La presidenta del Congreso, Francina Armengol
El PSOE ultima una reforma exprés para usar el catalán, el gallego y el vasco en la investidura de Feijóo
Los socialistas planean registrar una proposición de ley esta misma semana para modificar el Reglamento del Congreso y que se puedan emplear las lenguas cooficiales en la Cámara Baja
El PSOE está preparando una reforma exprés del Reglamento del Congreso para poder utilizar el catalán, el vasco y el gallego en el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, previsto para los días 26 y 27 de septiembre.
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El plan es registrar una proposición de ley esta misma semana, pactado con las formaciones nacionalistas e independentistas, con idea de que pueda ser admitida por la Mesa del Congreso en su reunión del próximo martes y se tramite por el procedimiento de urgencia, lo que supone acortar los plazos parlamentarios a la mitad.
Con su mayoría absoluta en la Mesa del Congreso, el PSOE y Sumar llevarían ese texto al Pleno en la semana del 19 al 21 de septiembre para aprobarlo en lectura única, es decir, sin pasar por la Comisión de reglamento, que aún no esta constituida. Se justifican equiparando este texto con las reformas reglamentarias que, al inicio de cada legislatura, sólo cambian la denominación de las comisiones parlamentarias.
Mientras la proposición de ley se aprueba en el Pleno, para lo que necesita mayoría absoluta y que no se desmarque ninguna de las formaciones minoritarias, la Mesa del Congreso, gracias a esa mayoría de PSOE y Sumar, iría ya contratando de urgencia traductores para el debate de la investidura de Feijóo. Previsiblemente también habría que repartir cascos para que los diputados y los servicios de taquigrafía pudieran seguir los discursos en lenguas cooficiales.
Pagar a los traductores
Para agilizar todos los trámites administrativos, esos contratos de urgencia se pagarían con el fondo de remanentes que dispone el Congreso con los excedentes que se han ido generando año tras año con las partidas presupuestarias no ejecutadas. Según los últimos datos publicados por el Congreso, a 31 de marzo de 2022, fecha de cierre del ejercicio 2021, la cuantía de ese fondo era de 108,24 millones de euros. Ya más adelante se convocaría un concurso público para asentar esa plantilla de traductores.
En rueda de prensa en el Congreso, el portavoz del Grupo Socialista en la Cámara Baja, Patxi López, ha apuntado que «tener lenguas cooficiales es una gran riqueza» y debe hacerse «lo posible» para que esos idiomas se puedan utilizar. «Y si para eso hay que reforzar el reglamento, lo reformaremos», ha zanjado.
El uso del catalán y demás lenguas cooficiales en los debates parlamentarios en Pleno y comisión fue un compromiso que el PSOE adquirió con los independentistas de ERC y Junts a cambio de su voto para que la socialista Francina Armengol fuera elegida para presidir la Cámara y con ello hacerse con la mayoría en la Mesa.
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En su toma de posesión, Armengol se comprometió a permitir desde el primer día el uso del catalán, el euskera y el gallego en los Plenos del Congreso, pero días después enfrió esa medida precisando que se necesitaban cerrar algunos flecos.
El Reglamento del Congreso no determina que se deba hablar en castellano ni impide hablar en las lenguas de ámbito autonómico, pero algunos letrados ya habían advertido de que generalizar el uso de los idiomas cooficiales podía provocar carencias en el procedimiento parlamentario y generar un riesgo de indefensión en los demás diputados que no conocen esas lenguas.
La postura de los letrados
Así lo avisó en Radio Nacional el letrado Manuel Fernández-Fontecha, quien sostiene que esa medida necesita cierta regulación porque afecta a los derechos de los diputados que las desconocen, pudiendo llegar a causarles indefensión, porque necesitan comprender lo que se habla para garantizar el necesario debate parlamentario.
«Hay una faceta que se está ignorando: evidentemente hay un derecho a utilizar la lengua cooficial, pero también hay un derecho del diputado restante a la comprensión de lo que se está diciendo», subrayó.
Es decir, que si no se garantiza ese derecho a la comprensión «podría incurrirse en un defecto de procedimiento en cuanto a que no habría un debate propiamente dicho, porque hay una parte que no entendería a la otra». «Hay que garantizar que la utilización de lenguas no conocidas por otros diputados no les produzca indefensión», resumió el letrado.
