Alberto Luceño entra en la comisaría para firmar
Caso Mascarillas
El juez fiscaliza las empresas de Luceño en busca de 4 millones de euros para la fianza
El empresario madrileño, al que el magistrado ha retirado el pasaporte e impuesto la obligación de comparecer cada quince días en el juzgado, asegura no disponer de capital para hacer frente al pago
Alberto Luceño contestaba a las cuarenta y ocho horas de plazo dado por el juez Adolfo Carretero para atender la fianza de cuatro millones de euros impuesta por el instructor del caso Mascrillas, asegurando su «imposibilidad de hacer frente al pago de la fianza interesada» para garantizar la futura y eventual cobertura de la responsabilidad de los delitos por los que está siendo investigado. Por ello, en una providencia dictada este jueves, a la que ha tenido acceso El Debate, Carretero ha ordenado la averiguación patrimonial íntegra de la empresa de Luceño -Takamaka Invest SL- a través del «Punto Neutro Judicial» a fin de comprobar si, efectivamente, como asegura el empresario madrileño no dispone de fondos o patromonio suficiente para atender la medida impuesta esta misma semana.
Comisiones por mascarillas
El juez da 48 horas a Alberto Luceño para abonar una fianza de 4 millones
Además, el magistrado instructor ha ordenado librar un oficio a la Agencia Tributaria para que se informe al juzgado sobre los bienes muebles e inmuebles propiedad de Luceño o de la mercantil de la que es titular, y a través de la cual se facturó el importe correspondiente a la venta del material sanitario contratado con el Ayuntamiento de Madrid, en el extranjero.
Todo ello, «sin perjuicio de los bienes y saldos en cuentas corrientes ya embargados» por el juez entre los que se encontraba un piso en Pozuelo, valorado en 1.107.400 de euros, varios vehículos por importe de 946.136,66 euros y el saldo de sus cuentas corrientes hasta los 129.140,70 euros.
El juez apuntó que el importe de las responsabilidades exigibles a Luceño alcanzaba los 6.206.644 euros, por lo que conforme al artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal debía fijarse una fianza de 4.023.966,94 euros, tal y como solicitó, además, el fiscal Anticorrupción. Una fianza que podría verse ampliada en el caso de que su socio Luis Medina no atendiese el pago de la suya propia que ronda los 900.000 euros, al tratarse de una obligación solidaria por la totalidad de las responsabilidades civiles.
El Sepblac y el Tribunal de Cuentas
En un nuevo escrito aportado por el fiscal de la causa al juez instructor se ha puesto en su conocimiento la existencia de una sociedad bajo el nombre Sextante Trade Desk cuyo «socio único y administrador es Luis Ramón Medina Abascal» de la que «solo consta inscrito el acto inicial constitutivo».
Una sociedad que, según un informe aportado a la Fiscalía por el Sepblac, el pasado 28 de abril, «es titular de dos cuentas activas en Banco Santander», un «contrato de renting en Banco Santander» y cuyo «objeto del contrato es un vehículo marca Jeep, modelo Wrangler».
Además, el Ministerio Público ha solicitado al magistrado que incorpore al procedimiento «el informe del Tribunal de Cuentas» en el que consta «la fiscalización de los contratos tramitados de emergencia por los Ayuntamientos de los municipios con población superior a 300.000 habitantes para atender las necesidades derivadas de las medidas adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria causada por el Covid-19, ejercicio 2020, disponible en la página web del Tribunal de Cuentas». Y, al mismo tiempo, se incluya «la nota de prensa emitida por el Comité español de la Cámara de Comercio Internacional sobre la falsa atribución a la Cámara de Comercio Internacional (ICC) del modelo de contrato usado en la compraventa de mascarillas por parte del Ayuntamiento de Madrid, con sus anexos».
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