La juez censura con dureza al fiscal del caso Mediador por no pedir prisión para el exdiputado socialista
Afirma que deja en libertad al acusado «por imperativo legal» y expresa su discordancia absoluta con el fiscal
Sí se dictó prisión provisional «comunicada e incondicional» para el general retirado de la Guardia Civil Francisco Javier Espinosa
La juez del caso Mediador ha formulado un duro reproche al fiscal por no reclamar la prisión provisional para el exdiputado nacional socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como 'Tito Berni', en libertad provisional desde este miércoles.
La fiscalía afirmó que no apreciaba «riesgo de fuga ni de destrucción de fuentes de prueba». Sin embargo, el juez se considera en contra de esa valoración, y subraya que según su criterio «sí existe peligro de destrucción de fuentes de prueba, dada su posición en las islas, su vinculación con la política y este entorno desde el año 1994, sus distintos cargos políticos y sus amplias relaciones, que a juicio de esta titular y en su conjunto, aconsejaban su ingreso en prisión y no su puesta en libertad, al menos en la fase actual de este procedimiento e investigación, pudiendo verse frustrada la misma con la medida de libertad solicitada». La juez indica que no le queda otra decisión que dejar en libertad al detenido «por imperativo legal», en «estricta aplicación del principio acusatorio y en discordancia absoluta con lo solicitado por el Ministerio Fiscal», según reza el auto del caso Mediador con fecha 22 de febrero de 2023 al que ha tenido acceso El Debate.
Esta circunstancia contrasta con la situación de otro de los investigados en el caso, el general retirado de la Guardia Civil Francisco Javier Espinosa, para el que se dictó prisión provisional y comunicada. Diversas fuentes judiciales han resaltado la dependencia orgánica de la fiscalía del Ministerio de Justicia para resaltar su malestar con la decisión.
El auto explica que el procedimiento tiene su origen en la interposición de una denuncia por parte de Ángel Luis Pérez Peña, director de Deportes del Cabildo Insular de Tenerife, en enero de 2022 en la Policía Nacional de Santa Cruz de Tenerife, en virtud de la cual «ponía en su conocimiento la realización de determinados cargos fraudulentos llevados a cabo en su cuenta bancaria sin su consentimiento y por valor de 2.575 euros». Como consecuencia de la denuncia, se inició una investigación en la que se comprobó que las operaciones no consentidas habrían sido materializadas por Marcos Antonio Navarro Tacoronte, motivo por el cual se procedió a su detención el 26 de enero de 2022.
«En el trascurso de su declaración en sede judicial, el investigado manifestó que los distintos cargos bancarios denunciados eran perfectamente conocidos y consentidos por el denunciante, llegando a declarar que tales actuaciones formaban parte de una práctica habitual en la que el investigado intervenía como mediador o representante de determinadas autoridades o altos cargos públicos que a cambio de la entrega de dádivas, regalos o pagos ofrecían a empresarios la posible consecución de beneficios o tratos de favor en el ámbito del sector público o bien, desplegando su capacidad de influencia, en el sector privado». Se destapaba así el denominado caso Mediador.
El citado auto indica que la Policía Nacional constató que los distintos implicados «formarían una trama criminal perfectamente definida y coordinada en cuyo vértice superior se encontraría Juan Bernardo Fuentes Curbelo, diputado del Congreso de los Diputados, Taishet Fuentes Gutiérrez, Director General de Ganadería, su sobrino, y Francisco Espinosa Navas, actualmente en prisión por esta causa, quien en el momento de los hechos investigados era General de División de la Guardia Civil». «Las personas mencionadas -prosigue el auto- eran de extraordinaria importancia en el desarrollo de la trama criminal, sin las cuales no hubiera sido posible la comisión de las actividades ilícitas investigadas, pues la relevancia de sus respectivas responsabilidades públicas generaba una relación de confianza y unas expectativas en la consecución de sus ilícitos propósitos en los distintos empresarios, esencial para que éstos accedieran al pago de su contraprestación en la creencia de las promesas que o bien se les trasladaba por personas intermedias o bien le hacían llegar directamente quienes se encontraban al frente de la organización en los numerosos encuentros acreditados que se produjeron entre los distintos intervinientes».
La nueva trama de presunta corrupción que salpica al PSOE tras otras tan conocidas como el caso de los ERE de Andalucía, está investigando si en el PSOE de Canarias se cometieron los siguientes delitos: cohecho, tráfico de influencias, falsedad, pertenencia a grupo organizado y blanqueo de capitales.
La trama 'Mediador' pedía un «peaje económico» de 5.000 euros a los empresarios a los que captaba bajo la promesa de «obtener privilegios» en materia de contratación pública, se reunían con ellos en el Congreso de los Diputados y en la sede de la Guardia Civil en Madrid para aparentar «seriedad» y acababan en «grandes fiestas» en clubes y hoteles con una media de gasto de unos 3.000 euros, según el sumario del caso.
«Del resultado de la compleja investigación -afirma el auto-pone de manifiesto dos cuestiones fundamentalmente graves: en primer lugar, el concierto entre un grupo determinado de personas para la supuesta comisión de delitos relacionados con la corrupción; y, por otro lado, el ánimo de lucro perseguido por dichos sujetos. Por ello, la confluencia de tales factores no solo pone en grave riesgo la integridad de las organizaciones a las que, para el caso de los funcionarios, pertenecen; sino que el perjuicio causado a la sociedad en general adquiere una relevancia incalculable».