Los partidos que reclaman la amnistía para el 'procés' llevan años intentando derogar la de 1977

Los partidos que más defienden la pertinencia de una amnistía para el procés son los mismos que llevan años batallando para derogar la Ley de Amnistía de 1977, piedra angular de la Transición. La última vez que lo intentaron fue en 2022, con motivo de la tramitación de la Ley de Memoria Democrática. No solo los independentistas, sino también Unidas Podemos, ahora absorbido por Sumar.

De hecho, en julio del año pasado Junts y la CUP votaron en contra de la aprobación de esta normativa, que vino a continuar la Ley de Memoria Histórica de José Luis Rodríguez Zapatero. Lo hicieron porque el PSOE amagó pero finalmente no se atrevió a utilizar el articulado de la Ley de Memoria Democrática para dejar sin efecto la Ley de Amnistía de 1977 y abrir la puerta a juzgar los crímenes del franquismo. ERC no fue tan lejos como los de Carles Puigdemont, pero se abstuvo, como también el diputado del BNG. Sí votaron a favor el PNV y Bildu, aunque con críticas.

Para los socialistas, demoler la amnistía con la que España inauguró su etapa democrática habría supuesto ir contra su propia historia, puesto que el PSOE fue promotor y firme defensor de esa ley. El diputado socialista José María «Txiki» Benegas la defendió así el 14 de octubre de 1977 en el Congreso: «Esta Ley de Amnistía posee el indudable valor de ser una amnistía en la que casi todas las fuerzas políticas de esta Cámara -ojalá fueran todas- tienen la voluntad de enterrar un pasado triste para la Historia de España y de construir otro diferente sobre presupuestos distintos, superando la división que ha sufrido el pueblo español en los últimos cuarenta años».

Durante el pleno en el que Pedro Sánchez sacó adelante la Ley de Memoria Democrática, el 14 de julio de 2022, los socios parlamentarios del presidente cargaron contra la amnistía de 1977. Y lo hicieron con la misma contundencia con la que ahora propugnan la impunidad de los responsables del referéndum ilegal del 1 de octubre.

La entonces diputada de ERC Carolina Telechea sostuvo: «Será una ley de impunidad para los verdugos, que permite que campen a sus anchas por plazas y calles. Es un cinismo hacernos creer a los descendientes de miles de víctimas desaparecidas y a nosotras mismas que manteniendo la Ley de Amnistía tal cual ahora sí se hará justicia». Este lunes, el presidente de la Generalitat y coordinador nacional de su partido, Pere Aragonès, señaló al respecto de la otra amnistía, la que está por venir -previsiblemente-: «La amnistía no es ni será el final de nada. La amnistía es un paso necesario e imprescindible, y es el primer paso».

También durante ese debate de julio del año pasado, el diputado de Junts Josep Pagès lamentó la aprobación de una ley que calificó «de punto final, que consolida un modelo de impunidad y deja sin tutela efectiva a las víctimas». Hoy, por el contrario, Puigdemont y el resto de los dirigentes de su partido piden sin cesar una amnistía que acabe con la «represión» y ponga fin a la vía judicial contra el independentismo de manera «completa, definitiva y permanente».

El entonces diputado de la CUP Albert Botran (la CUP se ha quedado sin escaños esta vez) le recriminó al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños: «Se han negado a tocar la Ley de Amnistía, que permite la impunidad de estos crímenes».

E Íñigo Errejón, entonces diputado de Más Madrid y ahora de Sumar, también se quejó de que la Ley de Memoria Democrática dejara intacta la Ley de Amnistía de 1977. «Esta ley no es perfecta, le falta el acceso a la justicia acabando con el punto final (…). Los hijos y los nietos de los vencedores saldrán de aquí con sus derechos intactos», lamentó. Ahora, en Sumar son tan partidarios de la amnistía para los sediciosos que Yolanda Díaz incluso ha reclutado a un grupo de juristas para que le adoquinen el camino hacia una proposición de ley compatible con la Constitución.

«No buscamos soluciones personales, sino políticas», aseguró este lunes la presidenta de Junts, Laura Borràs, cuyo caso es especialmente notable: su partido quiere incluirla entre los amnistiables a pesar de que su condena a cuatro años y medio de cárcel es por corrupción. En concreto, por trocear contratos para adjudicárselos a un amigo cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas.

Pero el alegato de Borràs encierra una realidad incómoda para los jerarcas del independentismo: parte de sus electores empiezan a tener la firme sospecha de que lo único que buscan es su beneficio; y no el de la «república catalana» que imaginan.