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14 de mayo de 2024

Un agente en el atentado del "comando España" de ETA con un coche bomba en la Plaza de la República Dominicana de Madrid, a 14 de julio de 1986, en Madrid, (España). Se cumplen 10 años del cese de la violencia de ETA. El 20 de octubre de 2011 la banda terrorista ETA anunciaba que ponía fin a 43 años de terrorismo que se saldaron con 829 víctimas mortales. La declaración se hizo a través de un comunicado escrito y en vídeo, leído por tres encapuchados. En él se limitaron a solicitar "un diálogo directo" con el Gobierno para resolver las "consecuencias del conflicto", esto es, la situación de presos y los etarras que viven en la clandestinidad, y superar lo que llama "la confrontación armada".
19 OCTUBRE 2021;ETA;10 AÑOS;TERRORISMO;ATENTADOS
Europa Press / Europa Press
(Foto de ARCHIVO)
14/7/1986

Un agente en el atentado de ETA con coche bomba en la Plaza de la República Dominicana de Madrid, el 14 de julio de 1986Europa Press

El PP lleva una ley al Congreso para prohibir los homenajes a etarras

Los populares plantean que los crímenes etarras se declaren como de lesa humanidad

El PP ha propuesto en el Congreso una ley para que los asesinatos llevados a cabo por la banda terrorista ETA sean reconocidos como crímenes de lesa humanidad, lo que impediría su prescripción y reforzaría la exigencia de esclarecimiento, y para prohibir los homenajes a los autores de esos atentados.
Los populares recuerdan que hace un año el Parlamento Europeo ya pidió a España este tipo de medidas para evitar que los crímenes queden impunes. En concreto, el Comité de Peticiones aprobó el 21 de abril de 2022 un informe sobre la existencia de 379 asesinatos de ETA aún sin resolver que incluía una quincena de recomendaciones a las autoridades españolas.
Ese informe pedía precisamente adoptar las medidas necesarias para el esclarecimiento de los crímenes de ETA aún pendientes de resolver, evitar la impunidad jurídica, social y moral de los terroristas, reconocer los asesinatos de ETA como crímenes de lesa humanidad, condicionar los beneficios penitenciarios a que se colabore con la Justicia, e impedir los actos de homenaje a los terroristas y la humillación de las víctimas.
En su proposición de Ley Orgánica sobre Crímenes de ETA sin resolver y sus víctimas, a la que ha tenido acceso Europa Press, el PP alega que la correcta comprensión de la ley requiere conocer el contexto normativo europeo, «que ha evolucionado hacia un marco más sólido y coherente con el objeto de reforzar la consideración de que los actos de terrorismo constituyen una de las violaciones más graves de los valores de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad». También «del respeto de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales, así como un ataque contra los principios de la democracia y el Estado de Derecho».
Es decir, la propuesta del PP considera «necesario» acometer una acción legislativa con cambios normativos para dar cumplimiento a dichas indicaciones.

Antecedentes

Los de Alberto Núñez Feijóo indican en el texto que el informe del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo se fundamenta en una visita de información realizada en España, del 3 al 5 de noviembre de 2021, en relación con los casi cuatrocientos asesinatos de ETA todavía sin resolver, que constituyen el 44 por ciento del total.
El PP también recuerda que existe un antecedente directo que ha tenido en cuenta para el desarrollo de las medidas contempladas en la ley: otro informe del Parlamento Europeo, aprobado el 19 de noviembre de 2020, sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea en los ejercicios 2018 y 2019.
En el mismo, pide a las autoridades españolas tomar las medidas necesarias para evitar que las víctimas del terrorismo «sean humilladas por actos como los homenajes a etarras que se ha producido en los últimos años en España» y reclama que «las instituciones pertinentes», ya sea a nivel local, autonómico o estatal, «proporcionen las salvaguardas necesarias para evitar que se produzca una victimización posterior derivada de humillaciones y ataques a la imagen de las víctimas por parte de los sectores sociales relacionados con el agresor».
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