En España, echar a un okupa lleva cerca de año y medio
Tolerancia cero
Feijóo aplicará la mano dura contra la okupación: desalojos en 24 horas y penas más altas
Los populares prometen un paquete de medidas para atajar un problema que la Ley de Vivienda de Sánchez omite por completo. En la campaña del 28-M ya fue un asunto principal para el PP y Vox
Alberto Núñez Feijóo quiere aplicar la tolerancia cero contra la ocupación si llega a la Moncloa. Un asunto que está contenido en el programa electoral que el candidato del PP presentará este martes.
Los populares prometen un paquete de medidas «anti-okupación», con tres objetivos. Primero, «permitir que los desalojos se produzcan en un plazo máximo de 24 horas», e incluso de forma inmediata «si se tratara de flagrante delito». Segundo, exonerar a los dueños de viviendas ocupadas ilegalmente de pagar el IBI y el impuesto sobre el Patrimonio por ellas. Y tercero, impedir que los ocupas puedan empadronarse en esos domicilios.
De entrada, el PP se compromete a reformar el artículo 245 del Código Penal para endurecer las penas. Actualmente, la ocupación con «violencia o intimidación» está penada con entre uno y dos años de prisión. Con la reforma por la que aboga Feijóo serían entre uno y tres años.
Con el Código Penal en vigor, la ocupación de inmuebles, viviendas o edificios ajenos que no constituyen morada del propietario (es decir, no son residencia principal) no lleva aparejada cárcel, sino solo multas de entre tres y seis meses. Feijóo apuesta por penas de prisión de entre seis y 18 meses en este supuesto.
En ambos casos, si la ocupación durara más de 15 días se aplicaría la horquilla máxima en el castigo. Además, el PP introduce un supuesto para agravar las penas en el caso de que la ocupación la realice un grupo organizado o siguiendo sus instrucciones.
La incitación a la ocupación también estará castigada, con cárcel de tres meses a un año. Si quienes incitan son autoridades o funcionarios públicos –y ello va por algunos discursos políticos–, a la pena de cárcel se le añadiría la inhabilitación para cargo público por entre nueve y 15 años.
La ocupación fue un tema principal en la campaña del PP y de Vox a las elecciones municipales y autonómicas, especialmente allí donde el problema es mayor. El popular Xavier García Albiol llegó a proponer una concejalía contra las ocupaciones ilegales, la primera de España. Albiol obtuvo una mayoría absolutísima de 18 concejales el 28 de mayo y cumplió su palabra, de manera que el Ayuntamiento se personará en los procedimientos judiciales de este tipo.
El alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol
Por el contrario, la Ley de Vivienda que la mayoría Frankenstein aprobó en mayo en las Cortes no dedica ni una sola línea a este fenómeno.
En su programa electoral, Feijóo también se compromete a crear unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado específicas contra la ocupación. En algunos ayuntamientos, como el de Santa Coloma de Gramanet, ya existe una división especializada dentro de la Policía Local para agilizar los desalojos.
Los populares ya llevaron el asunto al Congreso el pasado verano, por la vía de una proposición de ley que cayó en saco roto porque el PSOE y sus socios habituales votaron en contra de su toma en consideración siquiera. Salvo el PNV, que se abstuvo. Curiosamente, ni Pedro Sánchez ni Yolanda Díaz votaron en el pleno de aquel día.
La Ley sobre propiedad horizontal
La propuesta de los populares también modifica más normas en vigor. Entre ellas, la Ley sobre propiedad horizontal, para dotar a las comunidades de vecinos de más armas legales frente a los problemas de convivencia que puedan generar los ocupas. Y para prevenir, incluyendo un artículo con el siguiente redactado: «En caso de que alguna de las viviendas o locales se encontrara vacía y existiera riesgo de que resulte ocupada ilegalmente, sin derecho y en contra de la voluntad del propietario, el presidente, a iniciativa propia o de cualquier vecino, pondrá en conocimiento del propietario la posibilidad de adoptar medidas preventivas, tales como tapiar o cerrar puertas o ventanas».
Asimismo, reforma la Ley de Bases de Régimen Local para añadir un artículo que considere «nula» la inscripción en el padrón municipal de los ocupas. Por lo tanto, no constituirá «prueba de su residencia o domicilio ni les atribuirá ningún derecho».
La ocupación volvió este lunes al epicentro del debate político después de que la plataforma Desokupa desplegara una lona en la céntrica calle de Atocha, en Madrid, con la frase: «Tú a Marruecos, Desokupa a la Moncloa», dirigida a Sánchez. Después, este mensaje: «En ocho años hemos recuperado las casas de 7.600 familias o condenas. Os echaremos de menos a todes».
