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La ley obliga a Sánchez a entregar a El Debate los expedientes de los indultos a Junqueras y otros ocho condenados
Este periódico logra doblar la resistencia del Gobierno a desvelar qué hizo para liberar a todos los condenados de la Generalitat por intentar la independencia unilateral de Cataluña
El Gobierno deberá hacer públicos los expedientes que redactó para justificar los indultos de Oriol Junqueras y otros ocho políticos catalanes condenados a penas de prisión por forzar la independencia unilateral de Cataluña.
El Debate ha logrado el amparo del Consejo de Transparencia que, en una resolución histórica en propiedad del periódico, derriba la resistencia del Gobierno de Pedro Sánchez a explicarle a la opinión pública cómo intentó justificar una medida de gracia que, según el espíritu la Ley de Indultos, promulgada originariamente en 1870, no encajaba en los beneficiarios: ni hubo arrepentimiento ni está descartada la reincidencia, dos requisitos recomendables para obtener la salida anticipada de la cárcel.
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El Gobierno justificó los indultos con artículos de prensa afín, comentarios sindicales y encuestas de la Generalitat
Pese a la enorme contestación social y política a esa concesión, impulsada por el luego destituido ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, a instancias del propio Sánchez; el Gobierno se negó a justificar las razones de su «regalo», que no tuvo a cambio propósito de enmienda.
Tanto es así que, ya en la calle gracias al favor gubernamental, el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, soltó su famosa advertencia en un acto en celebrado en Francia, en julio de 2021, con Carles Puigdemont y el actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, presentes: «Que nadie tenga ninguna duda, lo volveremos a hacer, lo haremos juntos y lo haremos mejor. ¡Vivan los Países Catalanes!».
Aunque las diatribas secesionistas se han mantenido desde entonces, el Gobierno se ha negado hasta ahora a explicar cómo y por qué invalidó los fallos del Tribunal Supremo, limitándose a deslizar en público la supuesta renuncia de Junqueras a la «vía unilateral», sugerida en un artículo en prensa pero desmentida por el mantenimiento de la apuesta separatista de su partido, ERC, y del propio Aragonés.
Aún más, el Gobierno se ha dedicado a proteger a los condenados en sus respuestas formales a los intentos reiterados de El Debate por acceder a los expedientes de indulto, con argumentos sorprendentes que el Consejo de Transparencia ha rechazado.
La ley le obliga a Sánchez a explicar en 15 días que criterios utilizó para revocar una sentencia del Supremo
Como por ejemplo éste, tal y como figura en la documentación oficial en posesión de este periódico: «Esta Subsecretaría de Justicia considera (…) que la documentación e informes solicitados contienen circunstancias personales, familiares y sociales así como datos de ilícitos penales que no se pueden divulgar sin contar con el consentimiento expreso del afectado».
Es decir, mientras el Gobierno apelaba en público a los supuestos «méritos» de los condenados para obtener el «premio», en privado se resistía a argumentar su decisión y les protegía apelando a su supuesto derecho a la privacidad y a los perjuicios que les causaría dar difusión a los expedientes de indulto.
Una resolución histórica
Tras sucesivos recursos de El Debate, el Consejo de Transparencia ha derribado las coartadas del Gobierno para no dar explicaciones, con una resolución demoledora, con el número de serie 774/2021, en la que desmonta la estrategia de Sánchez y le obliga a trasladar a este periódico toda la información que posibilitó la puesta en libertad de nueve condenados.
En concreto, el Ministerio de Justicia está obligado a remitir en un plazo máximo de quince días a este periódico los expedientes de nueve condenados a los que, además de indultar, el Gobierno ha seguido protegiendo después para tapar la decisión política que desbloqueó acuerdos globales del PSOE y ERC.
La orden, que ya conoce el Gobierno, es tajante al respecto de qué información ha de remitir a El Debate y sobre qué personas, citadas con nombre y apellidos:
«Documentación, cualquiera que sea su formato, estudios, informes solicitados o recibidos o de cualquier otro tipo existente en el Ministerio de Justicia acreditativa de la necesidad, oportunidad o conveniencia de la concesión de los indultos que elevó el Ministro de Justicia para la concesión del indulto a las siguientes personas, el día 22 de junio de 2021: Dolors Bassa i Coll, Jordi Cuixart i Navarro, Carme Forcadell i Lluís, Joaquim Forn i Chiarello, Oriol Junqueras i Vies, Raül Romeva i Rueda, Josep Rull i Andreu, Jordi Sánchez i Picanyol, y Jordi Turull i Negre».
Sánchez quiso ocultar los expedientes
Además de acabar con el oscurantismo que presidió la enmienda de Moncloa al Supremo, la histórica resolución en favor de El Debate derriba la endeble argumentación del Gobierno para, en realidad, esconder todo lo que hizo y arguyó para llegar a los polémicos indultos:
«De la mera lectura de los preceptos legales invocados se infiere con claridad que no permiten fundar, en los términos expuestos por el Ministerio, la afirmación categórica de que el hecho de que los documentos e informes obrantes en los expedientes contengan circunstancias personales, familiares y datos de ilícitos penales impide divulgarlos sin contar con el consentimiento expreso del afectado», explica el pionero «fallo» sin precedentes, firmado por el propio presidente del Consejo, José Luis Rodríguez Álvarez.
De este modo el CTBG confirma que ha de priorizarse el derecho de acceso a la información pública, en un supuesto de tal trascendencia para la sociedad, prevaleciendo el derecho a conocer los motivos de la toma de decisiones de los poderes públicos.
Se trata de una resolución es pionera porque el CTBG siempre se refiere a sus propias resoluciones o a las sentencias del Supremo. En otros casos similares, el Consejo acude a la retroacción para pedir el consentimiento expreso de los interesados.
En este caso se ha saltado este trámite que el TS tiene declarado que ha de realizarse, dado que no se trata de datos que revelen la ideología, afiliación sindical, religión o creencias que entiende que los interesados los han hecho con anterioridad manifiestamente públicos como es público y conocido. En esta resolución no hay ninguna referencia a sus resoluciones anteriores ni a jurisprudencia alguna, por eso es inédita y carece de precedentes.
Este mismo mes de marzo, en un acto celebrado el día 13 en Hospitalet de Llobregat, el indultado Junqueras repitió su apuesta por la separación y revitalizó las negociaciones con Sánchez en la llamada «Mesa del diálogo», aún si convocar, con una declaración de intenciones elocuente: su movimiento, dijo en público, «no tiene derecho a no culminar» el proceso de independencia.
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