El expresidente catalán Carles Puigdemont
Investigación
Puigdemont autoriza al tesorero de su casa en Waterloo a hacer pagos sin justificar de hasta 200.000 euros
El Debate publica hoy en exclusiva las actas de las decisiones adoptadas por las dos entidades belgas que financian al expresidente catalán
El expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, ha autorizado al tesorero que gestiona la casa de Waterloo, en la que reside desde que se fugó de España, aumentar la cuantía de los pagos que se realizan sin necesidad de justificar. Hasta el momento estaba cifrado en 60.000 euros y ahora la cifra ha subido hasta los 200.000 euros. El Debate publica hoy en exclusiva la documentación que acredita este aumento presupuestario fruto de una intensa investigación realizada en Bélgica.
La casa de Waterloo de Puigdemont está gestionada desde dos entidades belgas: CATGlobal y CATCiP, registradas ante el Banque Carrefour des Entreprises como «asociaciones internacionales sin ánimo de lucro». La primera de ellas fue constituida en 2018 y la segunda en 2019. La figura jurídica adoptada por estas compañías permite la no obligación de revelar con sus movimientos financieros a las autoridades belgas. En cambio, sí están obligados a dar parte de las decisiones que se tomen en sus juntas.
Actas en las que se aprueba el presupuesto de CATGlobal
Actas en las que se aprueba el presupuesto de CATCiP
Este periódico ha tenido acceso a las resoluciones emitidas por ambas entidades en las que se aprueban, entre otras cuestiones, lo que denominan «gastos sin justificar». Desde que Puigdemont comenzó a vivir en la casa de Waterloo hasta ahora cada una de estas entidades tenía un máximo de 30.000 euros destinados a esta partida. Es decir, un total de 60.000 euros.
A partir de este año, cada entidad asciende su partida hasta los 100.000 euros, por lo que el aumento de 60.000 euros que hacen provoca que ahora cuenten con 200.000 euros. En las actas registrales figura que la persona responsable de este dinero es Sergi Miquel, un publicista experto en medios digitales que se ha convertido en los últimos años en una de las personas de la máxima confianza de Puigdemont.
CATGlobal fue constituida el 13 de marzo de 2018 y se encuentra domiciliada en la calle Trèves número 51 de Bruselas. En la actualidad, los directivos de la entidad son: Jaime Bernis Calatayud, Jaume Cabani Massip, Pedro Junqué de Fortuny, Joseph Matamala Alsina, Pieta Van den Bergh y, por último, Sergi Miquel Gutiérrez.
Portada de los acuerdos adoptados en la última asamblea de CATGlobal
Portada de los acuerdos adoptados en la última asamblea de CATCiP
La segunda entidad, CATCiP, fue abierta dos meses más tarde. Concretamente el 30 de mayo de 2018 y fijó su domicilio en la casa de Waterloo. Tal y como figuran los datos depositados por el entorno de Puigdemont ante el Banque Carrefour des Entreprises, detrás de CATCiP se encuentran: Jorge Cañas García, Joan Matamala Alsina, el tesorero Sergi Miquel Gutiérrez y María Vilar Badia.
La entrega de Puigdemont
El aumento de presupuesto de Puigdemont que hoy revela este periódico coincide con la decisión que tomó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de limitar a Bélgica la posibilidad de denegar a España la entrega del expresidente de Cataluña. También del resto de dirigentes catalanes que huyeron a Bruselas en 2017. Esta resolución da la razón al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena al sentenciar que los tribunales belgas no pueden rechazar la entrega de los prófugos catalanes.
Bélgica ha paralizado en varias ocasiones las entregas alegando que «se corre el riesgo de que se violen sus derechos fundamentales». La sentencia, que también argumenta que no se puede poner en duda las competencias del Supremo para emitir euroórdenes, supone una nueva apertura de camino para la entrega de Puigdemont y del resto de ciudadanos españoles reclamados por los tribunales.
Esta resolución dictada por la Gran Sala del tribunal europeo, ante la que no cabe recurso y es de obligado cumplimiento, responde a las cuestiones prejudiciales remitidas por el juez Llarena en marzo de 2021 después de que los tribunales belgas rechazaron entregar al exconsejero Luis Puig por considerar que el tribunal competente para reclamar su extradición debería ser el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y que, de ser entregado en España, podrían ponerse en riesgo derechos fundamentales como la presunción de inocencia.
El juez Llarena acudió a los tribunales europeos para aclarar tanto el alcance de la emisión de las Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OEDE) emitidas por el Tribunal Supremo contra varios encausados por su papel en el proceso independentista entre ellos el expresidente Puigdemont como las razones para denegar la ejecución de tales euroórdenes.
En su sentencia, la Gran Sala formada por quince jueces aclara también que el marco de las OEDE permite emitir varias euroórdenes «sucesivas» para reclamar la entrega de la misma persona después de que la autoridad responsable denegara la ejecución de una primera orden siempre que «no de lugar a una vulneración de los Derechos Fundamentales de la persona y su emisión tenga carácter proporcionado».
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