipo Janssen
El letrado ha adjuntado, por su parte, el informe confeccionado por una inmunóloga de reconocido prestigio que rebatiría la planificación actual del Gobierno en esta materia. 
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