La presidenta de Junts, Laura Borràs, durante el juicio por el que fue condenada
Futura investidura
Junts y la exigencia de amnistiar a Borràs: Sánchez tachó su caso de «flagrante prevaricación»
La líder de Junts en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, anunció el pasado sábado 19 de agosto –en una entrevista con la agencia ACN– que para investir a Pedro Sánchez van a exigir que se amnistíe a todos los líderes independentistas, incluida Laura Borràs; condenada por corrupción.
A la presidenta de Junts la castigaron tanto a 13 años de inhabilitación para ejercer cargo público como a 4 años y medio de prisión por los delitos de falsedad en documento oficial y como inductora de falsedad en documento mercantil. La sentencia –que provocó que la Junta Electoral Central retirara el escaño autonómico a Borràs– no es firme al estar recurrida ante el Tribunal Supremo.
Así pues, Nogueras considera que en la ley de amnistía se tiene que enmarcar a «todo el lawfare», es decir, a lo que desde el secesionismo definen como la persecución judicial de la Justicia española contra el independentismo. En este mismo sentido se manifestó el domingo 20 de agosto la propia Borràs, que pidió en sus redes sociales amnistía para «todos los represaliados independentistas como punto de partida para solucionar el conflicto político».
«Si buscáramos soluciones individuales, yo ya habría pactado con la Fiscalía, pero mantuve y mantendré el pacto con la verdad», agregó Borràs.
La corrupción de Borràs
Laura Borràs fue condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por su gestión cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas (ILC). Los magistrados dictaminaron que la política de Junts adjudicó de manera directa a un amigo los trabajos de creación, desarrollo y mantenimiento de la web de la entidad. «Se trató de un contrato diseñado, decidido y ejecutado con único sometimiento a la voluntad personal de quien tenía toda la autoridad para contratar y autorizar su pago, la Sra. Borràs i Castanyer, como directora de la ILC», recoge la resolución.
Asimismo, el TSJC considera probado que la también expresidenta del Parlament actuó con «plena conciencia de que estaba encargando unos trabajos y produciendo una adjudicación directa que prescindía de los más elementales requisitos previstos para la contratación administrativa, conociendo como conocía la existencia de un concierto de la Generalitat con el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat de Cataluña (CTTI), que recomendaba asignar a este centro tecnológico el desarrollo y gestión de todas las TICs del Govern de la Generalitat».
Poco después de conocerse la sentencia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó que «respecto a la sentencia a la señora Borràs, reitero, es importante recordarlo, estamos hablando de un caso flagrante de prevaricación, y de mal uso de los recursos públicos». En consecuencia, Sánchez tendría que cambiar de nuevo de opinión si finalmente se amnistía a los independentistas condenados –tanto a los involucrados en el 1-0 como a Borràs– tal y como demandan desde Junts para darle el «sí» al líder del PSOE en una investidura.
Unos jueces con «servilismo político»
Borràs manifestó el pasado 10 de agosto en sus redes sociales que «dos jueces, por ideología política o servilismo patrio, me condenaron a prisión habiendo rechazado las pruebas periciales que demuestran mi inocencia. El nivel de la justicia española es así lamentable». No obstante, la resolución de la Sala incluía un voto particular de la magistrada María Jesús Manzano, que discrepaba de la condena «de un delito continuado de falsedad en documento oficial atribuido a Laura Borràs, entendiendo que, en todo caso, Borràs sería inductora».
Además, la sentencia solicita al Gobierno el indulto parcial para Borràs por la acumulación real y la suma de las penas previstas para el delito de prevaricación administrativa: «Nos lleva a considerar excesiva la duración de la pena privativa de libertad en la medida en que no admite ninguna posibilidad de que pueda acogerse a las fórmulas sustitutivas de cumplimiento». De esta manera, proponen «elevar al Gobierno una propuesta de indulto parcial de la pena de prisión en aquella parte que vaya a exceder de los dos años».
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