Sus envidiables nóminas
Salen a la luz los sueldos del séquito de altos cargos de Irene Montero en Igualdad
El Ministerio gastó el año pasado más de 850.000 euros en los honorarios de la ministra y sus VIP. La mejor pagada es la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Vicky Rosell
El Portal de la Transparencia ha dejado al descubierto todos los sueldos del séquito de altos cargos de Irene Montero en el Ministerio de Igualdad, que el año pasado sumaron 856.790,71 euros brutos.
Se trata de una cartera que en este 2022 ha superado por primera vez los 500 millones de euros. En concreto 525 millones, un 14,4 % más que el año pasado. Y cuya supresión han pedido el PP y Vox en varias ocasiones en lo que va de legislatura, por dedicarse a hacer «campañas vacuas» para su «autobombo» y a repartir subvenciones «sin control previo».
En 2021, quien más cobró fue la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Vicky Rosell, que se embolsó 99.577,08 euros brutos. No obstante, en esa cantidad está incluido el plus que percibe por sus ocho trienios de antigüedad en la Administración. En concreto, como jueza; una que constantemente tiene sus más y sus menos con sus compañeros de la carrera judicial. La semana pasada, sin ir más lejos, tres de las cuatro asociaciones de jueces –las tres conversadoras– emitieron un comunicado recriminándole que hubiera dicho que solo hay jueces dependientes.
Los honorarios de la ministra Montero ascendieron el año pasado a 74.858,16 euros. Irónicamente, su directora del Gabinete ganó más: 90.557,08 euros brutos. La afortunada es Amanda Meyer, que fue alto cargo de la Junta de Andalucía (directora general de Vivienda) cuando el PSOE gobernaba con IU, el partido en el que milita.
Meyer fue también quien abrió las puertas y las arcas de IU a Pablo Iglesias cuando éste dirigía la productora Con Mano Izquierda (antes de entrar en política) y necesitaba clientes. Ella ha permanecido al lado de Montero desde que ésta fue nombrada ministra de Igualdad. No así la número dos del Ministerio, la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género.
El año pasado dos mujeres ocuparon ese cargo: Noelia Vera lo hizo entre enero y hasta el 11 de octubre, cuando dimitió por motivos personales. En ese tiempo cobró de las arcas de Igualdad 93.585,11 euros. Le sustituyó Ángela Rodríguez 'Pam', que en mes y medio al frente del cargo se embolsó 25.980,91 euros.
La número dos de Igualdad, Ángela Rodríguez 'Pam'
En 2021, Montero también cambió de subsecretario de Igualdad. Entre enero y el 23 de febrero lo fue Pedro Guillén, al que Montero destituyó poco después de que trascendiera el 'caso Niñera' (la asesora del Ministerio que supuestamente hacía ese tipo de tareas). En ese tiempo recibió 17.924,81 euros.
Su sustituto y actual subsecretario es Ignacio Sola, funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado (todos los subsecretarios lo son) y con experiencia en varios ministerios. Entre su sueldo entre el 24 de febrero y el 31 de diciembre y sus cinco trienios de antigüedad cobró 94.890,65 euros.
Dos de las tres directoras generales que tiene a cargo Montero ganaron el año pasado 90.557,08 euros brutos. Al frente de la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI está la conocida activista 'Boti' García Rodrigo, que lleva en el puesto desde el comienzo. Y en la Dirección General para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial está Rita Bosaho. Antes de pisar la moqueta del Ministerio de Igualdad fue diputada de Podemos.
Por último, al frente del Instituto de la Mujer está Antonia Morillas, también de la cantera de IU Andalucía y exdiputada. Fue nombrada el 5 de mayo pasado y hasta el 31 de diciembre ganó 59.420,63 euros, con rango de directora general. Antes que ella ocupó el puesto Beatriz Gimeno, a su vez exmujer de 'Boti' García y actualmente diputada en la Asamblea de Madrid. En los cuatro meses de 2021 que estuvo en el cargo (hasta el 4 de mayo) se llevó un pellizco de 22.784,38 euros.
La camarilla de Montero participará casi al completo en un acto titulado «Feminismo para cambiarlo todo», que Podemos ha organizado el próximo domingo en Madrid, dos días antes del 8 de marzo, Día de la Mujer. Allí estarán la propia ministra, Ángela Rodríguez 'Pam', Victoria Rosell, 'Boti' García y Rita Bosaho, entre otras.
El contador legislativo, aún a cero
Hartas de que se cuestione la utilidad del Ministerio de Igualdad, en Navidad sus responsables hicieron una campaña en defensa propia en la que presumían de haber impulsado cuatro leyes que, sin embargo, no están aprobadas.
En primer lugar, la Ley sobre la Libertad Sexual, que está en trámite de enmiendas en el Congreso, como recordó la ministra en una comparecencia parlamentaria el 23 de febrero.
Este marzo se cumplen dos años desde que Igualdad la llevó por primera vez a la Mesa del Consejo de Ministros en forma de anteproyecto, muy discutido incluso internamente por su baja calidad jurídica. De hecho, hubo que rehacerlo e incluso así recibió duras críticas por parte del CGPJ, uno de los órganos consultivos por los que pasó.
La Ley trans y LGTBI es, de momento, un mero anteproyecto que aprobó el Consejo de Ministros en junio. Actualmente está siendo examinado por el CGPJ y el Consejo Fiscal, y Montero se ha quejado del retraso. «Es necesario tener un texto legal lo antes posible que proteja convenientemente al colectivo LGTBI, especialmente a las personas trans, que viven un repunte histórico del número de ataques recibidos», se quejó la semana pasada en la Cámara Baja.
También tiene pendiente la reforma de la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo de 2015, la Ley del Aborto, a la que le queda una larga andadura por delante. La ministra quiere que la reforma vaya mucho más allá de la eliminación del permiso paterno para abortar tratándose de menores de 16 y 17 años.
Y, por último, la Ley Integral Contra la Trata. El PSOE y Unidas Podemos se comprometieron a llevar al Congreso en enero una proposición de ley al respecto, pero no cumplieron. Hace unos días la ministra de Justicia, Pilar Llop, decidió tomar las riendas y encargar una propuesta a la Comisión General de Codificación.