Puigdemont lleva días pidiendo «hechos comprobables» para conceder su «sí» a la investidura
El Gobierno no puede ofrecer un anteproyecto de ley de amnistía mientras siga en funciones
Algunas fuentes aseguran que Puigdemont estaría exigiendo la presentación de un proyecto de ley antes de la investidura, pero el Ejecutivo estaría incurriendo en una ilegalidad si lo hiciera
Junto con la «desjudicialización del conflicto», la «amnistía» y la «autodeterminación», hay una expresión que se ha puesto tristemente de moda en los últimos días. Son los famosos «hechos comprobables» que pidió Puigdemont de cara a la votación para la Mesa del Congreso, y que provocaron que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, pidiera a la UE (por escrito y de madrugada) que el catalán, el euskera y el gallego sean reconocidos como idiomas oficiales dentro de las instituciones europeas.
Una vez superada la votación para la presidencia del Congreso, el propio Carles Puigdemont (y todo el independentismo al unísono) ha corrido para advertir que la Mesa y la investidura son materias distintas... y que por tanto requieren negociaciones distintas.
En las últimas horas, algunas fuentes próximas al entorno independentista aseguran que, para sacar adelante la votación de investidura, Carles Puigdemont habría incrementado sus exigencias hasta el punto de pedir a Sánchez que presente un anteproyecto de ley de amnistía antes de la votación. Esta manera de proceder superaría la doctrina de los «hechos probados» para pasar al «pago por adelantado», como les gusta decir en Junts.
Tras una legislatura en la que han obtenido del Gobierno todas sus demandas –desde los indultos a la reforma del Código Penal–, en el separatismo saben que los próximos pasos son los más decisivos... y también los más costosos de dar, por eso exigen pruebas documentales.
«Razones de interés general»
Sin embargo, al igual que José Manuel Albares podría haber incumplido la ley con su requerimiento a Bruselas sobre las lenguas cooficiales, el Gobierno en su conjunto haría lo mismo si presentase un anteproyecto de ley de amnistía. No ya por iniciar un camino que no tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico, sino porque la ley del Gobierno impide a un Ejecutivo en funciones adoptar medidas de ese calado. El artículo 21 de dicha norma establece que el Consejo de Ministros limitará su gestión al despacho ordinario, «absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general» cualquier otra medida.
De nuevo, no es tanto problema la ley como quien la interpreta, pues Sánchez ya justificó los indultos al procés alegando «razones de utilidad pública», una fórmula que se parece bastante a esas «razones de interés general» que sí autorizan a un Gobierno en funciones exceder la gestión ordinaria para actuar de manera más ambiciosa.
Sobre el papel, un Gobierno en funciones no puede promover una iniciativa legislativa de esa magnitud. Sin embargo, si Sánchez justificó los indultos argumentando que «el íntegro cumplimiento de la pena de prisión agravaría la tensión existente», ahora podría alegar razones parecidas para lanzarse al camino de la amnistía.
A esa visión algo forzada de la norma habría que sumar el hecho de que el Tribunal Constitucional está presidido por Cándido Conde-Pumpido, jurista de cabecera del PSOE desde los tiempos de Zapatero. También figuran dentro de la nómina de magistrados Laura Díez Bueso (ex alto cargo de la Generalitat y de la Moncloa con Sánchez) y Juan Carlos Campo (el ministro de Justicia que firmó los indultos).
En el año 2019, Campo se mostraba contrario a la amnistía y aseguraba que no tenía cabida en la Constitución. «La amnistía es el olvido. Aquí –dijo refiriéndose a los indultos de entonces– no hay olvido. Hay perdón para construir un futuro mejor y por eso te lo condiciono».
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