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01 de marzo de 2024

La ministra de Igualdad, Irene Montero, acompañada por la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell

La ministra de Igualdad, Irene Montero, acompañada por la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria RosellEFE/EP

Tribunales

El CGPJ sale en defensa de los jueces que aplican la ley del 'sólo sí es sí' tras los «intolerables» ataques de Podemos

La Comisión Permanente del órgano de los jueces ha recordado que la retroactividad de la pena más favorable es un principio Constitucional

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha salido sin ambages en defensa de los jueces. Los máximos representantes de la Magistratura han emitido un rotundo comunicado en el que apoyan a los magistrados que se han visto obligados a revisar sus propias condenas, en el marco de la entrada en vigor de la nueva y polémica ley del 'sólo sí es sí' de la ministra de Igualdad, Irene Montero. «En relación con las resoluciones judiciales conocidas en los últimos días y dictadas como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual», el Consejo ha recordado que la «aplicación de la norma más favorable» al reo «constituye un principio básico del Derecho Penal» recogido tanto en nuestra Constitución como en el Código vigente.
«Tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena», reza nuestro ordenamiento.
De ahí que «las resoluciones judiciales conocidas en los últimos días y dictadas como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual resultan, por tanto, de la aplicación estricta de estos preceptos por parte de los miembros del Poder Judicial, sometidos únicamente al imperio de la ley tal y como dispone el artículo 117.1 de la Constitución Española».
«Este Consejo General del Poder Judicial, en ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 599.1.12ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial, emitió el 25 de febrero de 2021 el correspondiente informe sobre el anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que fue aprobado por unanimidad», ha recordado la institución que preside, en sustitución del dimitido Carlos Lesmes, el progresista Rafael Mozo.
El informe, que fue remitido al prelegislador, «constataba que el cuadro penológico contemplado en el anteproyecto para los delitos de agresiones sexuales tipificados en los capítulos I y II del título VIII del Código Penal suponía una reducción del límite máximo de algunas penas y concluía que ‘la reducción de los límites máximos de las penas comportará la revisión de aquellas condenas en las que se hayan impuesto las penas máximas conforme a la legislación vigente’». Es decir, los jueces y magistrados advirtieron de los riesgos de la norma pese a que desde las filas de Podemos y en boca de la propia ministra Montero se tacharon sus afirmaciones de «propaganda machista».
Precisamente por este último aspecto, la Comisión Permanente del CGPJ ha expresado su «más firme repulsa a los intolerables ataques vertidos en las últimas horas contra los miembros del Poder Judicial por algunos responsables políticos, que se contraponen con el acreditado compromiso de la Carrera Judicial con la protección de las víctimas de los delitos contra la libertad sexual. Este tipo de actuaciones minan la confianza de las víctimas en las Administraciones y, singularmente, en la de Justicia, aumentando su desprotección».

«Fachas con toga»

El Debate

​La reacción de los jueces ha llegado horas después de la retahíla de insultos que han recibido desde Podemos, partido integrante del Consejo de Ministros. La cúpula del partido ha respaldado a la ministra de Igualdad y ha denunciado que existe, a su juicio, una campaña de «fachas con toga» y «jueces machistas» que tratan de sabotear la nueva norma.

​Desde Podemos (y por extensión desde el Gobierno) desoyeron las advertencias sobre las consecuencias legales que traería esta nueva norma, cuyo nombre completo es Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual y afecta a una decena de artículos del Código Penal.
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