20 de mayo de 2022

Irene Montero durante un acto del partido

Irene Montero, durante un acto del partidoEFE

Mucho ruido y pocas nueces

De la Ley Trans al Aborto: Igualdad se convierte en la mayor fábrica de humo del Gobierno

Cuando quiere desviar la atención, Sánchez saca a la palestra alguno de los proyectos que Montero tiene entre manos. Ninguno ha sido aprobado en casi dos años y medio de legislatura, pero es lo de menos

La oposición habla de «cortina de humo» que «solo sirve para cambiar la conversación», en palabras de Alberto Núñez Feijóo. Y lo cierto es que el Gobierno lo ha conseguido.
En medio de la crisis del espionaje, la mayor de la legislatura entre Pedro Sánchez y Esquerra, el presidente ha logrado que el debate no sea la escabechina en el CNI. Ni tampoco las concesiones del Ejecutivo al independentismo. Sino una ley que ni siquiera entrará en vigor este curso. Es más: muy probablemente no estará aprobada antes de fin de año.
El Gobierno ha metido a empujones la futura nueva Ley Orgánica de la Salud Sexual y Reproducida y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, o Ley del Aborto, en la actualidad política. Arrastrando al PP a las controversias sobre la baja médica por menstruación dolorosa, las listas negras de médicos objetores y la supresión del permiso paterno para las menores de 16 y 17 años que quieran abortar.
«Ya estoy acostumbrado a que cada vez que hay un grave problema en España, el objetivo es crear un tapado», se quejó Feijóo. Porque lo que llevará Irene Montero al Consejo de Ministros el próximo martes es un anteproyecto de ley al que le espera un trámite largo, máxime tratándose de una ley orgánica (que afecta a derechos fundamentales).
Luego deberá ser remitido a los órganos consultivos del Estado –como el CGPJ– para que emitan sus informes. Más tarde volverá al Consejo de Ministros para ser aprobado como proyecto de ley y, después, enviado al Congreso. Allí el Gobierno deberá sortear las previsibles enmiendas a la totalidad que presenten el PP y Vox –al menos–. Y, después, hacer concesiones a sus socios para incorporar enmiendas parciales y poder aprobarla. Por mayoría absoluta de 176 votos. De ahí, al Senado. Serán meses de andadura, en el mejor de los casos.

Sánchez usa la estrategia recurrente de sacar a la palestra proyectos de Igualdad para desviar la atención

El Ministerio de Igualdad se ha convertido en una gran fábrica de humo y distracción cuando a Sánchez le conviene desviar la atención, aun a costa de provocar no pocos enfrentamientos en su Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. Lo han hecho en distintos momentos de la legislatura con la Ley de la Libertad Sexual (o del solo sí es sí), la Ley Trans y LGTBI y la Ley Integral contra la Trata, las tres con rango de ley orgánica. Y ninguna de ellas está aprobada aún.
Manifestación del 8M

Manifestación del 8MGTRES

El caso de la Ley de la Libertad Sexual es paradigmático. El Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto hace más de dos años, en marzo de 2020. Y después de un tortuoso camino, sigue sin haber recibido luz verde: actualmente está en manos de la Comisión de Igualdad del Congreso, a punto de ser elevada al pleno.
La Ley Trans va mucho más retrasada. El anteproyecto que aprobó el Consejo de Ministros el año pasado está aún siendo revisado por los órganos consultivos. De entrada, el pasado mes de abril el CGPJ emitió un informe crítico. La Ley Integral contra la Trata no es, ni siquiera, un anteproyecto todavía. En su concepción ha habido tira y afloja entre Montero y la ministra de Justicia, Pilar Llop, que quiere llevar las riendas.
En realidad, se suponía que Igualdad iba a ser un Ministerio hiperactivo, pero hasta la fecha las Cortes han aprobado una única ley suya, la de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género. Y porque en realidad es fruto de la convalidación de un real decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros en marzo de 2020, en los primeros azotes de la pandemia (por tanto no siguió la tramitación habitual).

Otras leyes ideológicas

Hasta la fecha, Sánchez ha conseguido aprobar la Ley de la Eutanasia –en pleno estado de alarma–, la Ley Celaá y la reforma del Código Penal que castiga con penas de cárcel de hasta un año los rezos y vigilias junto a las clínicas abortivas.
A mayores, está intentando desbrozar el camino de otras de las leyes más ideológicas del Gobierno, que la oposición califica de «frentistas». Pero lo más llamativo es que no son el PP, Vox y Cs los que están entorpeciendo su tramitación, sino los socios de Sánchez. Y, más en particular, Esquerra. Ocurre con la Ley de Memoria Democrática, la de Vivienda y la de Seguridad Ciudadana.
El portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián

El portavoz parlamentario de ERC, Gabriel RufiánEuropa Press

La primera está varada en la Comisión Constituyente del Congreso, porque los independentistas reclaman que incorpore la posibilidad de juzgar los crímenes del franquismo (algo que colisiona con la Ley de Amnistía de 1977).
En el caso de la Ley de Vivienda, que abre la posibilidad de limitar los precios de los alquileres, ERC se queja de que invade competencias autonómicas. Actualmente, el Gobierno negocia con Esquerra el texto definitivo en el marco de la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de la Cámara Baja.
La nueva Ley de Seguridad Ciudadana, con la que el Gobierno quiere derogar la que la izquierda llama «ley mordaza» lleva cuatro años de negociaciones. Y sigue sin acuerdo entre socialistas, Unidas Podemos y los independentistas.

Un «proceso participativo» peculiar

Para elaborar el anteproyecto de la Ley del Aborto, el Ministerio de Igualdad abrió lo que llamó un «proceso participativo» que, en realidad, no fue tal. Las responsables del Ministerio mantuvieron más de una veintena de reuniones, a veces con Montero y otras no. Pero sucede que todas las asociaciones que fueron llamadas a consultas eran proabortistas, como publicó El Debate en noviembre.
​Entre ellas, la Comisión por el Derecho al Aborto de Madrid, el Parto es Nuestro, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Salud Pública, la Federación Estatal de Planificación Familiar y representantes de colegios profesiones y asociaciones de ginecología, obstetricia y psicología.
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