Los acusados de representar el frente jurídico de ETA, a la entrada del juicio celebrado el año pasado
La condena al «frente jurídico» de ETA culmina el desmantelamiento civil de la banda terrorista
La trama política, jurídica, social y comunicativa ha ido cayendo a lo largo de los últimos 20 años
Tras la condena del pasado jueves a los abogados Arantza Zulueta, Jon Enparantza, Naia Zurriarain e Iker Sarriegui, el denominado «frente jurídico» de ETA, ya han sido desmanteladas todas las ramificaciones de la organización terrorista que durante medio siglo sembró de sangre y bombas España.
Tal y como asegura Dignidad y Justicia, parte personada en la causa, «era necesaria esta condena para cerrar definitivamente el círculo de la trama civil de ETA, esas organizaciones satélites que han ayudado a sus fines tanto en el terreno político (Batasuna, Euskal Herritarrok), como en el de los presos (Gestoras Pro Amnistía), en el juvenil (Segi) o de medios de comunicación (Egin y otros)».
Terreno político
En el terreno político, el brazo más visible era Herri Batasuna, que pasó a ser Euskal Herritarrok y finalmente se quedó como Batasuna. Estas tres organizaciones fueron declaradas ilegales por el Tribunal Supremo el 17 de marzo de 2003. Según la sentencia del Supremo, «los partidos ilegalizados son el complemento político de ETA y forman parte de una estrategia común con la banda».
Esta decisión supuso que ETA no tuviera un altavoz político hasta mayo de 2011, cuando el Tribunal Constitucional rectificó la decisión del Supremo respecto a la existencia de Bildu.
Presos
En el aparato de apoyo a los presos etarras, las Gestoras Pro Amnistía fueron ilegalizadas por el Supremo el 16 de octubre de 2009. En teoría, este colectivo se encargaba de la asistencia jurídica, económica y sanitaria a los presos de ETA. Sin embargo, el juez Baltasar Garzón afirmó en el auto de prohibición de Gestoras en 2001 que «dentro de la estructura de ETA, Gestoras Pro Amnistía se encarga de la captación de militantes para la mencionada banda terrorista, de la promoción y coordinación de actividades de 'presión social' ejercida a través de la violencia callejera».
Imitación de celda instalada en Pamplona por la plataforma de apoyo a los presos etarras Sare, en 2018
Organizaciones juveniles
El 19 de enero de 2007, el Tribunal Supremo declaraba ilegal las organizaciones juveniles Jarrai, Haika y Segi. Cada una de ellas nacía una vez que la anterior era ilegalizada. El propio Ministerio del Interior declaró que esta Segi era «la organización de la izquierda abertzale más ortodoxa y de mayor fidelidad a ETA».
Incidentes provocados por organizaciones juveniles en una huelga de estudiantes en Pamplona, en 2017
De estas organizaciones juveniles salían los grupos que provocaban los altercados en las calles y, posteriormente, se integraban en la organización terrorista. De hecho, prácticamente todos los jefes de los asesinos de la década de los 2000 pasaron por Jarrai.
Medios de comunicación
El punto de los medios de comunicación fue el más complicado. El cierre del diario Egin el 15 de julio de 1998 supuso el inicio de la lucha contra las ramificaciones civiles de ETA. Un año después, el propio juez que había ordenado su cierre, permitía su reapertura, pero para entonces la empresa editora se había declarado en quiebra y, además, había surgido el diario Gara. Distinto nombre para una misma función, dar voz a los postulados de la izquierda abertzale.
Desde 1998
La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) afirmó el jueves que «con esta sentencia, la última de toda una serie de macrojuicios contra el entorno de ETA, se confirma la tesis que desde el año 1998 se venía defendiendo tanto por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y de la AVT de que «sí, todo ese entramado político, económico y social es ETA».
Así pues, el 31 de marzo de 2021 pasará a la historia como el día en que finalmente se culminó el desmantelamiento civil de la banda terrorista ETA.
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