El Gobierno designará a la catedrática de Derecho Laura Díez para cubrir un puesto en el Tribunal Constitucional
La Carta Magna, amenazada
El artículo de la Constitución que quiere rehacer la elegida de Sánchez al TC regula desde el uso de armas hasta los referendos
Este apartado 149.1 recoge amplias y diversas competencias exclusivas del Estado, cuya naturaleza puede variar si se cumplen los planes de la Moncloa
Desde la capacidad de decisión en materias tan sensibles como inmigración y extranjería, hasta la capacidad de legislar sobre las normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión, pasando por la potestad en el uso de armas y explosivos o la autorización de la convocatoria de consultas populares vía referéndum.
Todas estas materias –y otras muchas más–, recogidas en el artículo 149, apartado primero, de la Constitución, pueden dejar de ser competencia «exclusiva» –el entrecomillado adquiere aquí especial trascendencia– del Estado en el caso de que Laura Díez, candidata de la Moncloa para ocupar un puesto en el Constitucional, tuviera vía libre para llevar a cabo sus intenciones.
Como ya contó El Debate, Díez, en el marco de unas jornadas bajo el título Aragón y la España territorial: una hoja de ruta para un futuro inmediato, abogó por reformar el citado artículo de la Carta Magna, que es el que casualmente recoge las competencias exclusivas del Estado.
Aunque el objetivo parece no ser otro que debilitar las estructuras de la nación para dotar de una autonomía todavía mayor a las regiones periféricas como Cataluña, el 149 es tan amplio que, en caso de tocarlo, sus consecuencias pueden ser del todo imprevisibles.
A continuación, recogemos algunas de las competencias exclusivas del Estado más destacadas cuya naturaleza podrían cambiar en el caso de que Laura Díez consiga la potestad para llevar a cabo su propuesta:
- La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.
- Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo.
- Defensa y Fuerzas Armadas.
- Régimen aduanero y arancelario; comercio exterior.
- Sistema monetario: divisas, cambio y convertibilidad; bases de la ordenación de crédito, banca y seguros.
- Hacienda general y Deuda del Estado.
- Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos.
- Normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión.
- Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum.
Papel «desdibujado» del Estado
Díez aseguró en su intervención que «el papel del Estado está desdibujado, y prueba de ello ha sido el estado de alarma» –que el propio tribunal declaró inconstitucional–.
En su ponencia sostenía que, para mejorar las relaciones entre las comunidades autónomas y el Gobierno central, se deben abordar diferentes reformas y mejoras para «clarificar el papel que tiene la coordinación del Estado».
La catedrática añadió que delimitar el ámbito de la coordinación estatal «debe suponer un engarce entre esta competencia y las atribuidas a las comunidades autónomas», apostando por llevarla a cabo a través de la vinculación de las conferencias sectoriales con las conferencias de presidentes.
Díez, avalada por su pasado
El criterio que ha seguido Pedro Sánchez para elegir los candidatos de su Ejecutivo a incorporarse al Pleno de la Corte de Garantías parecen estar unidos por un mismo hilo: el ser los garantes que avalarán, sin oponerse, una eventual consulta pactada con el independentismo en Cataluña.
Tanto Juan Carlos Campo como Laura Díez tienen un pasado que, en este caso, les avala. El exministro de Justicia firmó los indultos de los sediciosos, mientras que ella hizo lo propio con el informe a favor de la ley diseñada por los separatistas para burlar la sentencia del 25 % del español en las aulas.
Catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, pudo, como miembro del Consejo de Garantías, emitir el dictamen favorable a la ley del catalán de la cual se sirvieron los separatistas de ERC y Junts, junto al PSC y los 'comunes' para burlar la sentencia del Supremo en relación al estudio del castellano en las aulas catalanas.
Tanto Juan Carlos Campo como Laura Díez tienen un pasado que, en este caso, les avala. El exministro de Justicia firmó los indultos de los sediciosos, mientras que ella hizo lo propio con el informe a favor de la ley diseñada por los separatistas para burlar la sentencia del 25 % del español en las aulas.
Catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, pudo, como miembro del Consejo de Garantías, emitir el dictamen favorable a la ley del catalán de la cual se sirvieron los separatistas de ERC y Junts, junto al PSC y los 'comunes' para burlar la sentencia del Supremo en relación al estudio del castellano en las aulas catalanas.
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