Ilustración: Poder Judicial
Justicia
El CGPJ, en el punto de mira de Sánchez y los separatistas tras las generales
Es la primera vez que el presidente interino, Vicente Guilarte, se sienta al frente de un órgano convertido en pieza de caza mayor para un futuro Gobierno socialista apoyado en los separatistas
Durante la pasada legislatura, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), prorrogado desde 2018, ha sido el único órgano capaz de resistir el manual colonizador de Pedro Sánchez para las instituciones. Sin embargo, su mayoría conservadora con el nuevo presidente interino Vicente Guilarte al frente, se ha convertido en pieza de caza mayor para socialistas y separatistas, tras el resultado electoral del pasado 23-J. La posible reedición del popularmente conocido como Gobierno frankenstein pone en el punto de mira al Poder Judicial y su Consejo, pendiente de renovarse desde hace cinco años.
Del máximo órgano de representación de la magistratura dependen, entre otras cuestiones, los nombramientos de jueces y magistrados para los más altos tribunales de nuestro país. De ahí que, en el caso del Constitucional, el bloqueo impuesto por Sánchez y sus socios de Podemos para las designaciones habituales del Consejo, se eliminase con la misma urgencia con la que fue aprobado por el Ejecutivo para el resto de los casos. Incluido el de un Supremo que agoniza con más de una veintena de vacantes.
La entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2021 impulsada, vía exprés, por los socios de coalición en el Parlamento, que impide al CGPJ realizar nombramientos discrecionales de jueces mientras se encuentre en funciones prorrogadas era, entonces, la principal baza del Gobierno para forzar la renovación del órgano de los jueces sin modificar antes el sistema de elección para despolitizarlo. Éste es, precisamente, el riesgo que corre el Consejo en caso de que se reedite la investidura de Sánchez de la mano de una amalgama de siglas políticas de todo signo y condición, incluyendo los separatismos más radicales de Cataluña y País Vasco.
No en vano, entre las consecuencias directas para la Justicia del laberinto en el que el resultado electoral ha convertido la situación política española estarían, sin duda, el mantenimiento del sistema de elección partidista de los vocales del CGPJ. Aunque ello suponga seguir en contra del cumplimiento de los estándares de la independencia judicial fijados desde Europa. Y ello, en un contexto en el que, el actual Consejo que, hasta ahora ha resistido estoicamente los envites de una renovación aplazada durante cuatro años y medio, se enfrenta al cambio inmediato de cromos entre los futuros y eventuales socios de legislatura.
Ya son algunas las voces que, en los círculos más próximos al órgano, advierten de la posibilidad de que en el nuevo Consejo –que en los últimos días designaba al conservador Vicente Guilarte como nuevo presidente interino, tras la jubilación de Rafael Mozo– haya representantes del independentismo catalán (Esquerra Republicana) y vasco (EH Bildu). Algo que no parece descabellado a la luz del peso específico que ambas formaciones, como mínimo, tendrán en la futura gobernabilidad de nuestro país. El Poder Judicial siempre ha estado en el punto de mira del separatismo, precisamente, porque ha sido la última barrera de contención infranqueable para sus metas políticas.
Los Consejos Autonómicos de Justicia
De hecho, una de las exigencias clásicas del independentismo ha sido siempre la creación de los denominados Consejos Autonómicos de Justicia, llamados a descentralizar la tarea conferida en exclusiva al CGPJ, lo que permitiría un control directo de los jueces al frente de audiencias provinciales y tribunales superiores, por parte de los separatistas en sus propios territorios. La cuestión, no menor, entró en la agenda del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en 2011, pese a que finalmente no llegó a cuajar el anteproyecto de ley sobre la materia.
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El separatismo persigue un Poder Judicial propio y sumiso para dar inmunidad a sus cabecillas
El desmembramiento del Consejo, tal y como lo conocemos, en dichas unidades autónomas del Poder Judicial, implicaría «desde la inconstitucional ruptura de la unidad jurisdiccional hasta las presión profesional sobre los jueces y magistrados que prestan sus servicios en territorios sometidos a tensiones separatistas», denunciaban hace un tiempo desde la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. Además de «la multiplicación por 17 de los mismos problemas de politización y arbitrariedad en los nombramientos judiciales que ya afectan al Consejo General de Poder Judicial» actual.
Por si fuera poco, tres de las cuatro principales asociaciones judiciales de nuestro país son contrarias a la creación de estos Consejos territoriales del Poder Judicial. Y es que, a su juicio, la Administración de Justicia «tiene problemas mucho más graves que éste». Sin tener en cuenta que los mismos supondrían más gasto, descoordinación e intervencionismo político de la Justicia desde las Comunidades Autónomas.
También en este extremo, como en el de una eventual 'consulta pactada' por Sánchez con el separatismo en Cataluña y el País Vasco, el Tribunal Constitucional tendría la última palabra. Si bien, por el momento, ha asentado su doctrina para fijar con claridad los límites a esta materia, por la que declaró inconstitucional, en su día, el art 97 del Estatuto catalán «el Poder Judicial no puede tener más órgano de gobierno que el CGPJ», por infracción de los artículos 122.2 CE y 149.1.5 CE –«pues ningún órgano, salvo el CGPJ, puede ejercer la función de gobierno de los órganos jurisdiccionales integrados en el Poder Judicial, exclusivo del Estado»– y del 117.5 CE según el cual «el principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales», nada impide que la Corte de Garantías presidida por Cándido Conde-Pumpido, y a la medida de Sánchez, revierta su posición si de ello depende la próxima legislatura.
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