El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida
'Caso Mascarillas'
La dos estafas al Ayuntamiento de Madrid por contratos covid que investiga la Justicia
Los empresarios madrileños Luis Medina y Alberto Luceño y un consultor neoyorkino, bajo la lupa de los tribunales por, presuntamente, estafar al Consistorio de la capital en la compra de mascarillas en pandemia
el Ayuntamiento que dirige José Luis Martínez Almeida está determinado a defenderse del presunto engaño del que, pese a la excepcionalidad de la situación y la urgencia, presuntamente fue víctima, y con él todos los madrileños, durante los meses más duros de la crisis sanitaria del coronavirus. Dos operaciones de compraventa de mascarillas distribuidas, al menos, en cuatro contratos, están bajo el foco de la Justicia por el supuesto engaño al Consistorio de la capital en la compraventa de material sanitario en pandemia. Tres sospechosos, los socios madrileños Alberto Luceño y Luis Medina; y el propietario de la consultora Sinclair & Wilde podrían tener que responder ante los tribunales si las pesquisas demuestran que su intermediación fue determinante para que se consumasen las estafas.
'Caso Mascarillas'
Desde que saltase a la luz pública que el hijo del fallecido Duque de Feria y Naty Abascal, Luis Medina, y su socio Alberto Luceño estaban siendo investigados, desde 2020, por la Fiscalía Anticorrupción, el Ayuntamiento de Madrid no ha hecho más que defenderse de las sombras de duda en la gestión de los contratos gestionados desde la empresa municipal de Servicios Funerarios (SFM) para adquirir material sanitario –fundamentalmente test, guantes y mascarillas– en los primeros meses de aquel fatídico año, bajo el primer estado de alarma declarado por el Gobierno de Pedro Sánchez.
El juez encargado de investigar lo ocurrido, el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, se dirigía formalmente contra los amigos por haber intentado ocultar al Ayuntamiento de Madrid, «con engaño y animo de lucro», las elevadas comisiones que se llevaron por la venta de material sanitario en el «peor momento de la pandemia». Unos hechos por los que ambos están siendo investigados, hasta tal punto, que el magistrado decidía imponer a ambos fianzas elevadas –cerca de 900.000 euros en el caso de Luis Medina– para reservar fondos suficientes con los que hacer frente a la responsabilidad civil derivada de una posible condena por lo ocurrido.
La sorpresa del magistrado descubrir que, una vez impuestas las cantidades, ninguno de ellos contaba con depósitos bancarios ni con bienes suficientes para garantizarlas. Luis Medina era, entonces, imputado por un cuarto delito en la causa, el alzamiento de bienes, tras retirar de su banco todos los fondos y dejarlo en un saldo que a duras penas superaba los 200 euros. Además, se le bloqueaban algunas mínimas propiedades como el yate, valorado en algo más de 300.000 euros que adquirió con los ingresos de su operación con el Ayuntamiento.
Alberto Luceño, por su parte, veía embargado un piso en Pozuelo –presuntamente adquirido con el pelotazo de la operación del Ayuntamiento– y varios vehículos de gama alta que también habría comprado con el dinero ganado en la operación comercial investigada.
Para salvar este escollo, Luis Media ponía a disposición del juez el patrimonio hereditario del que es beneficiario tras el fallecimiento de su abuela, la duquesa de Medinaceli, y que rondaría los cuatro millones de euros, según una reciente sentencia de un juzgado de Sevilla con el que el instructor Carretero, ya está en contacto. En el caso de Luceño, su abogado presentaba un escrito justificando al detalle el estado de su situación financiera y fijando el compromiso de responder puntualmente con el dinero pendiente de cobrar de su empresa, la misma que vendió el material al Ayuntamiento –Takamaka– por otros negocios prestados y ya finalizados. Una estrategia que, por el momento, ha dado resultado.
Sin embargo, y tras escuchar las versiones de ambos durante la declaración prestada en la madrileña sede de los juzgados de Plaza de Castilla, que El Debate publicó en primicia, a petición de las acusaciones populares ejercidas por Podemos y Más Madrid, el magistrado retiraba el pasaporte a Medina y Luceño y les imponía la obligación de comparecer, cada quince días, en sede judicial como medida cautelar para evitar su salida del país.
Días más tarde la Fiscalía rechazaba ante el instructor la imputación del gerente de la funeraria municipal, instada por Más Madrid, por un presunto delito de falsedad documental, a raíz de ciertas «diferencias» en las cartas de encargo entregadas por el Ayuntamiento durante la investigación de la causa. Eran los servicios jurídicos municipales los que explicaban pormenorizadamente las mínimas discrepancias en la documentación que, a juicio del Ministerio Público, no eran objeto de irregularidad alguna por lo que descartaba la petición de la formación de izquierda.
El último capítulo en la causa que investiga el juez Adolfo Carretero es la citación a declarar como testigo que el magistrado ha emitido sobre la profesora de Universidad que facilitó a Luis Medina el contacto del primo del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, para ofrecer la venta de material sanitario al inicio de la pandemia, según el mismo Medina reconoció en su comparecencia.
María Díaz de la Cebosa, presidenta de la universidad CIS University, responderá a las preguntas que le planteen el juez, la Fiscalía y las partes, el próximo 9 de mayo. El mismo día en que está citada como testigo la coordinadora de Presupuestos y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado. En el mismo auto, el juez también cita como testigo a Javier Martín Moreno, trabajador de una entidad bancaria. Además, da traslado a las partes personadas para que se pronuncien sobre la condición de la citación del primo de Almeida, ya que Podemos pidió que declarase como investigado y el resto en calidad de testigo.
'Caso Mascarillas 2'
Una segunda estafa valorada en más de un millón de euros a la que, ahora, la Policía Judicial ha puesto nombre se ciñe sobre el Consistorio madrileño que ya ha pedido al magistrado encargado de la investigación personarse como perjudicado directo en la causa.
En este caso, el titular del Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid baraja la reapertura de una investigación iniciada el pasado mes de julio –y archivada provisionalmente por falta de pruebas– tras la identificación del posible autor de un supuesto delito en la venta de un lote de mascarillas defectuosas; así, como, la futura y eventual personación del Ayuntamiento en el procedimiento.
La supuesta estafa de 1,2 millones de euros estaba siendo objeto de rastreo por parte de la Policía Municipal de Madrid que, finalmente, ha conseguido dar con el proveedor estadounidense que suministró una partida defectuosa de medio millón de mascarillas al Consistorio de la capital. Se trataría del propietario de la consultora Sinclair & Wilde, intermediario quien, en un principio se pensó que vivía en Nueva York al tener la empresa una dirección postal ubicada en dicha ciudad norteamericana, pero que ahora ha sido localizado en Madrid.
Pese a que se trata de dos operaciones diferentes, sin relación entre sí, lo cierto es que el sumario judicial de la causa que sigue el juez Adolfo Carretero contra los empresarios Medina y Luceño incluía un informe de la Policía Municipal relativo a esta segunda estafa en el que se alertaba de que la documentación facilitada no se correspondía con las certificaciones preceptivas que exige ni la Unión Europea (UE) ni de España, en este tipo de suministros de material sanitario, «incluyendo documentos que se indican para otros productos como pueden ser los cosméticos».
Más Madrid ya ha presentado un escrito pidiendo al juez que reabra el caso mascarillas dos 'Sinclair & Wilde', además de personarse como acusación popular en el mismo. La portavoz de la formación, Rita Maestre, acudía este jueves a Plaza Castilla para presentar un escrito al juez solicitando que se reabran las diligencias por el caso.
«Desgraciadamente tenemos que volver a los juzgados a poner en conocimiento del sistema judicial los desmanes que presuntamente se hicieron en el Ayuntamiento durante los peores meses de la pandemia. Volvemos para tratar de encontrar 2,5 millones de euros de impuestos, de dinero público que presuntamente han ido a parar a otra estafa, por la que se pagaron a cambio de unas mascarillas que nunca pudieron utilizarse», explicaba Maestre.
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