Alberto Casero, el diputado del PP que votó a favor de la reforma laboral de Yolanda Díaz y el PSOE
La investigación a Casero por prevaricación se centra en cinco contratos que firmó como alcalde de Trujillo
El Tribunal Supremo tiene que dilucidar ahora si Casero, como alcalde de Trujillo, adjudicó hasta cinco contratos a dedo, sin expedientes y saltándose la Ley
La investigación del juzgado número 2 de Trujillo (Cáceres) iniciada el pasado mes de noviembre por un presunto delito de prevaricación continuada del diputado popular Alberto Casero, exalcalde de Trujillo, se centra en cinco contratos menores del Ayuntamiento que suman alrededor de 100.000 euros.
Esta investigación se ha elevado al Tribunal Supremo (TS) por su condición de aforado, al ser diputado en el Congreso, y al considerar «que podría existir indiciaria responsabilidad penal».
Será el TS el que tenga que dilucidar ahora si Casero, como alcalde trujillano, adjudicó hasta cinco contratos a dedo, sin expedientes y saltándose la Ley de contratos públicos, contratos que terminaron judicializados por los impagos del consistorio.
Ahora, para la continuidad de la investigación, será necesaria la toma de declaración, en calidad de investigado, de Alberto Casero, según se desprende del auto del juzgado.
Por un lado, el auto hace referencia a que el 3 de marzo de 2017 Casero contrató a un psicólogo para atender a mujeres víctimas de violencia de género, y cobró cuatro facturas de 6.120 euros. Seguidamente, el 29 de agosto de ese mismo año, suscribió otro contrato menor con el mismo psicólogo, con duración de un año y por 18.000 euros. Si bien, «el investigado no aportó al ayuntamiento el contrato ni se instruyó expediente de contratación», así como tampoco «consta que se realizaran efectivamente los servicios» a mujeres víctimas.
El psicólogo reclamó judicialmente el impago de 2.949 euros y el contencioso-administrativo condenó al consistorio a su abono en diciembre de 2020.
Otro de los contratos más llamativos es el convenio que Casero firmó en 2017 con la Cámara de Comercio de Perú, en un convenio de cooperación institucional que supondría 25.000 euros a las arcas municipales. Este convenio no fue aprobado en pleno ni por resolución de alcaldía, y el exalcalde no informó a la Intervención, tal y como recoge el auto judicial.
La institución peruana presentó un recurso contencioso-administrativo contra el consistorio trujillano por la «inactividad ante la reclamación económica de dos facturas por 30.250 euros», según publicó en octubre de 2020 el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).
Estas «no fueron abonadas por reparos de la intervención», subraya el auto.
Este también hace referencia a la contratación de la celebración (en 2017 y 2018) de la gala de los Premios Nacionales de la Música y las Artes Pop Eye, que organiza la asociación Bon Vivant, y que antes celebraba en la capital cacereña y, actualmente, en Plasencia, por valor aproximado de 42.000 euros, sin «procedimiento administrativo alguno de contratación».
Otro contrato hace alusión a la empresa Ícaro Consultores para la organización de la Feria Internacional del Queso por el procedimiento de contrato menor y por un importe de 14.403 euros. Se firmó el 9 de enero de 2018 sin informar tampoco a los servicios competentes.
En este caso, el reparo de la intervención aludía al hecho de que el procedimiento de contratación resultó «inadecuado», puesto que se trataba de «un servicio periódico y previsible, año tras año, que no podía seguir los trámites de contrato menor».
Igualmente, añade el auto, la contratación del evento «corresponde a la Institución Ferial (Ferex) y no al ayuntamiento en exclusiva», sino a través de un consorcio.
Otra sentencia condenó al ayuntamiento a abonar a la consultora un total de 17.306 euros.
Por último, Casero suscribió con la empresa Radio Interior S. L. un contrato de servicios de comunicación y promoción de la citada feria, «pese a que no cabía la posibilidad de hacer un contrato menor pues su cuantía accedí a los 15.000 euros y porque se trataba de una prestación periódica; debiendo ser licitado en procedimiento abierto».
La empresa reclamó judicialmente al ayuntamiento el impago de las facturas, al no ser abonadas por tener reparos de la intervención, y que ascienden a un total de 18.119 euros.
Por su parte, el Contencioso-Adminstrativo condenó al consistorio en octubre de 2020 al abono de las mismas.
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