Salvador Illa, líder del PSC
Investigación
Anticorrupción investigó a Illa por malversación en 2014 pero se libró porque el delito había prescrito
El Debate desvela hoy el caso de corrupción que el exministro de Sanidad logró ocultar durante su etapa en el Gobierno
La Fiscalía Anticorrupción investigó en 2014 al líder del PSC, Salvador Illa, por cobrar sobresueldos ilegales durante su etapa como alcalde del municipio catalán de La Roca del Vallés (Barcelona). Sin embargo, nunca llegó a sentarse en el banquillo porque el delito había prescrito. El exministro de Sanidad, que logró mantener este asunto oculto durante su etapa como miembro del Gobierno, está hoy en el punto de mira por sus cambios de criterio con respecto a la amnistía y a la celebración de un referéndum en Cataluña.
La investigación judicial a Illa tuvo lugar en el marco de la denominada 'caso Mercurio'. Anticorrupción investigó a lo largo de 2014 a 58 alcaldes y concejales de distintas poblaciones por cobrar de la Federación de Municipios de Cataluña (FMC) sobresueldos enmascarados en forma de falsas dietas. La Fiscalía atribuía a estos cargos municipales, entre los que se encontraba Illa, un delito continuado de malversación de fondos públicos, por un importe global 570.577 euros.
Entre 2004 y 2012, los miembros del comité ejecutivo de la FMC se asignaron un sistema de «dietas» que constituían en realidad un sueldo paralelo al que recibían como alcaldes y concejales de sus respectivos ayuntamientos. Una práctica que la Fiscalía Anticorrupción consideró manifiestamente ilegal. El entonces presidente de la FMC y alcalde socialista de Sabadell, Manuel Bustos, llegó a cobrar más de 2.000 euros al mes por este concepto, explican las fuentes judiciales consultadas por este periódico.
Los vicepresidentes de la FMC cobraban de este organismo un sueldo paralelo de algo más de 800 euros al mes, mientras que al resto de miembros del comité ejecutivo les correspondía una asignación fija próxima a los 400 euros al mes. Tal y como expuso la Fiscalía Anticorrupción en su escrito dirigido a la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Sabadell, no se trataba en realidad de unas «dietas», sino de «un sobresueldo enmascarado», pues los ediles cobraban estas cantidades como una asignación fija, asistieran o no a las reuniones de la Federación.
Estos pagos irregulares también se efectuaron durante el mes de agosto, cuando no se celebraba ninguna reunión. La Fiscalía no llegó a pedir la imputación de ocho de los 58 ediles incluidos en su informe dirigido a la juez, pues su delito había prescrito. La cantidad que habían percibido era inferior a los 4.000 euros, y por lo tanto ya había transcurrido el plazo de prescripción de cinco años.
Entre estos ocho ediles, que se libraron por prescripción, se encontraban Illa (que sólo cobró el sobresueldo de la FMC durante un año, hasta que abandonó la alcaldía de La Roca del Vallés en septiembre de 2005), y otro peso pesado del PSC, el ex alcalde de Hospitalet Celestino Corbacho, al que José Luis Rodríguez Zapatero nombró luego, en abril de 2008, ministro de Trabajo. En ambos casos, la cantidad que habían percibido era inferior a los 4.000 euros, y por tanto el delito había prescrito cuando la Fiscalía remitió su informe a la juez.
El medio centenar de alcaldes y concejales que sí llegaron a declarar como imputados ante la juez se libraron del banquillo gracias a una hábil maniobra del penalista Cristóbal Martell, quien durante años ha sido el abogado de la familia Pujol. Durante la fase de instrucción, Martell solicitó una vista ante la Audiencia Provincial de Barcelona, en la que argumentó que la FMC era en realidad una entidad jurídica de carácter privado, por lo que estos sobresueldos en ningún caso podían constituir un delito de malversación de fondos públicos.
Negociando la amnistía
Para sorpresa de los fiscales, la Audiencia aceptó esta insólita alegación, a pesar de que todos los imputados eran cargos públicos (alcaldes y concejales) y más del 90% de los recursos manejados por la Federación de Municipios procedían del presupuesto público de los distintos ayuntamientos, mancomunidades y diputaciones de Cataluña. Así quedó archivada definitivamente esta pieza separada del 'caso Mercurio'.
Entre los investigados por la Fiscalía había otros socialistas como Assumpta Escarp (que ha sido teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona y secretaria de Organización del PSC), convergentes como Carlos Páramo (ex alcalde de Roses) o miembros de ERC como el ex alcalde de Argentona Antoni Soy (que además fue secretario de Industria de la Generalitat durante el Tripartito).
El exministro de Sanidad vuelve a estar hoy en el punto de mira en medio de las negociaciones entre el PSOE y los partidos independentistas para la formación del Gobierno. En esa negociación, tal y como partidos como Junts o ERC han reconocido públicamente, se está pactando las condiciones para una ley de amnistía. Illa ha mantenido una opinión volátil en las últimas semanas sobre este asunto.
El 24 de julio la rechazó públicamente. Un mes después, el 28 de agosto, evitó rechazarla. El 29 de septiembre votó en su contra en el Parlamento de Cataluña. El 2 de octubre no la dio por hecha pero tampoco la negó, aunque sí rechazó la celebración de un referéndum. Finalmente, el 4 de octubre se anunció su entrada en el equipo negociador del PSOE para la amnistía. El hoy líder del PSC no participó en la manifestación contra la amnistía que se celebró este domingo en Barcelona por considerar que «no es el momento de salir a la calle».
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