Teresa Puchol, magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Huesca
Entrevista jurídica
Teresa Puchol: «La Fiscalía siempre tendrá una sombra de parcialidad por su dependencia jerárquica»
Para la juez oscense, de origen valenciano, el «mangoneo político» de la cúspide judicial vierte una injusta mancha sobre el resto de miembros de la Carrera, que se caracterizan por su alta «capacitación técnica e independencia»
María Teresa Puchol Soriano (Valencia, 1977), actualmente destinada, como magistrada en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción n°1 de Huesca, accedió a la Carrera Judicial en el 2005 y, desde entonces, ha ocupado diferentes plazas en los juzgados de Calamocha y La Almunia de Doña Godina. Autora de varios artículos doctrinales en diversas obras jurídicas, colabora en el digital Confilegal y, en su momento, hizo una colaboración semanal con RTVE. Además, es conferenciante habitual de seminarios formativos para la Policía Nacional y la Plataforma Cívica para la Independencia Judicial, así como destacada ponente en diversos Congresos de la Universidad de Zaragoza y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
–¿Qué nota daría a la Justicia en España? ¿En qué suspende? ¿En qué aprueba?
–No es una pregunta fácil de responder porque creo que tenemos un buen sistema judicial que pierde eficacia y utilidad con las dilaciones que provoca su endémico retraso. También creo que la cúspide judicial y su mangoneo político vierte una injusta mancha sobre el resto de la judicatura. Es decir, creo que suspende en escasez de medios materiales y personales e intromisiones de los otros poderes, pero que aprueba en la capacitación técnica e independencia de los profesionales que tiene.
–En los últimos días hemos asistido a las maniobras del Gobierno para interferir en el Poder Judicial. ¿Cómo se viven estas cuestiones desde la primera instancia?
–A mi modo de ver, la interferencia en el Poder Judicial no proviene exclusivamente del Gobierno, sino de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Ambos desean campar a sus anchas por el sistema judicial. Y entiendo que lo hacen así porque unos y otros se suceden mutua y periódicamente en dichos poderes. Desde la primera instancia se aprecia con frustración y pesar, dado que esas maniobras vierten sospechas sobre quienes nada tienen que ver en ellas, que son los jueces de instancia.
–¿Cree que la Justicia es independiente en España? ¿Y machista? ¿Y clasista?
–Sí, no y no. Me explico. Creo que España tiene una asignatura pendiente con el CGPJ y los nombramientos discrecionales en los órganos colegiados, ya que esto sí se encuentra politizado. Sin embargo, la Justicia está compuesta por un total de 5.500 jueces y magistrados, la gran mayoría de los cuales ejercen en sus juzgados al margen de cualquier tipo de presión o intento de injerencia. Por eso es tan lamentable que esa labor quede desfigurada por el bochornoso espectáculo de los cromos al que juegan nuestros políticos.
Las interferencias en el Poder Judicial provienen tanto del Ejecutivo como del Legislativo, porque ambos desean campar a sus anchas por el sistema
No creo tampoco que sea machista. Esa afirmación la he visto referida a dos aspectos diferentes. Por un lado, debido a las resoluciones adoptadas en determinados procedimientos que han acabado siendo mediáticos. Se ha generado una opinión pública basada exclusivamente en dicha afirmación, pero cuando analizas la resolución en sí resulta que es perfectamente ajustada a Derecho y se ha limitado a aplicar la ley redactada y aprobada, precisamente, por los que han vertido esa idea. Por otro, porque hay mayoría de jueces femeninos y, sin embargo, en las altas esferas sigue predominando el sexo masculino y, a mi modo de ver, esa prevalencia no se debe al machismo, sino a otros factores.
Finalmente, tampoco creo que sea clasista. El acceso a la judicatura se produce, en esencia, a través de una oposición basada en los principios de publicidad, mérito y capacidad. Una oposición es uno de los modos de ascenso social más democráticos, porque todos pueden acceder a ella. Se tacha a la judicatura de clasista porque sólo las clases pudientes pueden mantener a un opositor durante años. Sin embargo, esa misma base tienen las oposiciones a inspector de Hacienda, abogado del Estado, registrador de la Propiedad o interventor de Ayuntamiento y nada se dice al respecto. Asimismo, es perfectamente compatible el trabajo con preparar una oposición, como han demostrado muchos compañeros.
–¿La dimisión de la fiscal general Dolores Delgado y la llegada de su segundo como sucesor ayudan en algo a mejorar la denostada imagen de la institución?
–La Fiscalía, tal y como está regulada, siempre tendrá una sombra de parcialidad, tanto por cómo está previsto que deba realizarse el nombramiento de la Fiscalía General como por el principio de dependencia jerárquica que preside toda su actuación. Asombrarnos ahora sobre dichos movimientos no sé si es pecar de cándidos.
–¿Cree que llegará el día en que Europa deje de hacernos recomendaciones para pasar a las sanciones?
- Ojalá. Quizá así empezarían a reformarse las leyes para ajustarlas a un sistema verdaderamente respetuoso con la independencia judicial.
–¿Cuáles son las mayores dificultades en el día a día de un juzgado cualquiera de nuestro país?
–Falta de medios y de personal. En cuanto a los medios materiales, muchos juzgados se caen literalmente a pedazos. Las Administraciones encargadas de abastecerlos son cicateras, ya sean la estatal o las autonómicas, en los territorios en los que las competencias están transferidas. Desde los folios y tóner para imprimir hasta los sistemas informáticos utilizados… El día a día es una lucha constante de la imaginación para intentar avanzar a pesar de esas carencias.
En cuanto al personal, no sólo porque son necesarios más juzgados, muchísimos más, es que cuando un compañero o funcionario se va, ya sea por baja, jubilación o traslado, no lo cubren o tardan meses en hacerlo, lo que ralentiza su marcha.
–A veces, se tiene noticia de señalamientos con dos y hasta tres años vista, ¿puede dilatarse tanto la Justicia?
–Si no se dilata más aún es por el esfuerzo de todos los que trabajan en ella. Imagino que habrá jueces vagos y funcionarios que se escaquean, pero la inmensa mayoría trabajan por encima de sus posibilidades. De hecho, en los famosos módulos que aprobó el CGPJ casi todos los jueces hacen mucho más del 100 % de sus objetivos y la mayoría supera el 200 %, lo que indica que ese juzgado trabaja por dos.
Las agendas están saturadas de señalamientos en los que no cabe una vista más, y luego esas vistas deben resolverse, que es lo que más tiempo implica. Todo eso hace que la Justicia sea tardía, un mal endémico al que hacía referencia al principio.
Quizá el problema no es que los menores sean «los grandes abandonados», sino que son los «mal utilizados» del Derecho de Familia
–¿Cree que los menores son los grandes abandonados del sistema, en cuestiones de familia?
–Cuando se habla de los niños normalmente es para instrumentalizarlos, no para tratar sus problemas. Se les incluye en la violencia vicaria, que da protagonismo a la mujer pero los ningunea; el tratamiento de las visitas o las custodias como arma arrojadiza entre progenitores, los convierte en pelota de juego; se les incluye en el colectivo de MENAS, con un marcado tono peyorativo que vierte sobre ellos la sospecha de criminalidad, en vez de buscar apoyos y soluciones; se les usa como elemento político en los debates sobre aborto, gestaciones, adopciones… sin valorar lo que hay detrás de todo ello. Quizá el problema no es que sean «los grandes abandonados», sino que son los «mal utilizados».
–¿Se ha desvirtuado la presunción de inocencia en España: hombres en ciertos delitos, penas de telediario...?
–Ambos ejemplos están siendo injustamente tratados. En cuanto a los hombres, si bien legal y judicialmente su presunción de inocencia no se ha modificado, sí que se está generando un ambiente donde su punto de inicio vital parte de una presunción de culpabilidad. No pretendo caer en victimizaciones, pero sí es verdad que a los hombres se les atribuye el origen de muchos males, desde el machismo –actitud que puede predicarse tanto de hombres como de mujeres, pero que suele imputarse exclusivamente a ellos– hasta la agresividad manifestada en todas sus formas (maltrato, violación, parricidio…). Eso implica que cuando el sospechoso es un hombre la primera reacción sea la detención respuesta que, quizá, no se tendría si la misma acción se llevara a cabo por una mujer. Si bien la detención no afecta a la presunción de inocencia, sí que supone un daño irreparable para el que la padece. Lo mismo desde una perspectiva mediática: si una mujer agrede a un hombre, a veces es objeto de mofa, pero cuidado del que ose a hilar una mínima broma sobre un hecho en el que la mujer sea la víctima.
Usar los juicios con fines políticos, perjudica la percepción del investigado, que pasa a ser condenado públicamente sin que un juez siquiera haya resuelto nada sobre el asunto
En cuanto a las penas de telediario, el problema es que muchas veces se utilizan los procedimientos judiciales con fines políticos o con el objetivo de generar morbo, lo que acaba perjudicando a la percepción del investigado, que pasa a ser condenado públicamente sin que un juez siquiera haya resuelto nada sobre el asunto.
–¿Qué opinión le merece la reciente reforma sobre los internamientos involuntarios de personas con necesidades especiales? ¿Es la enfermedad mental la gran abandonada en nuestro país?
–Creo que la reforma que se aprobó sobre los internamientos involuntarios y sobre las incapacidades ha dejado a las personas aquejadas por enfermedades mentales, trastornos, retrasos o síndromes, desprotegidas. Entiendo que la reforma está amparada en la normativa internacional sobre personas necesitadas de especial protección, pero también creo que ha dejado a los pies de los caballos a todos aquellos que deben cuidarlos y protegerlos, pues se les han retirado los mecanismos legales que tenían para hacerlo.
–Tres objetivos a los que debería aspirar la Justicia española en los próximos diez años.
–Despolitizarla con la reforma del CGPJ, para dotarlo de autonomía presupuestaria, y reduciendo la discrecionalidad en los nombramientos de los altos cargos judiciales; multiplicar el número de juzgados; y, modernizarla con un adecuado sistema informático y uniforme para toda España.