Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni
Investigación
La reflexión de los policías que investigan la trama de Tito Berni: «Es una red criminal que crea una grave alarma social»
Los agentes encargados del caso Mediador incluyen en uno de sus últimos informes el hartazgo de la sociedad civil con los casos de corrupción
Los agentes de la Policía Nacional que investigan el caso Mediador, liderado por el diputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como Tito Berni, han trasladado a la juez que investiga la trama de corrupción esta reflexión: «Es una red criminal que crea una grave alarma social». Con esta frase, los investigadores, que trabajan arduamente para esclarecer los hechos, contextualizan su labor en el marco de una sociedad que ya no tolera los casos de desfalco de dinero público.
«A colación de lo anterior, cabe destacar que las circunstancias que rodean los comportamientos de la red criminal, no sólo crean una grave alarma social en todos los niveles, sino que a la par, ponen en peligro la credibilidad democrática del sistema administrativo del Estado y perjudican enormemente la reputación y el buen hacer requerido de las Instancias Gubernamentales y Servicios Públicos a los que pertenecen los líderes de la organización criminal». Esta afirmación fue plasmada por parte de los agentes policiales que mandan sus informes a la juez Ángeles Lorenzo-Cáceres, encargada del caso.
Reflexión policial de los agentes que investigan el caso Mediador
El caso Mediador fue destapado por la propia Policía Nacional tras el análisis de dos terminales móviles. Todo comenzó con la presentación de una denuncia por parte de Ángel Luis Pérez, director de Deportes del Cabildo Tenerife. Este político denunció en una comisaría a principios de diciembre de 2021 una supuesta estafa de 2.575 euros que resultó ser falsa. Las diligencias policiales confirmaron que el beneficiario de esos cargos fue Antonio Navarro Tacoronte, conocido como El Mediador, que fue seguidamente detenido.
El Mediador declaró ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife y aseguró que Pérez había consentido los cargos en la tarjeta bancaria. También que el político era quien se había beneficiado de muchas de las compras que había hecho con ese dinero, extremos que podía demostrar a través de multitud de conversaciones mantenidas con él a través de WhatsApp. La juez estimó que Navarro decía la verdad y que las acusaciones de Pérez eran falsas, por lo que procedió al archivo de la causa. Pérez renunció a su cargo público y se inició una denuncia en su contra por acusaciones falsas.
Navarro entregó a la Policía sus dos teléfonos móviles con los que, según él, se demostraba que decía la verdad. Seguidamente, declaró que esos terminales destaparían una red de operaciones ilícitas, ya que en su interior contaba con pruebas contundentes de supuestos delitos de corrupción por parte de cargos políticos y empresarios de la isla. En efecto, ambos teléfonos contaban con una cantidad ingente de datos: 128 gigas con 107.026 fotografías, 39.698 archivos de audio y 3.158 vídeos, los más largos con una duración de hasta ocho horas.
El año 2022 fue clave para los investigadores. A raíz de esta denuncia por estafa, decenas de agentes tanto de la Policía Nacional (en su mayoría pertenecientes a la Unidad de Delitos Telemáticos) y de la Guardia Civil (muchos de ellos de la Unidad de Asuntos Internos) comenzaron a investigar lo que hoy conocemos como caso Mediador. Poco más de un año de investigación concluyó con la detención de varios políticos, empresarios y hasta agentes de la autoridad, todos ellos integrantes de una amplia red de corrupción.
Con su trabajo, los investigadores han logrado desarticular una trama de corrupción que consistía en la captación de empresarios del sector ganadero y agrario de Canarias a los que los cabecillas ofrecían la promesa de obtener «privilegios» en materia de contratos públicos a cambio de pagar un «peaje» de 5.000 euros. Pero también se investiga la supuesta extorsión que sufrieron otros empresarios, que presuntamente fueron amenazados con inspecciones y con dejarles sin ayudas europeas si no pagaban las mordidas.
La juez del caso imputa a los investigados los delitos de cohecho, blanqueo de capitales, falsificación, pertenencia a organización criminal y tráfico de influencias. El principal cabecilla de la trama es Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni, diputado del PSOE en el Congreso de los Diputados. Junto a él está imputado El Mediador, que comenzó el caso y ha acabado en el punto de mira. Junto a ellos se encuentra Thaiset Fuentes, sobrino de Tito Berni, un general retirado de la Guardia Civil y varios empresarios.
El Debate ha publicado en exclusiva los últimos avances de la investigación judicial. En estos momentos, los agentes están analizando las facturas que Tito Berni emitió a través de su asesoría fiscal por si parte algunos de los trabajos que hizo realmente fueron ficticios y camuflaban el cobro de comisiones ilegales. Este periódico también ha publicado los últimos descubrimientos hallados por los investigadores dentro del teléfono de Tito Berni. Entre ellos una fotografía en la que salía con la ministra Reyes Maroto, una imagen que difundía entre los empresarios de la trama para ganarse su confianza.