10 de agosto de 2022

Fachada principa del Pazo de Meirás

Fachada principa del Pazo de Meirás

Ley de Memoria Histórica

Nuevo incidente en el pleito del Gobierno contra los Franco por los muebles del Pazo de Meirás

El titular del Juzgado de primera Instancia número 1 de La Coruña tendrá que decidir sobre el contenido del histórico inmueble a la luz del inventario

Casi como de costumbre, cada vez que se aproxima el verano, se produce un nuevo incidente judicial en el periplo que enfrenta al Gobierno y a los Franco por los bienes del Pazo de Meirás. Una nueva vista oral celebrada, este jueves, ante el juez coruñés que conoce la causa por el histórico inmueble, es el último episodio de un pleito en el que el Ayuntamiento coruñés de Sada ha reclamado, en esta ocasión, todos los muebles del mismo excepto los que la familia Franco acredite haber instalado e su interior con posterioridad a 1975, año de la muerte del dictador.
El Juzgado de primera instancia número uno de La Coruña tendrá, por tanto, que decidir sobre el inventario disponible acerca del contenido del icónico Pazo gallego acerca de qué muebles deben quedarse en su interior, como parte indisoluble del mismo, «por destino o incorporación» y cuáles «se pueden llevar» los herederos del dictador, han apuntado a El Debate fuentes judiciales próximas a la causa.
Por su parte, la representación legal de la familia Franco ha calificado la cita judicial como un «incidente más de los miles que, con anterioridad, ha puesto el Gobierno para retrasar la retirada de los muebles por sus legítimos propietarios».

Un total de 50 objetos en pugna

En las cuestiones previas de la vista celebrada, una de las abogadas que representa a los Franco en el procedimiento, ha explicado que la familia renuncia a cinco de los bienes en discusión: un cordobán pintado situado en la capilla, un monolito de piedra y dos escudos de Franco. No en vano, se trata de bienes que, aún móviles, están insertados en el Pazo de Meirás, de tal modo que su extracción afectaría de forma estructural a la conformación física del mismo. A partir de esa renuncia inicial, serán un total de cincuenta las propiedades cuya titularidad se dirimirá en el proceso judicial que ha arrancado esta misma mañana.
La abogada también ha llamado la atención sobre que desde hace catorce meses «se está procediendo a la incautación de los bienes muebles», privando de su «uso» a sus «propietarios». Y ha recordado, además, cómo durante dicho período se han mantenido sin resolver los recursos de reposición planteados ante las diferentes administraciones competentes que disponían de un mes para pronunciarse sobre la retirada de los citados objetos.
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