Un elector ejerce su derecho al voto en Soria
Elecciones 13F
Qué se necesita para poder votar en las elecciones de Castilla y León
Consulta qué documentación es imprescindible para poder participar en los comicios autonómicos del 13 de febrero
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El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), anunció el pasado mes de diciembre la disolución de las Cortes. «La confianza se ha roto por la falta de lealtad de los socios de Ciudadanos. Nos han traicionado al pactar los Presupuestos a espaldas de este presidente», explicaba en aquel momento Mañueco ante los medios de comunicación. El adelanto electoral, el primero en la historia de Castilla y León, se cumple este 13 de febrero de 2022, momento en el que los castellanoleonenses deben volver a las urnas.
Únicamente podrán ejercer su derecho a voto aquellos ciudadanos mayores de 18 años que estén empadronados como residentes en Castilla y León desde el 1 de enero de 2022. A la hora de asistir al colegio electoral es necesario un documento que acredite la identidad de la persona para poder votar. Por protocolo anticovid, es obligatorio usar el hidrogel antes de dejar la papeleta y habrá que depositar en una bandeja el DNI o el pasaporte con la foto hacia arriba para comprobar la documentación sin que haya contacto alguno.
En ningún momento, la persona se puede retirar la mascarilla a excepción de que el vocal o presidente de la mesa lo requiera para la identificación. Además, se recomienda que todos los ciudadanos lleven a los colegios electorales el voto preparado desde casa y que permanezcan el menor tiempo posible en los centros de votación. Especialmente, porque la Junta permite que los contagiados por la covid rompan su cuarentena para ir a votar. «Se trata de un derecho fundamental que está por encima de otras cuestiones», aseveró Ángel Ibáñez, consejero de la presidencia de la Junta. No sin añadir que los positivos que vayan a las urnas el 13-F, lo hagan «con precaución».
El dispositivo que se ha preparado para estos comicios asciende a 33.000 personas. De ellas, 13.599 van a estar en las mesas; 9.000 son agentes de seguridad y policías locales y otros 3.054 pertenecen a la administración autonómica (aquí se añaden unos 2.000 más que son jueces de paz y otros 2.248 como secretarios de los municipios).
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