Decreto Ucrania
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha vuelto a respirar este miércoles tras contar con los votos de Bildu que le han asegurado la convalidación de su decreto anticrisis. Con lo que no contaban es con la iniciativa que el partido de Santiago Abascal registró la semana pasada en la Cámara Baja y que han presentado esta misma mañana.
Mientras que estaba sobre el aire la postura del PP de Alberto Núñez Feijóo, quienes finalmente han votado en contra, la de Vox ha sido algo más contundente.
Con la firma de seis de sus diputados, encabezados por la aún no confirmada candidata para la Junta de Andalucía, Macarena Olona, el partido conservador ha presentado esta jornada una «Proposición No de Ley relativa a la reversión de la pobreza energética y la promoción de un Plan Nacional de Soberanía Energética».
En el documento, al que ha tenido acceso este medio, se exige que sea España la que «decida en qué invierte y cómo explota sus recursos naturales para reducir su dependencia energética». Entre otras medidas que están en línea con la famosa 'Agenda España' de Abascal, el citado Plan Nacional insta a una reducción drástica tanto del IVA como del Impuesto sobre la Electricidad.
De su lectura se detrae la total oposición al Real Decreto-Ley impulsado por Sánchez puesto que, según Vox, «no tiene por objeto cambiar el sistema eléctrico o reducir la carga impositiva de la energía, ya que son ayudas que salen del bolsillo de los españoles» y, por ende, «un parche, esto es, medidas de carácter temporal» que huyen de las reformas.
Además de la reducción de la fiscalidad energética, los de Vox proponen crear y convocar un comité técnico de expertos para el diseño del Plan Nacional que se marque tres objetivos: el logro de una energía barata, sostenible, eficiente y limpia; preciso de luz asequibles tanto para las familias como para las empresas españolas; y la reducción de la dependencia energética de terceros países.
También, que el importe recaudado de los derechos de CO2 se destine a rebajar la factura de la luz y que se acometan reformas estructurales tales como: la reducción del gasto público, la extensión de la vida útil de las centrales nucleares, o la promoción en la Unión Europea de la cancelación de nuevos derechos de emisión de gases de efecto invernadero, entre otras muchas.
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