Pleno del Tribunal Constitucional, en una imagen de archivo
Tribunales
El Constitucional se desmarca del choque frontal entre el Gobierno y el Poder Judicial
El Tribunal de Garantías seguirá trabajando en «plenas funciones» hasta la renovación del tercio de magistrados cuyo mandato caducó el pasado mes de junio
«El Constitucional nunca está en funciones». Así de rotunda es la respuesta en el seno del Tribunal de Garantías tras el choque institucional que esta semana se ha producido entre el Gobierno y el Poder Judicial, al hilo de su renovación. «Una cosa son los problemas del Consejo General (CGPJ) para hacer nombramientos y otra, muy distinta, la situación del Constitucional» que seguirá «funcionando con total normalidad» y en «plenitud de facultades y competencias», pase lo que pase en otros ámbitos institucionales. «De lo contrario se estaría incumpliendo con la naturaleza misma del órgano y con el Derecho a la tutela efectiva» del que son constitucionalmente beneficiarios los españoles.
No hay, ni habrá, por lo tanto, consecuencias directas de la crisis que se ha desatado en la Justicia tras la negativa de ocho vocales del CGPJ a respaldar a los dos candidatos de consenso que su presidente, Carlos Lesmes, preparó como propuesta al Pleno extraordinario que tendrá lugar este mismo jueves; y, una vez que, el mismo Lesmes advirtió ayer en el marco de la apertura del Año Judicial que presentará su dimisión «en cuestión de semanas» si PSOE y PP no alcanzan un pacto «inmediato» y «urgente» para desbloquear su facultad de nombramientos discrecionales.
«Solicito pública y solemnemente al presidente del Gobierno de España y al jefe de la oposición, máximos responsables de los partidos políticos con mayor representación parlamentaria, que se reúnan con urgencia y lleguen a un acuerdo», instaba a las dos principales fuerzas políticas, en su discurso solemne, bajo la atenta mirada del Rey Felipe VI.
No sin antes formular una crítica abierta a la última contrarreforma legal con la que el Gobierno, corrigiéndose a sí mismo, desbloqueaba los nombramientos prohibidos al Consejo de los jueces, pero sólo para la elección de dos de los cuatro miembros del Constitucional que, por cuota, le corresponden. «Nada se dice en esa Ley sobre la imposible designación de los magistrados del Supremo, pese a ser a todas luces evidente la grave situación a la que se ha abocado» al más Alto Tribunal, afeaba Lesmes. Para advertir, minutos después, cómo «la reforma» del actual sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es «ineludible y deberá abordarse con la mayor urgencia posible».
El presidente del máximo órgano de los jueces era tajante al respecto: «El modelo de elección» vigente –y «exclusivamente parlamentaria de los vocales» del Consejo– «sin participación determinante de los propios jueces» está agotado. No en vano, el atajo con el que el Ejecutivo socialista ha tratado de controlar, vía exprés, el Tribunal de Garantías no sólo ha fracasado sino que, además, ha situado al Poder Judicial en un callejón sin salida y en el conflicto interno permanente.
Así las cosas, el Constitucional no está por la labor de que la crisis de la Justicia perturbe el desempeño de sus labores y la toma de decisiones judiciales, entre otras causas, sobre los recursos planteados contra las leyes más ideológicas de Pedro Sánchez.
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