Al banquillo 18 acusados del caso Mercasa por una red de sobornos en Angola

El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha enviado a juicio a 18 procesados en la pieza del caso Mercasa relativa a la presunta trama de sobornos a funcionarios de Angola a cambio de contratos entre 2006 y 2016, unos hechos por los que deberán abonar una fianza de más de 22 millones de euros.

Es una de las ramas del procedimiento abierto en torno a los contratos de esta empresa pública y que en este caso se ciñe a las presuntas irregularidades en aquellos suscritos en dicha década para la construcción de un mercado mayorista en Luanda, mediante el supuesto pago de comisiones a autoridades y funcionarios públicos angoleños.

Tras recibir los escritos de Fiscalía, que reclama penas de prisión y multas millonarias, y del resto de acusaciones, el juez ha dictado auto de apertura de juicio oral contra casi una veintena de personas y cuatro mercantiles, en el que además les impone el pago de 22.206.894 euros de fianza para asegurar las responsabilidades pecuniarias que en su caso se pudieran decretar.

Entre las personas a las que sienta en el banquillo se encuentran los hermanos José Manuel y Francisco Javier Pardo de Santayana, responsables de Incatema, considerados por los investigadores parte de la «cabeza» del entramado, y el empresario José Herrero de Egaña.

Las sociedades en su caso son Mercasa -que ostenta la doble condición de acusación y acusada-, el Consorcio Mercasa Incatema Consulting ( CMIC) a Incatema Consulting & Engineering SLS.L. y Tuy Cincuenta S.L.

Quien no se enfrentará a un juicio será el expresidente de Mercasa Eduardo Ameijide después de que el juez le sacara de la causa a petición de la Fiscalía.

Contratos «sin contenido real»

Las acusaciones consideran que con actuaciones como las investigadas se pudo incurrir en delitos como corrupción en las transacciones económicas internacionales, malversación, blanqueo de capitales, delito continuado de falsedad documental o delito de organización criminal o subsidiariamente asociación ilícita.

El antecesor del juez Pedraz, José de la Mata, investigó durante años los contratos obtenidos en Angola por el consorcio de empresas CMIC con la entidad Presild Nova Rede (Programa de Reestructuración Logístico de Distribución) del Ministerio de Comercio de aquel país, para construir un mercado mayorista en la capital de Angola, Luanda.

Al concluir la investigación, detalló la participación del comisionista prófugo de la Justicia, Oliveira Taveria, varias sociedades y otras personas que, según el juez, se pudieron embolsar 20 millones de euros con la cobertura de supuestos contratos de agencia y servicios inexistentes.

El juez concluyó que para canalizar los supuestos sobornos a autoridades y funcionarios públicos se concertaron acuerdos de consultoría y agencia con terceros, a quienes pagaban en forma de comisión un porcentaje de la suma del contrato público conseguido.

Todos los contratos investigados eran instrumentales, sin contenido real; su única finalidad era, según la investigación, dar cobertura jurídica al pago de las comisiones.