Alrededor del 17% de los guardias civiles ocupan puestos de libre designación, según las asociaciones
El futuro de 10.000 guardias civiles, pendiente de una sentencia del Supremo
El Alto Tribunal tiene que decidir sobre la destitución discrecional de los coroneles De los Cobos y Corbí. Las asociaciones temen que si avala la «pérdida de confianza» como argumento para justificar un cese, pueda afectar a todos los puestos de libre designación
Tanto la asociación de guardias civiles JUCIL como la Asociación Pro Guardia Civil, APROGC, han mostrado su preocupación por la decisión del Tribunal Supremo respecto a la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid y del coronel Manuel Sánchez Corbí como jefe de la Unidad Central Operativa, ambos en el año 2018.
Ambos cargos fueron destituidos con la única justificación de «pérdida de confianza», sin aportar ningún otro informe que justifique tal pérdida, según las asociaciones de guardias civiles. Tanto la Audiencia Nacional como la Abogacía del Estado se han mostrado favorables a que se considere suficiente justificación para la destitución.
Sin embargo, estas asociaciones de guardias civiles consideran que una decisión en tal sentido pondría en riesgo el futuro de más de 10.000 agentes de la Benemérita cuyos puestos son de libre designación. «Quedarán expuestos a la discrecionalidad de ceses desde el ámbito político sin motivación alguna, aunque de ello se pueda desprender una obediencia debida contraria al ordenamiento jurídico», alerta JUCIL.
«Como el resto de funcionarios»
«Es casi un insulto que la Audiencia Nacional, con los argumentos de la Abogacía del Estado, en representación del ministro de Interior y de la directora general de la Guardia Civil, diga que a los guardias civiles no les es de aplicación la jurisprudencia que atañe al resto de funcionarios públicos que ocupan cargos de libre designación, cuyos ceses deben estar motivados. Se pretende convertir a los guardias civiles en funcionarios de segunda», consideran desde APROGC.
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La Asociación Pro Guardia Civil advierte que «entre esos 10.000 guardias civiles se encuentran la totalidad de los que ejercen funciones de policía judicial, es decir, los que realizan las investigaciones sobre corrupción que afectan a los partidos políticos. Por ello, permitir que todos esos investigadores puedan ser cesados por los responsables políticos con solo alegar “pérdida de confianza», sin que sea necesario explicitar los motivos que hay detrás de ella, y que esos motivos sean ciertos, legales y sometidos al control de la jurisdicción contencioso administrativa, supone un tremendo ataque a la separación de poderes y la antesala de la arbitrariedad.
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Por su parte, JUCIL «defiende que en el actual sistema normativo previsto para la Guardia Civil la pérdida de confianza en la mayoría de los casos, si fuera motivada, no solamente afectaría al cese, sino al Régimen Disciplinario del Cuerpo o incluso el Código Penal. Por este motivo no se entiende una pérdida de confianza sin expedientes disciplinarios, más aún con la rigidez de la que se caracteriza el Régimen Disciplinario de la Guardia Civil».
Por todo ello, ambas asociaciones defienden que para la destitución de los agentes de la Benemérita es necesaria una justificación argumentada.
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