José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid
Caso Mascarillas
La Fiscalía da la razón a Almeida y rechaza nuevas imputaciones por falsedad como pedía Más Madrid
El Ministerio Fiscal se ha opuesto a la citación del gerente de la empresa de Servicios Funerarios Madrileños como pedía la acusación particular
La Fiscalía respalda al alcalde José Luis Martínez Almeida en sus alegaciones y rechaza ampliar las actuales imputaciones en el conocido caso mascarillas, en el que los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño presuntamente estafaron al consistorio en la venta de material sanitario, durante los primeros meses de la pandemia. Tal y como avanzó ayer El Debate en primicia, los Servicios Jurídicos del ente municipal desmontaron las acusaciones de falsedad documental de Más Madrid para oponerse a que el juez que investiga la causa citase al gerente de la empresa de Servicios Funerarios de Madrid (SMF).
Así lo ha entendido el Ministerio Público que, en una comunicación dirigida al titular del Juzgado de instrucción número 47 de Madrid, ha rechazado «ampliar la investigación a los hechos relatados» en la acusación planteada por Más Madrid, el pasado 20 de abril de 2022, «ni citar en calidad de investigado a personas distintas de los actuales querellados», los socios Medina y Luceño.
Pese a que los fiscales reconocen que «las cartas de encargo que constan en las actuaciones» judiciales que se siguen para esclarecer los ocurrido «presentan diferencias». «Coinciden», tal y como defendieron en el escrito remitido este miércoles por los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Madrid, «en todo caso la fecha del documento, la identidad de las personas que lo firman y su contenido» ya sea «por su mención expresa en el cuerpo del documento o por referencia al contrato que se adjunta».
«Por lo tanto», sostiene la Fiscalía, que «no se ha alterado ningún elemento o requisito esencial de los documentos» que puedan ser objeto de sospecha. «Contrariamente» a lo que afirmó Más Madrid «la remisión de estos documentos» señalados por la formación de izquierda «no ha supuesto ningún obstáculo para la investigación llevada a cabo por la Fiscalí, como no lo ha supuesto ninguna otra actuación del Ayuntamiento de Madrid o de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios de Madrid, que han respondido puntualmente a todos los requerimientos formulados», ha zanjado rotundamente el Ministerio Público.
Espaldarazo al Ayuntamiento
Los asesores legales de Martínez Almeida desmontaban la tesis de la oposición -recogida en su solicitud de 20 de abril de 2022- que instó al Juzgado «la ampliación del objeto de la investigación» a unos hechos que, a su juicio, «podrían dar lugar a un presunto delito de falsedad en documento público». En el punto de mira, las presuntas diferencias entre las cartas de encargo aportadas a la Fiscalía por la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A., el 21 de diciembre de 2020, y las enviadas por el Ayuntamiento de Madrid mediante oficio del 5 de abril de 2021.
«Contrariamente» a lo que afirmó Más Madrid «la remisión de estos documentos» del Ayuntamiento señalados por la formación de izquierda «no ha supuesto ningún obstáculo para la investigación»
Tal y como ahora ha recogido la Fiscalía, el contenido de todos los documentos aportados por el propio Consistorio, en el marco de la investigación, y de las entidades públicas vinculadas a este es el mismo en «lo esencial».
En primer lugar, «respecto de las cartas de encargo, no parece que nos encontremos ante documentos alterados o simulados, sino que parece tratarse de documentación diferente, en atención a que cumpliría finalidades diferentes», asegura el letrado público para desmontar las dudas a las que Más Madrid apuntaba sobre el anexo incorporado al Convenio suscrito, el pasado 23 de marzo de 2020, entre el Ayuntamiento y la Sociedad Funeraria Madrileña para «garantizar el suministro de materiales sanitarios y de seguridad del personal del Ayuntamiento de Madrid como consecuencia de la epidemia provocada por el COVID-19».
En dicho acuerdo, el Ayuntamiento quedaba habilitado para «formalizar documentalmente sus necesidades de suministro», a través de diferentes cartas de encargo, remitidas por la propia entidad funeraria a Fiscalía, y que «sirvieron para la ejecución de los contratos de emergencia en una situación excepcional de confinamiento y bajo la vigencia del estado de alarma decretado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada» por el coronavirus.
Las contrataciones de emergencia relativas a las mascarillas, test y guantes incorporaban una serie de documentos entre los que se incluían las citadas cartas de encargo. Pero, también, «los contratos suscritos con la mercantil Leno, la correspondiente factura proforma, las órdenes bancarias de pago y documentación sobre las características de los productos objeto del contrato» sin que, por ley, exista «una enumeración» cerrada «de los documentos precisos que deben configurar el expediente administrativo» previo a las compras, «pudiendo variar en cada caso» y destacando -expresamente- el hecho de que estas contrataciones de emergencia podían llevarse a cabo «sin obligación de tramitar expediente de contratación».
No en vano, la documentación que se envió desde el Ayuntamiento de Madrid a Fiscalía «con posterioridad, dentro de la cual se encuentran las cartas de encargo» constituyen la misma información «que se entregó a la Junta de Gobierno a los efectos de dar cuenta de estos contratos de emergencia ya celebrados «con la mercantil Leno», defendió el abogado del Ayuntamiento ante el magistrado instructor Adolfo Carretero para oponerse, frontalmente a la investigación del gerente de la SFM que ahora ha avalado el fiscal.
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