El Constitucional aborda el lunes la petición del PP para frenar la tramitación parlamentaria de la reforma del propio tribunal
Crisis institucional
El Constitucional tendrá una segunda oportunidad de frenar en el Senado los planes de Sánchez para controlarlo
El presidente González-Trevijano ha pospuesto hasta el próximo lunes el Pleno extraordinario, tras pedirlo por escrito los cinco magistrados progresistas y constatar la falta de quórum para resolver el amparo
el Constitucional suspendía a primera tarde de este jueves el Pleno extraordinario convocado de urgencia por su presidente, Pedro González-Trevijano, sin haber adoptado ninguna decisión sobre el recurso de amparo del Partido Popular contra los acuerdos de la Mesa de la Comisión de Justicia del Congreso que dio luz verde a la tramitación de las dos enmiendas del Gobierno que modifican las leyes orgánicas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del propio Tribunal de Garantías. Como resultado, se producía la votación parlamentaria prevista en el orden del día de la Cámara Baja y ambos textos salían adelante consumando la mayor tropelía legislativa de la era de Pedro Sánchez.
Sin embargo, y pese a los escollos de una jornada frenética, nada ha cambiado en el plano jurídico ya que el procedimiento administrativo sigue en marcha para las dos normas hasta que el Senado ratifique el resultado –votando el día 22– y, por lo tanto, el próximo lunes el Constitucional tendrá una segunda oportunidad de frenar los planes de Sánchez para controlarlo a través de dos parches «con aroma de inconstitucionalidad».
Y es que, según los plazos parlamentarios, que el Gobierno ha acortado al máximo, tras la aprobación este jueves de la reforma del Código Penal en el Congreso, el texto entrará en el Senado este mismo viernes 16 de diciembre, cuando se reunirán la Mesa y los Portavoces de la Comisión de Justicia. La idea es que los asistentes a dicho encuentro ratifiquen el martes 20 de diciembre como el día para que el polémico conjunto normativo pase su primer examen en esta sede legislativa. A primera hora de dicha fecha se celebrará la Comisión de Justicia de la Cámara Alta para aprobar de manera 'exprés' el dictamen de la modificación y que, sin más dilación, cuatro días después de su tensa cita en el Congreso, la norma quede aprobada en firme el jueves 22 de diciembre.
Así las cosas, todo queda supeditado a lo que haga el nuevo Pleno extraordinario del Tribunal Constitucional previsto el próximo lunes día 20 y en el que el órgano abordará, de nuevo, la petición del PP para frenar la tramitación parlamentaria socialista que persigue el vuelco de su mayoría, de conservadora a progresista, por un atajo con serios visos de inconstitucionalidad.
La decisión del presidente de la Corte, Pedro González-Trevijano, de posponer hasta entonces cualquier pronunciamiento, confirmaba los temores adelantados por El Debate sobre su ánimo bajo las presiones; y, ha permitido que todo el conjunto normativo se haya refrendado este jueves en el Congreso, pero con la puerta abierta a neutralizarlo en el trámite del Senado.
La decisión que finalmente se adopte en el Tribunal de Garantías sobre la admisión del recurso de amparo y sobre las medidas cautelarísimas solicitadas por los populares –para frenar la tramitación parlamentaria de las enmiendas que afectan al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al propio TC– impactará, directamente, en el recorrido de la proposición de ley en la Cámara Alta.
Las cautelarísimas siguen vigentes
Por el momento, la clave de lo que ocurra en la próxima cita –instada por los cinco magistrados progresistas del órgano tras pedir más tiempo para estudiar la cuestión dada la «complejidad» y «relevancia» del asunto, y a lo que el presidente accedió– será lo que se decida, precisamente, sobre las medidas cautelarísimas a aplicar a los trámites todavía pendientes de la segunda instancia parlamentaria.
En el bloque conservador hay unanimidad para admitir la impugnación del PP, pero las dudas surgen cuando lo que se discute es la posibilidad de activar las medidas provisionales para lo que el sector mayoritario necesita los votos de sus seis miembros, sin fisuras. Las cautelarísimas «conservan su plena vigencia» y «ni han caducado, ni han perdido su naturaleza porque fueron planteadas hacia dos enmiendas integradas en una reforma legislativa inicialmente concebida con un objeto distinto», posteriormente «incorporadas en el dictamen del Congreso» y, ahora, «ya ratificadas». Por lo que «no cabe entender que no puedan acordarse» en cualquier momento antes de la votación del Senado y, por tanto, «con carácter previo a que las reformas desplieguen plenos efectos», tal y como han confirmado a El Debate fuentes próximas al caso.
Las medidas cautelarísimas siguen «vigentes» y «no han perdido su naturaleza», por lo que podrían ser acordadas «en cualquier momento previo a la votación del Senado» del día 22
Sobre la mesa dos dictámenes contradictorios de los servicios jurídicos del Tribunal Constitucional. Uno, en el que se apoyará el ponente designado, el magistrado Enrique Arnaldo, para defender las dos peticiones del Partido Popular: cautelarísimas y recurso. Otro, el encargado por el propio presidente Pedro González-Trevijano, favorable a la admisión del amparo pero en el que el letrado del órgano Juan Carlos Duque Villanueva descarta la adopción de las medidas preventivas porque así se ha seguido como criterio establecido del órgano y porque, con ellas, se podría estar interfiriendo en el «normal desarrollo de la actividad parlamentaria».
Personaciones y recusaciones
Además del escollo anterior, el Pleno del órgano tendrá que resolver las peticiones recogidas en los escritos presentados por PSOE, Unidas Podemos y Vox, al hilo del recurso promovido por el Partido Popular al que se han sumado los últimos, en idénticos términos. Por su parte, los socialistas y sus socios de la formación morada han pedido al Constitucional que les tenga por personados y se oponen con alegaciones en avance –pese a que al no haberse decretado, ni siquiera, la admisión del amparo, «no existe todavía un procedimiento del que puedan ser parte»– a la suspensión del trámite parlamentario pendiente en el Senado para las dos polémicas enmiendas. Con la advertencia de que hacerlo supondrá atacar los derechos de los diputados y de los ciudadanos a los que estos representan.
Además, el hecho de que hayan sido dos grupos parlamentarios a título individual los que hayan contestado ante el Tribunal a la acción del PP «hace imposible» admitir la «legitimación procesal» necesaria para su eventual y futura personación porque, «en todo caso, es una prerrogativa que corresponde a la Mesa parlamentaria» que fue el órgano colegiado que «admitió» de manera incorrecta las dos enmiendas.
En el caso de Podemos se ha pedido, también, la recusación tanto del propio presidente González-Trevijano como del magistrado Antonio Narváez. Esto es, apartar a ambos miembros del Pleno de la deliberación del recurso del PP, al considerar que tienen un conflicto de interés porque, de aprobarse dicha reforma, serían sustituidos por los dos nuevos magistrados nombrados por el Gobierno. Un argumento que choca frontalmente con el hecho de que no hayan hecho lo mismo para sus compañeros Juan Antonio Xiol, vicepresidente en funciones, y Santiago Martínez-Vares quienes también vieron caducar su mandato el pasado 12 de junio y que, desde entonces, esperan ser reemplazados por los perfiles a designar por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el próximo día 20.
No en vano, los cuatro magistrados –Xiol, Narváez, González-Trevijano y Martínez Vares– conforman un bloque cerrado que la Constitución ordena renovar, simultáneamente, al Ejecutivo y al Consejo. De ahí las prisas de Moncloa por reducir, en las dos enmiendas de la discordia, la mayoría reforzada de tres quintos, a simple –la mitad más uno del Pleno–, actualmente necesaria para que el CGPJ complete a los dos ya nominados por Pedro Sánchez: el ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo, artífice de los indultos a los líderes del procés, y la ex alto cargo de la Generalitat Laura Díez.
Sobre la recusación de Podemos, fuentes próximas al TC apuntan a El Debate cómo los argumentos promovidos podrían hacerse extensivos «no sólo a los cuatro concernidos por el cambio legislativo que pretende acelerar su sustitución» sino, al menos, a otros dos de sus compañeros: la magistrada María Luisa Balaguer y el magistrado Cándido Conde-Pumpido, ambos «aspirantes a presidir el órgano una vez renovado» y, por tanto, susceptibles de «quedar condicionados en sus decisiones» por esta misma razón.
Soluciones excepcionales
El TC se enfrentará de nuevo el próximo lunes a una situación inédita. Si finalmente accede a la petición de paralizar el 'iter' legislativo de la reforma será la primera vez que, en sus 40 años de historia, suspenda un debate y una votación en las Cortes Generales. Y es que «nunca antes se había intentado colar una reforma normativa de nombramiento de los magistrados del Constitucional por una puerta de atrás», apuntan algunas voces críticas con la maniobra del Gobierno. Una «situación excepcional» que demanda, por lo tanto, «una respuesta excepcional», añaden las mismas voces.
El Constitucional amparó al PSOE en su recurso contra la reforma del Código Penal del PP, en 2003, para introducir el delito de convocatoria de consultas populares vía referéndum, a través de una enmienda a una Ley sin conexión
Ya el 5 de julio de 2011, en la sentencia 119 de ese mismo año, el Pleno de la Corte admitió el recurso de amparo planteado por el senador Juan José Laborda y otros 61 diputados contra los acuerdos de la mesa del Senado, de 2 y 3 de diciembre de 2003, que admitieron a trámite dos enmiendas el Grupo Parlamentario Popular del Senado al Proyecto de Ley Orgánica complementaria de la Ley de Arbitraje, por vulnerar el derecho al ejercicio del cargo parlamentario tras la admisión de dos textos que «no guardaban relación material con la iniciativa legislativa a enmendar».
Un escenario que PSOE y Podemos se oponen, radicalmente, a que se repita tras lograr que sus enmiendas, superado el trámite del Congreso, se dirijan al Senado para despejar, cuanto antes, los obstáculos en la ley todavía vigente para que Campo y Díez puedan tomar posesión sin esperar a los dos candidatos del CGPJ.
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