El padre de un alumno de Canet de Mar (Barcelona) que recurrió a los tribunales para que su hijo pudiera cursar un 25% de la enseñanza en castellano, Javier Pulido
Cataluña El padre de Canet pide que no quede impune el acoso a su familia por pedir más español en la escuela
Ha declarado en el juzgado de Barcelona que investiga los insultos y amenazas que recibieron en las redes sociales
Se llama Javier Pulido. Hasta ahora no se conocía su nombre ni su aspecto físico. Pero es el padre del alumno de la escuela Turó del Drac de Canet de Mar, que fue acosado por pedir más educación en castellano. Este lunes ha ido a declarar, junto con su mujer, como perjudicados al juzgado de instrucción número 12 de Barcelona que investiga los insultos, las amenazas y el acoso que sufrió la familia en redes sociales por parte de algunos sectores del independentismo.
Pulido ha dejado claro que «queremos perseguir lo que no es normal» y que «las personas tenemos que dejar de tener miedo para pedir nuestros derechos». A la salida de los juzgados, ha explicado que de lo que se trata es de que «no pase más veces esto» porque «estas cosas que se hacen en la red parece que no duelen, pero en realidad sí que hacen mucho daño». Unas palabras que Pulido ha pronunciado emocionado, al borde del llanto. Además, ha aprovechado para hacer un llamamiento a la participación en la manifestación convocada por Escuela de Todos para conseguir una educación bilingüe: «animo a todos los que consideren que debemos perder el miedo en la calle, a decir las cosas que uno piense y a reclamar sus propios derechos».
La familia se ha presentado como acusación particular en este caso, que se inició a raíz de la denuncia del fiscal especializado en delitos de odio, Miguel Ángel Aguilar. Se han imputado a cuatro internautas por lanzar mensajes amenazantes a la familia. Dos de ellos rechazaron que tuvieran intención de ofender al menor o a sus padres y defendieron su derecho a la libertad de expresión; mientras que los otros dos se acogieron a su derecho a no declarar, al menos, hasta que lo hicieran los padres del niño. El fiscal considera que los cuatro habrían cometido un delito de lesión de la dignidad por motivos discriminatorios.
Y es que para el ministerio publico los imputados señalaron a la familia para «humillarla y vejarla» y aislar al menor solo por ejercer su derecho a pedir más educación en castellano. Algunos de los acusados llegaron a escribir en redes que «los canelones los haremos de carne de niño castellanohablante, como se ha hecho toda la vida» también los tildaron de «colonos no integrados» y de «terroristas», se instó a «hacer la vida imposible a la familia», además de «vivir un infierno mediático».
Por estos, y otros insultos y amenazas la familia solicitó amparo al TSJC, que a su vez instó al consejero de Educación, Josep González Cambray, y a la dirección de la escuela a que adoptaran las medidas necesarias para preservar su identidad y su intimidad.
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