El Gobierno vasco reclama a Sánchez la factura por su apoyo y exige ya un Poder Judicial vasco

La consejera vasca de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, ha suscrito la demanda del lendakari, Iñigo Urkullu, para constituir un Poder Judicial vasco, alegando que se trata de una «reivindicación absolutamente procedente» porque «Euskadi ya cuenta con un poder Legislativo y otro Ejecutivo». El Gobierno vasco da así un nuevo paso y reclama a Pedro Sánchez la factura por su apoyo a la gobernabilidad del Ejecutivo Frankenstein. Hay que recordar que el Gobierno vasco ha aceptado el acercamiento a prisiones vascas del 93% de los presos de la banda terrorista ETA que lo han pedido desde que hace un año ejerce las competencias en materia penitenciaria.

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, considera esta petición «perfectamente viable» porque «ya la disposición adicional primera de la Constitución habla del respeto a los derechos históricos, habla de la actualización de los derechos históricos y el artículo 13 del Estatuto de Autonomía habla de la Administración de Justicia».

«Nosotros en Euskadi tenemos un Poder Legislativo, tenemos un Poder Ejecutivo y lo tenemos porque somos un sujeto político autonómico con capacidad de autogobierno, no tenemos un Poder Judicial», ha señalado, para insistir que, sería «algo perfectamente legítimo esta reivindicación de un poder judicial para ese equilibrio de poderes». «Es una reivindicación absolutamente procedente», ha reiterado.

Mensaje sobre el TC

También ha considerado que, aprovechando lo ocurrido con la renovación del Tribunal Constitucional, se debería de «repensar» las fórmulas de nombramiento y de composición, tanto del TC como del Consejo General del Poder Judicial, informa Ep.

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Garamendi ha dicho no saber «lo qué ocurrirá con la nueva composición del Tribunal Constitucional», pero ha remarcado «la importancia que tiene la composición, e incluso la reforma de la composición del Tribunal Constitucional» desde el punto de vista de la Comunidad autónoma Vasca.

Según ha apuntado, «los conflictos de competencias entre nuestra comunidad autónoma y la Administración del Estado lo resuelve este Tribunal Constitucional» y, por lo tanto, ha considerado que «lo equilibrado, lo coherente, sería que tuviera una representación que realmente pudiera actuar como árbitro entre estas posiciones»

«No sé lo que ocurrirá, pero lo que hemos aprendido con todo esto que está ocurriendo en torno a la injerencia o no del Poder Judicial en lo político es que hay una gran politización de la justicia y una judicialización de la política también», ha manifestado.

Tras mantener que hay que ser «absolutamente respetuosos con el ámbito de actuación de cada una de las instancias», ha dicho que, ante los nuevos nombramientos en el Tribunal Constitucional y el posible nuevo nombramiento de los miembros del CGPJ, «se debería de aprovechar la ocasión para repensar las fórmulas de nombramiento y de composición de estos órganos».

Olatz Garamendi ha señalado que, si bien desde la Administración del Estado se alude a la «gran capacidad de acuerdo que se tiene con las comunidades autónomas» para cuestiones como la fiscalidad, «ocurre todo lo contrario».

A su entender, «se va más allá de lo que es el control de constitucionalidad y hay una especie de intento de tutela extralimitada por parte del Estado de las normas de nuestro Parlamento vasco». «No existiría la necesidad de acuerdos de cooperación para resolver discrepancias antes de que se produzca el recurso de constitucionalidad a las leyes, si no se plantearán previamente estas discrepancias que, en muchos casos, no son de constitucionalidad», ha defendido.