Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni
Investigación
La Fiscalía busca mordidas a la trama de Tito Berni en 18 contratos que Interior adjudicó a un constructor
La Fiscalía de Las Palmas está buscando el pago de comisiones ilegales a la trama que lideraba el diputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como Tito Berni, en 18 contratos públicos que el Ministerio del Interior ha adjudicado a un constructor implicado en el escándalo de corrupción. En los últimos años, este promotor se ha beneficiado de obras en cuarteles de la Guardia Civil por valor de 3,3 millones de euros.
El constructor, llamado Ángel Ramón Tejera de León, figura en el sumario del caso Mediador como nexo entre Tito Berni y el general de la Benemérita encarcelado Francisco Espinosa. Entre los años 2018 y 2023, este empresario, apodado 'Mon' entre los miembros de la red, usó un entramado societario formado por dos sociedades limitadas para facturar grandes cantidades económicas. Estas dos sociedades son Angrasurcor SL y Solocorcho SL. Gran parte del volumen de negocio de estas empresas tiene su origen en contratos públicos.
Contratos del Ministerio del Interior a Solocorcho SL (I)
Muchos de ellos, según los investigadores, fueron adjudicados desde el Ministerio del Interior siendo ministro Fernando Grande-Marlaska. Ahora, la Fiscalía está indagando si hubo pagos de mordidas y comisiones ilegales a miembros de la trama de Tito Berni o incluso a altos cargos de la Guardia Civil en las Islas Canarias. De las dos empresas, el Ministerio Público ha hecho hincapié en la búsqueda de pagos en B a miembros del caso Mediador especialmente en Solocorcho SL. El 20 de diciembre de 2018 la constructora de 'Mon' recibió la «mejora en revestimiento de paredes interiores en un cuartel de la Guardia Civil» por 69.000 euros.
El 28 de noviembre de ese mismo año se hizo cargo de la «reparación e impermeabilización de cubierta del acuartelamiento de Tacoronte» por 29.452,82 euros; el 12 de noviembre se le encargó la «rehabilitación de dependencias del acuartelamiento Llanos Aridane» por 14.370,10 euros; en 2018 también recibió un contrato de 38.828,16 euros para la «reparación de la fachada del acuartelamiento Buenavista del Norte de Santa Cruz de Tenerife» y 41.881,97 euros para la «reparación integral de la fachada exterior del cuartel de la Guardia Civil en Onil (Alicante)».
Contratos del Ministerio del Interior a Solocorcho SL (I)
Por otra parte, el Ministerio Público ha remitido un escrito de acusación al Juzgado de Instrucción número 4 de Arrecife (Lanzarote), desde donde se investiga la trama de Tito Berni, contra el constructor 'Mon' por un delito contra la Hacienda Pública en el marco de unas obras que también realizó para la Guardia Civil a través de su segunda empresa, Angrasurcor SL. Para la Fiscalía, este empresario defraudó 162.171,68 euros.
Por este motivo, tal y como recoge el escrito de la Fiscalía, se pide un una pena de tres años de prisión y una multa de 488.015,04 euros, así como la pérdida del derecho a obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de Seguridad Social por tiempo de cuatro años. De la misma manera, se solicita que 'Mon' indemnice a la Agencia Tributaria con una cantidad que roza la cantidad defraudada.
Decenas de irregularidades
El empresario, en su condición de administrador único de Angrasurcor SL, presentó una declaración por el impuesto de sociedades «omitiendo en la misma ingresos que había obtenido» la entidad mercantil e «incluyendo como deducibles gastos que en modo alguno pueden tener tal consideración» por ser de consumos de naturaleza personal o propios del acusado. Por este motivo, la Fiscalía matiza que «no» están relacionados con la actividad económica que desarrolla la entidad y se trata de gastos que «no responden a servicio alguno y no se ha justificado».
Esta forma de presentar la declaración permitió al empresario de la trama de Tito Berni «reducir considerablemente» la base imponible del período declarado y con ello la cuota debida a la Agencia Tributaria, lo que supone un «evidente perjuicio para el erario público». En este sentido, la declaración presentada por el impuesto de sociedades tenía una cuota por importe de 68.017,52 euros. Sin embargo, por lo que hace a los ingresos recibidos y no declarados ascienden a la cantidad de 14.500 euros pero este «origen no ha quedado acreditado documentalmente», siendo contabilizados como movimientos de caja a bancos y «procediendo un aumento de la base imponible declarada por dicho importe».
La Fiscalía destaca como el apartado «más importante» por su cuantía el relacionado con los gastos que se incluyeron por la obligada tributaria en su autoliquidación como deducibles y que, subraya, «en modo alguno pueden tener tal consideración». Señala así a los importes que se había contabilizado y deducido conceptuados como 728.254,58 euros en aprovisionamientos, 86.122,55 euros en gastos de personal, 35.918,26 euros en otros gastos de explotación, 388,19 euros en amortización del inmovilizado, 1.432,90 euros en otros resultados y 92,03 euros en gastos financieros.
En cuanto a los gastos de aprovisionamientos (728.254,58 euros), el Ministerio Público apunta que «no tienen tal consideración el importe de 392.781,34 euros recogidos en la cuenta de compra de mercaderías, dado que se requirió al representante de la obligada tributaria para que aportara la documentación justificativa de tales adquisiciones como de su pago, requerimiento que no fue atendido».
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