Fotomontaje de Manuel Chaves, Pedro Sánchez y José Antonio Griñán
Tribunales
Sánchez indulta la corrupción del PSOE andaluz cuando todavía quedan otras 342 causas judiciales contra los ERE
Hoy por hoy ascienden a 230 las piezas de responsabilidad civil con las que, previo embargo de investigados y acusados, se trata de recuperar el dinero público desviado
los expedientes de indulto que, hace ahora un año, presentaron la mayoría de los condenados por la macrocausa de los ERE andaluces, entre ellos el ex presidente de la Junta José Antonio Griñán, ya están en cocina. El Ministerio de Justicia, en funciones, ha decidido poner toda la carne en el asador para avanzar en el perdón de los expolíticos y altos cargos de la Junta socialista, mientras se negocia un nuevo pacto de investidura para Pedro Sánchez y una posible amnistía a los condenados del 1-O, cuando, previa solicitud de informe de cada uno de ellos a la Audiencia Provincial de Sevilla. La misma que todavía se enfrenta a, como mínimo, un total de 342 casos pendientes de resolverse vinculados con la que ha sido la mayor trama de corrupción pública de la democracia.
Según ha podido saber El Debate, tras la celebración del juicio de la pieza política de los ERE –el denominado 'procedimiento específico'– que acabó con las condenas en firme de los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, han sido elevadas para enjuiciamiento a la propia AP sevillana un total de 53 causas derivadas de la misma. De las que ya hay sentencia condenatoria en 7 más.
La AP de Sevilla necesitaría dos secciones penales más para tratar de enjuiciar todas las causas pendientes «en un tiempo razonable», apuntan las fuentes consultadas por El Debate
Actualmente se están enjuiciando las causas relativas a las ayudas concedidas por parte del ente autonómico, de manera presuntamente irregular, a las empresas Surcolor y ADM Séneca. Pero es que hay juicios señalados para 2024 y 2025 en otros procesos no tan notorios en los que se avanza, contrarreloj, para que ninguna de las conductas ilícitas que se llevaron a término en contra del buen uso de los fondos públicos por parte de la Administración socialista quede impune.
Sobre todo porque aún quedan macrocausas pendientes, distintas de las vinculadas con los ERE como por ejemplo las causas sobre la FAFE (en la que sólo se ha enjuiciado el tema del uso de las tarjetas bancarias en clubs de alterne), Cursos de Formación, Santana Motor, Avales de la Agencia IDEA, etc.
Además, en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla tienen aún unos 35 temas adicionales pendientes más, entre piezas y causas, separadas de la conocida como macrocausa de los Eres en fase de diligencias previas. Esto es, en fase de investigación. Otras 29 en fase intermedia de tramitación (con auto de apertura de juicio oral, pendientes de elevar para enjuiciamiento). Y unas 230 más separadas de responsabilidad civil, trabando embargos de investigados y acusados para tratar de recuperar el dinero.
Las cifras de la vegüenza
Cabe recordar que los ERE andaluces son uno de los casos de corrupción política más graves de la historia de nuestro país. No sólo por el número de investigados, que superó los 300, sino porque el dinero defraudado en el marco de las irregularidades cometidas por el PSOE ascendió a 680 millones de euros. Pese a que la cúpula del socialismo andaluz implicada en la trama, con los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán al frente, fue condenada en noviembre de 2019 por la Audiencia de Sevilla por sendos delitos de prevaricación y malversación lo cierto es que, hasta la fecha, sólo ésta de las más de 100 piezas judiciales abiertas por este tema ha sido sentenciada.
En un fallo de mil ochocientos veintiún folios, el magistrado encargado de redactar la sentencia, Juan Antonio Calle, detalló cómo la Junta de Andalucía había diseñado un modelo de gestión irregular de los fondos públicos para dejarlos fuera de los mecanismos de control oficiales. La maniobra consistió en hacer múltiples modificaciones presupuestarias, para extraer dinero de forma arbitraria de la partida 31L, también llamada 'fondo de reptiles'.
Las cantidades obtenidas de ese modo se desviaban para declarar ERE innecesarios en empresas afines al régimen socialista y para otorgar ayudas directas y sin publicidad, con cargo a los presupuestos de la Junta. El sistema se mantuvo vigente durante más de diez años, los que fueron desde el 2000 hasta el 2010, en plena crisis económica.
Dada la complejidad y gravedad del caso, tras más de diez años de recorrido judicial, sólo ha podido liquidarse, de manera definitiva, la pieza más relevante, la política, y celebrarse el juicio de la aceitunera Acyco. Todavía restan por abordar más de un centenar de procedimientos, derivados de las más de 200 causas que pidió la Fiscalía, de los cuales casi la mitad estarían en fase de abreviados. Y que, sin embargo, no han sido obstáculo para que el actual Gobierno en funciones decida iniciar los trámites para indultar a quienes estuvieron detrás de la trama política orquestada para lograrlo.
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