Macarena Olona, uno de los miembros de Vox que ha denunciado este miércoles la inconstitucionalidad de las disposiciones legales que acaban con el criterio de caja única de la Seguridad Social
Batallas judiciales de Abascal
Vox recurre al Constitucional la cesión a País Vasco y Navarra de la gestión del ingreso mínimo vital
Según la secretaria general del grupo parlamentario de Vox, Macarena Olona, estas disposiciones rompen por primera vez en la historia el régimen económico de la Seguridad Social
Los 52 diputados de Vox en el Congreso han recurrido al Tribunal Constitucional las dos últimas acciones del Gobierno: la Ley de ingreso mínimo vital y la de los presupuestos generales del Estado (LPGE). A juicio de la formación de Santiago Abascal, sendas leyes acaban con la necesaria, a su juicio, caja única de la Seguridad Social.
El secretario general de Vox, Javier Ortega-Smith, la secretaria general del grupo parlamentario, Macarena Olona, la vicesecretaria jurídica, Marta Castro y el diputado por Barcelona, Juanjo Aizcorbe, han denunciado desde el Alto Tribunal la supuesta inconstitucionalidad de la disposición adicional quinta de la Ley del ingreso mínimo vital y de la disposición final trigésima de la LPGE.
Marta Castro, cabeza pensante y portavoz de las cuestiones judiciales en las que Vox es parte
Atribución a los territorios forales
Olona ha indicado a las puertas del Constitucional este miércoles que este recurso número 33 del tiempo que llevan de legislatura busca tumbar las disposiciones indicadas porque «atribuyen de manera íntegra a las Comunidades Autónomas vascas y navarras, las materias en materia de Seguridad Social con relación al ingreso mínimo vital: su reconocimiento, gestión y pago».
En opinión de la abogada del Estado de Vox, supone «la ruptura con el criterio de caja única de Seguridad Social» que «debe ser única para todos los españoles». «Por primera vez en la Historia, desde la aprobación de la Constitución española en 1978, un Gobierno de España rompe voluntariamente el marco constitucional de distribución de competencias en este ámbito», ha apuntalado Olona.
En opinión de Vox, esto «obedece al siempre insaciable apetito por parte del independentismo vasco, en este caso, con el interlocutor del partido extorsionador vasco con Moncloa de destruir de todo lo que huela a España». Esta reforma, según el partido conservador responde también «a la debilidad del Gobierno de España, que demuestra su indecencia con tal de mantenerse en Moncloa».
Tan solo es el primer paso
En el caso del País Vasco, la cesión de la transferencia del Ingreso Mínimo Vital (IMV) se certificó el pasado miércoles, y está cifrada en unos 187 millones de euros. Suponen aproximadamente el 6,1 % de los 3.022 millones de euros presupuestados por el Gobierno de Sánchez para el cupo. Los 187 millones serán descontados de esta cantidad.
El IMV es, de todos modos, el primer paso. El Gobierno Vasco tratará ahora de captar nuevas competencias. Entre ellas destaca la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. El Gobierno de Sánchez está orgulloso de las transferencias que ha hecho al País vasco. Entre ellas resalta la de las tres cárceles vascas.
Según el Ministerio, en el País Vasco hay 18.000 hogares (33.000 personas) beneficiarios del IMV. Hasta ahora estaba siendo gestionado a través del Servicio Vasco de Empleo.
El IMV se integrará en el sistema público de garantía de ingresos. Funciona en el País Vasco desde que en 1989 se aprobó el ingreso mínimo familiar. En los últimos meses ha sido la Seguridad Social quien ha pagado a los perceptores del IMV.
El retraso en trasferir el IMV al País Vasco estuvo a punto de frustrar el apoyo del PNV a las cuentas del Estado. Junto con la llegada del AVE, era su principal petición.
Agravios comparativos
Las comunidades autónomas han criticado duramente las diferencias de trato del Gobierno desde que el IMV fue aprobado en mayo de 2020. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, mostró su «sorpresa» al escuchar al ministro José Luis Escrivá decir que solo dos comunidades están capacitadas para gestionar el IMV. Mañueco (Castilla y León) también lo pidió, al igual que muchos otros. Feijóo dijo que Galicia cuenta desde hace treinta años con la renta de inclusión social (Risga) e insistió también en que las comunidades autónomas lo gestionarán. El camino parece ser ese, pero que llegue depende de quién gobierne.
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