José Manuel Villarejo, excomisario del Cuerpo Nacional de Policía
Tribunales
La Fiscalía pide 40 años y medio de prisión para Villarejo por los trabajos para Repsol y La Caixa
El Ministerio Público también solicita de 21 a 28 años de cárcel para los exjefes de Seguridad de ambas compañías
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado 40 años y medio de cárcel para el comisario jubilado José Manuel Villarejo por los trabajos realizados para Repsol y La Caixa en el denominado 'proyecto Wine', en el que ambas compañías trataban de defender sus intereses frente a una estrategia de Sacyr para hacerse con un número importante de acciones de la petrolera en 2011.
En su escrito de acusación, recogido por Europa Press, el Ministerio Fiscal solicita además una pena de 32 años y medio para el socio de Villarejo, Rafael Redondo, 21 años para el subdirector de Servicios de Apoyo de la dirección de Seguridad Corporativa de Repsol Rafael Girona, 28 años para el responsable de Seguridad de Repsol Rafael Araujo y 21 años para el ex responsable de Seguridad de Caixabank Miguel Ángel Fernández Rancaño. Señala que tanto Repsol como Caixabank y la Administración del Estado deben ser condenados como responsables civiles subsidiarios.
A todos les imputa diversos delitos que van desde el cohecho pasivo y activo al descubrimiento y revelación de secretos de particulares con difusión a terceros y a la falsedad en documento mercantil.
Tal y como recuerda Anticorrupción a lo largo de 15 folios, en agosto de 2011 Sacyr Vallehermoso, entonces presidida por Luis del Rivero, y la mexicana PEMEX alcanzaron un acuerdo relativo al ejercicio de su derecho de voto de forma sindicada en la petrolera española. Esto permitía que sumando la participación de ambas mercantiles llegarían a controlar casi un tercio del total.
Para hacer frente a esto, recuerda la Fiscalía, «los más altos directivos de Repsol adoptaron diferentes medidas», y una fue recabar información sobre ese pacto, para lo que se sirvieron de su dirección de Seguridad Corporativa, a cuyo frente se encontraban los encausados Rafael Araujo y Rafael Girona.
Anticorrupción indica que estos, «para cumplir con el mandato de sus superiores», contactaron en octubre de 2011 con Villarejo «a sabiendas de que se encontraba en servicio activo como Comisario del Cuerpo Nacional de Policía y que podía servirse de dicha condición». Así, le encargaron una investigación inicialmente dirigida a recabar toda la información posible sobre Luis del Rivero, incluyendo aquella relacionada con sus actuaciones relativas al pacto que, como presidente de Sacyr Vallehermoso, había alcanzado con el Grupo PEMEX para tomar 'de facto' el control de Repsol.
Apunta que esa primera investigación se fue ampliando, llegando a desarrollarse hasta mediados del año 2012. Y añade que a ese encargo se sumó la entidad Caixabank, como accionista de referencia de Repsol, haciéndolo a través del encausado Miguel Ángel Fernández Rancaño en su condición de director de Seguridad.
Ese encargo se materializó en lo que Villarejo denominó 'proyecto Wine' y se canalizó «a través del complejo entramado societario del que era titular real denominado Grupo CENYT». En ese marco sitúa la participación de Rafael Redondo, abogado y asesor jurídico de la empresa.
La evolución de Wine
La Fiscalía recuerda que a finales de 2011 la operación de PEMEX y Sacyr se truncó por la salida de Del Rivero de la Presidencia de la constructora, pero apunta que 'Wine' continuó «por los conflictos que en aquellas fechas mantuvo –Del Rivero– con los dirigentes de Repsol» y para seguir la «reacción» de éste a la desactivación del pacto de accionistas.
El resultado de las pesquisas del comisario se plasmó en varios informes que fueron entregados a Araujo y a Fernández Rancaño, y el Ministerio Público subraya que estos los elevaron a su vez a sus superiores «sin que conste que éstos tuvieran conocimiento de que el titular real de la empresa proveedora de los servicios contratada por sus subordinados fuera un comisario en activo del Cuerpo Nacional de Policía».
Así, Villarejo recabó información de Del Rivero e hizo seguimiento de sus movimientos empresariales y de las personas con las que se reunía. Para ello, él y Redondo se hicieron con los tráficos de llamadas del presidente de Sacyr entre los días 20 y 31 de octubre de 2011, y elaboraron a continuación una nota informativa reseñando quiénes eran esas personas, físicas y jurídicas.
También se centraron en investigar a Rodrigo Álvarez Vázquez, quien había ocupado el puesto de director de seguridad de Sacyr Vallehermoso mientras Luis del Rivero Asensio fue su presidente, y a Fernando Ramírez Mazarredo, quien había ocupado, hasta diciembre de 2010, el puesto de director financiero de Repsol.
De ambos también recabaron el tráfico de llamadas, y la Fiscalía explica que todo ese caudal de información fue suministrado a Araujo, Girona y Fernández Rancaño. Apuntan que otra pata de la investigación del comisario se centró en el Grupo Pemex y en el proceso de compra de acciones de Repsol que llevó a cabo en el año 2011.
Los movimientos
La investigación de Cenyt sobre Del Rivero continuó a pesar de que se había truncado el pacto con Pemex, y Villarejo y Redondo se hicieron, según la Fiscalía, «con los tráficos de llamadas, con las llamadas salientes y entrantes del periodo comprendido entre los días 15 de diciembre de 2011 y 22 de enero de 2012» de la esposa y de una segunda persona que había ocupado el puesto de secretario del Consejo de Administración de Sacyr hasta diciembre de 2011. También lograron el tráfico del teléfono de la mercantil Actividades Inmobiliarias y Agrícolas, S.A., propiedad de Luis del Rivero.
Esa evolución del encargo a Villarejo derivó en nuevas pesquisas que consistieron en investigar «eventuales conductas irregulares» que Luis del Rivero hubiera podido realizar, tanto de manera reciente como en otros tiempos, y que pudieran ser rentabilizadas por los directivos de Repsol y Caixabank. Así, recabó información sobre «las vinculaciones que, según manifestaban, habría tenido (...) con los hechos y las personas investigadas en diferentes operaciones desarrolladas por las autoridades españolas contra la corrupción, como la denominada operación Malaya, (...) el caso de la Caja de Ahorros de Castilla La Mancha o el caso de Jaume Matas».
Asimismo, estudió las distintas propiedades inmobiliarias que poseía, por sí mismo y a través de la sociedad Actividades Inmobiliarias y Agrícolas, S.A., para saber si podían venir de alguna operación ilícita. Vigiló sus contactos con medios de comunicación y controló sus movimientos entre mayo y junio de 2012, como su traslado de domicilio y los contactos personales que mantenía con personas del mundo de la política las finanzas.
El viaje a Alemania
La Fiscalía apunta que Villarejo también recabó información sobre Luis Alberto Mañas Antón, al que los encausados consideraron como la persona que dirigía los movimientos de PEMEX en sus relaciones con Repsol.
Además, el Ministerio Público habla de un segundo trabajo en 2014, esta vez solo para Repsol, que consistió en que confirmara que uno de sus consejeros se había ausentado voluntariamente de una comisión de la compañía para asistir a un evento deportivo en Alemania. Villarejo le hizo fotos en el partido de fútbol y por ese trabajo cobró 24.200 euros.
A esa cantidad, la Fiscalía suma la que el comisario habría recibido por los trabajos de 'Wine'. CENYT emitió tres facturas y cobró 389.400 euros, cantidad abonada a partes iguales por la caja y por la petrolera. En esas facturas se hicieron constar «servicios distintos a los realmente prestados, ocultando de este modo la realidad de la relación comercial que habían mantenido las partes», recuerda.
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