La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su intervención en la inauguración de Madrid and the New Middle East, este lunes
Como adelantó El Debate
Anticorrupción archiva la investigación sobre el contrato de mascarillas del hermano de Ayuso
El fiscal jefe señala que Ayuso «no ha intervenido en el procedimiento» porque el Consejo de Gobierno «no es un órgano de contratación en la Comunidad de Madrid»
La «ausencia de indicios de la comisión de infracciones penales» ha llevado a Anticorrupción al archivo de las diligencias de investigación que abrió Anticorrupción sobre la presidenta madrileña al hilo de las presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato de suministro de mascarillas a la empresa Priviet Sportive SL , para la que realizó algunas gestiones el hermano mayor de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y por el que habría cobrado 55.000 euros. Como ya adelantó El Debate, el cierre del caso, que se inició a instancias de una denuncia presentada por el PSOE, Podemos y Más Madrid, se encontraba a finales de abril -y tras la declaración de Tomás Díaz Ayuso- a la espera del visto bueno de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado.
En el decreto en el que se recoge la decisión adoptada por el fiscal jefe del Departamento, Alejandro Luzón, se ha señalado cómo la investigación ha permitido descartar la existencia de alguna conducta penalmente relevante en ese proceso de adquisición de mascarillas, y subraya, asimismo, y de manera expresa que Isabel Díaz Ayuso «no ha intervenido en el procedimiento» porque el Consejo de Gobierno «no es un órgano de contratación en la Comunidad de Madrid».
Así las cosas se ha descartado, adicionalmente «cualquier trato de favor» de la titular de la Asamblea a beneficio de su hermano en el caso de los contratos de suministro de material sanitario suscritos con Priviet Sportive SL.
Y es que en el texto que se ha hecho público hoy, Anticorrupción ha detallado cómo la presidenta de la Comunidad «sólo tiene en algunos contratos de tramitación ordinaria la facultad de autorizar o aprobar su tramitación con carácter previo, por encima de determinados umbrales de precio máximo de licitación que, en el supuesto investigado, no se han superado». Además, «al tratarse de un contrato de emergencia, la actuación del Consejo de Gobierno queda circunscrita, como queda dicho, a la recepción de la información contractual por parte de la Consejería a la que pertenece el órgano de contratación. Se trata de una mera recepción de información, una vez concluido el procedimiento de contratación y que no faculta al Consejo para alterar o anular las actuaciones del órgano de contratación».
«Ninguno de los miembros de los órganos unipersonales o colegiados que han intervenido en esta contratación y a los que les es aplicable» la ley vigente en esta materia -Ley 14/1995- «han estado obligados a inhibirse» en ningún acso, ahonda el fiscal jefe en su decreto de archivo. No en vano, conforme al artículo 4 de la norma, se han cumplido todas las obligaciones exigibles por «o bien se han limitado a realizar una comunicación (Consejero de Sanidad) o a recibir dicha comunicación (miembros del Consejo de Gobierno), o bien, en los casos en los que se han realizado actos con relevancia para dicha contratación (la Subdirectora general de Contratación, el Director General del Proceso Integrado de Salud, la Viceconsejera de Asistencia Sanitaria».
No se deduce del expediente seguido en la Fiscalía que ni «ellos, o sus cónyuges, de tenerlos, o sus familiares dentro del segundo grado hayan tenido interés en la sociedad Priviet. Tampoco de las actuaciones practicadas se infiere la existencia de algún supuesto deber de abstención contemplado en el art. 23.2 de la Ley 40/2015», concluye el fiscal Alejandro Luzón.
El fleco de la Fiscalía Europea
El pasado marzo, y tras el reclamo del expediente completo de la investigación por parte de la Fiscalía europea, Luzón se opuso con firmeza a que el Ministerio Público de la Unión Europea entrara en cuestiones que, a su juicio, afectaban a las Administraciones y a los funcionarios españoles, al considerar que «no hay base» apelar a un presunto delito de fraude a los intereses financieros de la UE. Una posición que recibió el aval de la Junta de fiscales de Sala reunidos, en Pleno extraordinario, por la fiscal general del Estado.
El fiscal jefe Anticorrupción ha archivado finalmente la investigación en lo que se refiere a los delitos de tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, fraude y falsedad, si bien no se pronuncia sobre posibles delitos de malversación, fraude a los intereses financieros de la UE y cohecho, «en escrupuloso respeto» de las competencias de la Fiscalía Europea, que mantiene abiertas sus pesquisas sobre varios contratos de la Comunidad de Madrid.
«En Madrid no ha habido corrupción»
Por su parte, la presidenta madrileña ha celebrado el archivo de la investigación aseverando que «en la Comunidad de Madrid no ha habido corrupción». «No he tomado una sola decisión desde que soy presidenta de la Comunidad de Madrid para ayudar a un solo familiar o a un solo amigo a beneficiarse del patrimonio de todos los madrileños», ha expresado en el Pleno de la Asamblea, donde comparece este jueves para explicar el nombramiento como vicepresidente del consejero de Educación y Universidades, Enrique Ossorio.
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