El Constitucional acelera las causas más políticas a favor del Gobierno antes de la investidura de Feijóo

El Constitucional ha decidido adelantarse a la vuelta del curso político pisando el acelerador jurídico a fondo para resolver las causas más polémicas del Gobierno en funciones, antes de que se produzca la sesión parlamentaria en la que, por encargo del Rey Felipe VI, Alberto Núñez Feijóo tratará de conformar un Ejecutivo para la próxima legislatura. Así las cosas, el orden del día de las Salas y el primer Pleno del órgano, tras el verano, recogen algunas de las cuestiones más delicadas para Pedro Sánchez. Entre ellas, la posible inconstitucionalidad de la ley de la eutanasia, el caso de la expulsión de Teresa Rodríguez del grupo parlamentario de Podemos en Andalucía –para dar la razón a la política, tal y como avanzó El Debate en primicia– o la situación procesal del expresidente catalán, y prófugo de la Justicia española, Carles Puigdemont.

En este último sentido, el TC presidido por Cándido Conde-Pumpido ha instado con la mayor celeridad, el recurso presentado por la Fiscalía, este mismo lunes, contra la decisión de la Sala de Vacaciones de inadmitir el recurso de Puigdemont y su exconsejero Toni Comín contra las órdenes nacionales de detención dictadas por el Supremo (TS) en el marco de la causa del 'procés' y que están, actualmente, vigentes.

Son varios los magistrados que, dada la trascendencia de un asunto que ha enfrentado a los bloques de izquierda y conservador del Tribunal, han pedido que se eleve al Pleno y que no sea únicamente la Sala competente, por razón de la materia, la que emita un veredicto.

Por el momento, la ponencia ha recaído en el magistrado y exministro de Justicia Juan Carlos Campo, en posible causa de recusación, por los intereses que el Ejecutivo al que perteneció tienen en los 'gestos' del TC hacia los separatistas de los que depende, en este momento, una nueva y eventual investidura de Pedro Sánchez. Por esta misma razón, el presidente del órgano, el magistrado Conde-Pumpido ha decidido abstenerse de cualquier deliberación, ya que así lo ha hecho con todos los relativos al referéndum inconstitucional del 1-O.

Ya en abril de 2021, el veterano jurista envío un escrito al entonces presidente de la Corte anunciando que se apartaría de todos los recursos planteados contra la sentencia del 'procés' en el Supremo, toda vez que el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras y otros líderes independentistas condenados cuestionaron su falta de «neutralidad» e «imparcialidad» por una conferencia celebrada en noviembre de 2017 donde expresó su opinión sobre la causa.

La Fiscalía de Sánchez al rescate

La decisión de la Sala de Vacaciones, por dos votos frente a uno, que ha cuestionado el fiscal Pedro Crespo tras inadmitirse el recurso de Puigdemont, respaldando el argumento de Puigdemont y Comín, respondió a la aplicación del criterio habitual de otros tribunales de guardia en otros asuntos de naturaleza similar. Sin embargo, el Ministerio Público ha considerado, como lo hicieron los dos afectados, que con el rechazo se vulneraron los derechos a la tutela judicial efectiva, al juez ordinario predeterminado por la ley y a un proceso con todas las garantías, tal y como expusieron ambos políticos separatistas.

No en vano, tanto Puigdemont como Comín insistieron en que cuentan con inmunidad parlamentaria al ostentar un escaño en el Parlamento Europeo, por lo que consideraron «evidente» que una orden nacional de busca, captura e ingreso en prisión era «absolutamente incompatible» con la inmunidad que gozan, además de «manifiestamente desproporcionada».

En una resolución de más de 10 folios, la Sala de Vacaciones, presidida por la magistrada Concepción Espejel, expresidenta de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, desestimó sus argumentos al entender que no se vulneró derecho fundamental alguno, ni en el caso de Puigdemont ni en el de Comín. «Las vulneraciones invocadas por los recurrentes derivadas del eventual menoscabo de su garantía de inmunidad parlamentaria, por no haber solicitado el suplicatorio, carecen de sustento constitucional», apuntaron los magistrados.

Además, afearon que ambos cuestionasen de nuevo la competencia del Supremo y la idoneidad del juez instructor Pablo Llarena para dictar resoluciones como la impugnada. «Estas quejas no son sino una reiteración de otras invocadas en anteriores recursos de amparo interpuestos por los mismos recurrentes», señalaron los dos fugados de la Justicia.

El auto de la Sala de Vacaciones contó con el voto particular de Laura Díez, la magistrada designada por el Gobierno en la última renovación del TC, afín a la Moncloa y procatalanista, quien disintió de la mayoría de sus compañeros. La catedrática aseguró que se había «precipitado innecesariamente una decisión que no debió adoptarse en la Sección de Vacaciones» y de ahí que se opusiese al resultado y forzase una deliberación de la cuestión en el Pleno del órgano.

El recurso del PSOE por los votos de Madrid

Precisamente, el Pleno del órgano se reunirá, esta misma tarde, a partir de las 18.00 horas, con una ponencia de Díez sobre la mesa, a favor de admitir a trámite el recurso de amparo electoral que presentó el PSOE contra la decisión del Supremo (TS), ratificando la previa de la Junta Electoral Central (JEC), de desestimar su petición de revisión sobre unos 30.000 votos declarados nulos en las elecciones generales del pasado 23 de julio en la provincia de Madrid. Gracias a dicho resultado, el Partido Popular consiguió arrebatar un escaño inicialmente adjudicado al PSOE y proclamar la declaración de Carlos García Adanero como diputado electo. Un status que los socialistas madrileños aspiran a anular.

La Corte de Garantías ha incluido el asunto como prioridad entre los temas a revisar tras registrarse, el pasado 28 de agosto, el recurso de los socialistas, quienes alegaron que la negativa del Supremo había vulnerado su derecho fundamental al sufragio pasivo al «realizar una interpretación restrictiva» de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), «respecto a la realización del escrutinio general y la posibilidad de la apertura de todos los votos nulos consignados».

El PSOE aseguró también entonces que se había vulnerado el derecho fundamental de acceso en condiciones de igualdad a los cargos públicos electivos, «al producirse una situación de hecho diferenciada entre representantes cuyo ámbito de elección es el local y aquellos cuyo ámbito de elección es provincial o mayor».

Ahora, la revisión del Constitucional recaerá en manos de los magistrados de la Sala Segunda, de mayoría progresista, y con Inmaculada Moltabán como presidenta. Un momento procesal en el que, además, no es necesario que los magistrados escuchen el criterio de la Fiscalía, quien podrá pronunciarse luego sobre el fondo del asunto en caso de ser admitido a trámite el recurso. De igual forma, el Ministerio Público tiene la posibilidad de recurrir si el tribunal inadmite el recurso, al igual que acaba de hacer, este mismo lunes, en el caso de Carles Puigdemont.

Si el resultado final de la deliberación concluye en la admisión del escrito de los socialistas, el Constitucional resolverá sobre el fondo del asunto, esto es: si es necesario el recuento o no, la semana que viene, con carácter previo a la investidura programada para el líder de los populares en el Congreso de los Diputados.