El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido
Cándido Conde-Pumpido
Un decreto-propaganda del Gobierno sobre igualdad de trato, nueva prueba para la imparcialidad del TC
La norma de 2019 recurrida por el PP será propuesta inconstitucional por el ponente designado, el magistrado conservador César Tolosa
El próximo Pleno del Constitucional volverá a convertirse, más allá del contenido meramente jurídico, en una prueba del algodón para la imparcialidad de la mayoría de izquierdas encabezada por el presidente Cándido Conde-Pumpido. Un Real Decreto-ley dictado por el Gobierno de Pedro Sánchez, durante los llamados viernes sociales, en 2019, de medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, recurrido por el Partido Popular, será la clave. Pese a que la propuesta del ponente designado para redactar la sentencia, el magistrado César Tolosa, es de inconstitucionalidad de la norma, todo apunta a que el sector zurdo del órgano se prepara para votar en contra.
En el fondo del asunto, la inexistencia del requisito habilitante para todos los decretos ministeriales, la extraordinaria y urgente necesidad de un texto que exige el artículo 86 de la Constitución y que, en este caso, incumplió el mismo. Fue una medida «oportunista» del Ejecutivo socialista, apuntan a El Debate fuentes próximas al TC conocedoras del caso, que ahora «pretende ser salvada» como tantas otras normas que se someten al rodillo de la Corte encabezada por Conde-Pumpido. «La urgencia real no se puede identificar con la urgencia política electoralista», concluyen.
Así las cosas, la batalla de los populares con ciertas medidas populistas de Sánchez, aprobadas en la Diputación Permanente de su primer Ejecutivo ha llegado, cuatro años después, al TC de la mano de un recurso presentado en abril de 2019 que será debatido en el Pleno de la próxima semana. En su reclamación al real decreto sobre igualdad de trato, el PP explicaba que no niega que sea bueno legislar para mejorar la igualdad entre hombres y mujeres, sino que lo que se discutía era que hacerlo por la vía de urgencia, en lugar del procedimiento legislativo correspondiente, fuese legal.
El Partido Popular «no quiere decir que la desigualdad entre hombres y mujeres en España no exista o que no se deban seguir aprobando medidas para mejorar la conciliación de la vida familiar y laboral», afirmaban entonces desde las filas de la formación. Lo que «se critica» es «la vía elegida para aprobarlo».
No en vano, la propuesta de ponencia del magistrado Tolosa, expresidente de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, apuesta porque en la motivación real del Decreto-Ley recurrido no se abordaba la realidad existente. Lo que el PP calificó, en su día, como «imprecisiones y falsedades».
Concretamente, los populares señalaron que las afirmaciones de la exposición de motivos de dicha norma «o son genéricas y sin asidero en datos, o son directamente falsas, como decir que la brecha salarial no se ha reducido en los últimos años», tal y como se demostraba, en contrario, con datos de Eurostat recogidos en el recurso.
«Si tomamos datos de Eurostat podemos mostrar el acusado descenso de la brecha salarial (diferencia de salarios hombre-mujer) en España y cómo se sitúa en 2016 en 15.1 % en España, mientras que en Europa en esa misma fecha la media es de 16.3%», aseguraban desde el Partido Popular. Asimismo, apuntaban que los «miles de millones en medidas electoralistas» de dichos decretos estaban poniendo en riesgo la recuperación económica y metiendo a España en una tercera recesión con 126.000 parados más desde que Sánchez es presidente y 12.000 millones de déficit público.
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