La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, durante la segunda reunión de la XIII legislatura del Congreso de los Diputados, el 17 de septiembre de 2019
Tribunales
El Constitucional examinará por tercera vez la legalidad de las decisiones de Batet
El Pleno del órgano de Garantías delibera, este jueves, el recurso planteado por el PP tras la negativa de la presidenta del Parlamento a solicitar el expediente íntegro de los indultos del procés. La ponencia, del magistrado Montoya, es favorable a la admisión
No hay dos sin tres, tampoco para la presidenta del Parlamento español Meritxell Batet quien –cumpliendo el refranero popular– a partir de este jueves se enfrentará a una nueva revisión, la tercera, de la legalidad de sus decisiones. El Constitucional abordará, en el Pleno convocado esta semana, la petición del grupo popular en el Congreso contra la decisión por la que, el 13 de septiembre de 2021, la socialista denegó la petición del PP de conocer el contenido íntegro del expediente utilizado por el Gobierno de Pedro Sánchez para justificar los indultos del procés. La propuesta del ponente, el magistrado Alfredo Montoya, será favorable a la posición mayoritaria de admisión del recurso, presentado el pasado día 9 de diciembre, tal y como ha podido saber El Debate. Si bien fuentes próximas a la causa han apuntado a la más que previsible «oposición», inicial, de algunos de los miembros del Tribunal.
En plena disquisición jurídica sobre la «motivación» de la medida de gracia concedida por el Ejecutivo a los políticos separatistas catalanes condenados por sedición y malversación, en el Supremo, el Constitucional entrará en materia para decidir sobre el amparo planteado por la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, contra la decisión de la Batet, de no solicitar al Gobierno los expedientes completos de los indultos concedidos a los líderes del procés.
Fue el pasado 23 de junio cuando el PP, instaba ante la Mesa de la Cámara una solicitud de informe –tanto al Ministerio de Justicia como a la Presidencia del Gobierno– para que recopilasen todos los documentos que conformaban el dossier en base al que el Consejo de Ministros puso en libertad a los nueve presos encarcelados. Un propósito rechazado de plano por Batet lo que, a juicio de Gamarra, supuso una vulneración de sus derechos fundamentales como parlamentaria.
Así las cosas, el Constitucional tendrá que arbitrar el conflicto surgido de la decisión presidencial en el Hemiciclo, una vez superado el trámite de admisión. En el fondo del asunto, dilucidar si las decisiones de Batet se adecúan al marco de sus competencias como titular de una institución colegiada. Dos precedentes engrosan la dudosa legalidad de algunas sus resoluciones, por razones de transparencia o unilateralidad: el segundo estado de alarma constitucional, que dejó el Parlamento sin actividad; y, más recientemente, la retirada del acta de diputado al exmiembro de Podemos, Alberto Rodríguez, que ya ha sido incorporada por el mismo Pleno a las cuestiones del Tribunal.
El 'cerrojazo' parlamentario
A finales del pasado año, el propio Constitucional concluía –seis votos contra cuatro– que con el Real Decreto por el que se estableció el segundo estado de alarma durante la pandemia quedó «cancelado» el «régimen de control» que, «en garantía de los derechos de todos», corresponde al Congreso de los Diputados. Una medida del Gobierno que contó con la complacencia de la presidenta del Parlamento, Meritxell Batet, y que fue declarada inconstitucional por tener un carácter no razonable o infundado.
En una extensa sentencia de 113 folios, que incorporó varios votos particulares, los magistrados del Tribunal estimaron el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Vox contra el decreto del Gobierno de Pedro Sánchez.
El Constitucional determinó que a raíz del segundo estado de alarma el Congreso quedó «privado» y luego se le «desapoderó» de «su potestad para fiscalizar y supervisar la actuación de las autoridades gubernativas» durante la prórroga de seis meses.
El Tribunal insistía, además, en que «quedó así cancelado el régimen de control que, en garantía de los derechos de todos, corresponde al Congreso de los Diputados bajo el estado de alarma». En este sentido, ha subrayado que dicho control parlamentario, que está al servicio también de la formación de una opinión pública activa y vigilante, «no puede en modo alguno soslayarse durante un estado constitucional en crisis». Primer tirón de orejas al silencio de Batet sobre la cuestión.
Los derechos políticos, ¿vulnerados?
En segundo término, el Constitucional revisará los dos recursos planteados por el exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez contra la sentencia del Supremo, que le condenó por patear a un policía; y, contra la decisión de la presidenta del Congreso –la socialista Meritxell Batet– de retirarle el acta parlamentaria. El escaño de Rodríguez, vacante desde entonces, ha quedado pendiente de la futura y eventual decisión que los magistrados del órgano constitucional tomen sobre el fondo de ambos asuntos, reunidos en el próximo Pleno quincenal, para los que no han tomado medidas anticipadas.
En aquella ocasión, el Tribunal de Garantías daba luz verde a la petición del exparlamentario de supervisar, en amparo, por una parte, la adecuación del fallo de la Sala Segunda que le sentenció a un mes y medio de prisión e inhabilitación para el ejercicio de cargo público durante período equivalente, por un delito de atentado contra la autoridad cometido en Canarias, en 2014. Y, por otra, la legalidad de la resolución de Batet que le dejó sin cargo, tras una agria polémica política y judicial que llegó a enfrentar, en clave institucional a la titular de la Mesa del Parlamento con el presidente de la Sala Segunda del Supremo, el magistrado Manuel Marchena.
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