La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, durante una rueda de prensa
Tribunales
Un alto cargo de Oltra dice que se encargó un informe para «comprobar la verdad» de la versión de la menor abusada
El secretario territorial de Igualdad asegura que no puso en conocimiento de la Fiscalía los hechos denunciados contra el marido de la vicepresidenta valenciana porque le «faltó información»
Jesús Esquiu y Amparo Nogués han mantenido la misma línea que sus dos compañeros altos cargos ayer. El Secretrio Territorial de Igualdad y la Directora General de Infancia y Adolescencia de la Comunidad Valenciana estaban citados a declarar este jueves, a partir de las 17:00 horas, ante el instructor de la causa que cerca a la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, por presuntamente maniobrar desde la Consejería de Igualdad para tapar los abusos sexuales cometidos por su exmarido, Luis Ramírez Icardi, a una menor tutelada en el centro Niño Jesús de Valencia, por la Administración autonómica.
El secretario territorial ha mantenido que él contestó «cuando vio el primer oficio de la Fiscalía» pero que «carecía de los datos para explicar por qué no se comunicaron los hechos» desde su Departamento, «en los meses de febrero y marzo», siendo el Ministerio Público quien, como consecuencia del silencio administrativo, en julio, los requirió. Esquiu ha asegurado que «nunca recibió el segundo requerimiento» y ha reconocido que «fue un claro error» calificar el expediente encargado al Instituto Espill como un documento «confidencial».
Un expediente que, según su versión era para «controlar la veracidad de los hechos» relatados por la menor, además de fiscalizar la acuación de la Consejería. A lo que el juez le ha preguntado «qué le parecía que la insructora administrativa tomase declaración a un investigado por Físcalía», el marido de Mónica Oltra, «en calidad de testigo y sin las garantías procesales que debe tener, saltándose toda la normativa» pese a que Esquiu es licenciado en Derecho.
En el caso de Nogués, la versión ofrecida, si cabe, es todavía más inaudita ya que ha asegurado ante el juez que a ella le llegaban «las cosas que los técnicos decidían» porque, a pesar de ser orgánicamente su jefa, no tenía modo de «controlar» lo que le entregaban y lo que no. De ahí que no recibiese ningún aviso al respecto «hasta el 8 de agosto». Una «clara evidencia del descontrol y la falta de instrucciones» en el seno de la Consejería, ha apuntado a El Debate la abogada y vicesacretaria jurídica de Vox, Marta Castro.
Objetivo: blindar a Oltra
Si en el caso de los primeros seis cargos citados por el juez titular del Juzgado de Instrucción Número 15 de Valencia, varios de los comparecientes aseguraron «no recordar» por qué, conociendo el caso, no remitieron las sospechas a la Fiscalía de Menores. Dos de las cinco imputadas en una segunda hornada, Gemma Plaza, subdirectora de Infancia y Adolescencia de la Consejería de Igualdad de la Comunidad Valenciana, declaraban ayer para blindar a Oltra.
La primera en declarar era Gemma Plaza, subdirectora general de Infancia y Adolescencia.La seguía Rosa Molero, directora general del mismo Departamento que se sentaba ante el magistrado encargado de investigar las presuntas maniobras de la vicepresidenta para encubrirla en su actuación respecto de los abusos sexuales de su entonces marido, más tarde condenado por los tocamientos, a una menor en un centro tutelado por la Administración autonómica.
Las dos negaron haber recibido ninguna orden de Oltra -llegando, incluso, a contradecir a la vicepresidenta que reconoció que ella había sido la encargada de remitir el informe paralelo al juicio de su marido. Todo apunta a que el objetivo del expediente de parte era desacreditar la versión de la menor y justificar la inacción de su Departamento.
Molero aseguró ante el instructor de la causa que su «preocupación era la niña» cuando ha quedado acreditado en Sala que, en varias ocasiones, se evitó contestar a la Fiscalía cuando se les reclamó información del caso. No aportaron al Ministerio Público el dossier específico, encargado al Instituto Espill, para explorarla, ni facilitaron ningún tipo de dato, obviando su obligación de cooperar en la investigación. Tal es así que desde febrero no tomaron ninguna medida. Sólo a partir del 8 de agosto, cuando Fiscalía reiteró la información que obraba en su poder, se pusieron en marcha.
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